El nuevo cálculo del precio de la electricidad

La regulación eléctrica (hasta hace poco, un arcano que era intelectualmente accesible solo para unos cuantos gurús) se ha convertido en un asunto de debate de la opinión pública, aun de la menos especializada. El último episodio (o el penúltimo, porque cada día hay novedades) es la propuesta de real decreto sobre el cálculo del precio que van a pagar los 16 millones de clientes domésticos: un precio del que lo primero que debe destacarse es que, con el ánimo tuitivo hacia el consumidor que siempre tienen estas figuras, sigue y va a seguir estando intervenido. Lo que va a cambiar, como bien sabe el lector, es la referencia a tomar para el precio de la energía: en lugar de las subastas CESUR —trimestrales y para el futuro— que existían desde 2009 (han pasado solo cinco años, pero diríase todo un siglo), lo que se pretende considerar es el resultado del pool mayorista, ya sea diario o incluso intradiario. Y —punto crucial—, dado que en ese mercado existirá obligación para los comercializadores de ofrecer además a los clientes un precio estable anual, una suerte de tarifa plana, al modo de las hipotecas a interés fijo, todo hace pensar que dicho precio estable comenzará siendo caro —los riesgos son muchos— y que poca gente acudirá a él.

Los argumentos a favor y en contra se han puesto ya sobre la mesa. A estas alturas poco puede añadirse que no sea la síntesis de cuanto han manifestado unos y otros. De ello, y tratando de evitar todo lenguaje esotérico, puede destacarse, a mi juicio, lo siguiente:

1. En la última subasta CESUR, la de 19 de diciembre de 2013, concurrieron, según la CNMC, “circunstancias atípicas”, en el sentido de infrecuentes, pero no se incurrió en manipulaciones, ni burdas ni no burdas, ni en ninguna otra infracción del ordenamiento. Ello no obstante, su desarrollo (mejor dicho, su resultado, que arrojó una subida muy considerable) ha tenido como consecuencia no solo la anulación de dicha subasta concreta, sino incluso —es lo que estamos glosando— la eliminación del sistema para siempre. Moraleja: lo que el Gobierno ha pasado a considerar es que, aun en circunstancias del todo típicas, o sea, frecuentes, las subastas CESUR —pese al protagonismo de la Administración a la hora de decidir si poner en marcha cada una de ellas y de establecer sus características— han dejado de valer. Y lo mismo puede afirmarse de cualquier otro mecanismo similar, es decir, con periodicidad trimestral y con las hechuras —más financieras que propiamente industriales— propias de un mercado de futuros.

2. Cabría teóricamente la liberalización, o al menos la disminución del número de clientes con derecho a precios intervenidos y, por tanto, “retenidos”. El Gobierno ni se lo plantea.

Puestos a querer proteger, podría pensarse también en que, manteniendo un régimen de fijación estatal de los precios finales, se abarataran los mismos al eliminarse todo lo que se incluye en ellos aunque no tiene que ver con la producción, el transporte y la distribución de la electricidad, que es muchísimo. Pero ya sabemos que eso no resulta posible: reducir el déficit público es el primero de los objetivos.

3. Y así hemos llegado a donde estamos: si no resulta viable nada de lo expuesto (ni subastas CESUR, que tampoco parecen la panacea vista la controversia generada, ni libertad, ni eliminación de externalidades) a cualquier otra medida se termina llegando solo por exclusión o por eliminación. Y es lo que aquí ha sucedido.

¿Bajo qué premisas de futuro? La historia reciente es conocida: los precios finales para el consumidor, a despecho de la supuesta protección de los usuarios, no han parado de crecer por la creciente acumulación de costes derivados de decisiones políticas, pero eso no ha impedido que el sistema eléctrico (pese al tijeretazo en los costes y la aportación de nuevos ingresos, sobre todo tributarios) siga dando lugar a unos déficits monstruosos: más de 4.000 millones de euros solo en 2013, a acumular a todo lo preexistente. Resultado: todos descontentos, porque las empresas (tradicionales y nuevas) se sienten infraretribuidas y los consumidores consideran que pagan de más.

El oficio de profeta es aventurado, pero muy probablemente los precios finales —con subastas CESUR o sin ellas— van a tener que seguir subiendo. El Gobierno (este y cualquier otro en su lugar) lo sabe y es consciente del desgaste que eso le crea. El remedio que se ha buscado no consiste en enfrentarse a las causas últimas del problema, sino que se ha agenciado algo parecido a un escudo propagandístico: poder decir, cuando se produzca lo que parece inevitable, que, si los consumidores se hubieran acogido a la tarifa plana, habrían sufrido un impacto menor. Y, como ese escenario está a la vuelta de la esquina (y las elecciones europeas son el 25 de mayo), el nuevo esquema tiene que resultar aplicable de inmediato —el 1 de junio como tarde, según la segunda versión del texto—, aunque tecnológica y contablemente sea tan complicado.

¿Y luego? Luego, Dios dirá.

Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz es catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Junta Directiva del Club Español de la Energía.

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