Estuve en Beijing el mes pasado, cuando el gobierno chino publicó un resumen preliminar de su 13.º Plan Quinquenal. Es un documento importante para comprender el rumbo que tomará China entre 2016 y 2020. Aun así, los planes quinquenales chinos ya no son lo que eran.
La economía china ya no es el sistema de control y propiedad estatal que encontré en mi primera visita al país, hace 30 años. En aquel tiempo, no había empresas privadas y nadie que no fuera el gobierno o una empresa estatal podía contratar empleados legalmente. Hoy solo el 20% de los empleados chinos trabajan para empresas estatales. El resto de la economía china es un sistema dinámico, descentralizado y de propiedad privada. Multinacionales estadounidenses y otras empresas extranjeras son parte importante del paisaje económico.
De modo que el plan quinquenal ya no es un programa de expansión industrial detallado, sino una descripción de lo que la dirigencia china espera que logre el país, dentro de las pautas generales dadas por el gobierno. La meta es una mejora global del nivel de vida (conseguir un crecimiento moderadamente firme, elevar la incidencia del consumo en el PIB y mejorar la calidad del aire y del agua) mediante una combinación de políticas monetarias y fiscales al estilo occidental, desarrollo de infraestructuras con financiación estatal y cambios a la regulación medioambiental y otras normas.
Uno de los objetivos clave se fijó en 2010: duplicar en el plazo de una década el PIB real y la renta real de las personas. Según las últimas estimaciones oficiales del gobierno, esto demandará un 6,5% de crecimiento anual del PIB en promedio durante los próximos cinco años. Como China todavía es un país relativamente pobre, cuyo PIB per cápita es solo un 25% del de los Estados Unidos, mantener ese ritmo de crecimiento no es imposible.
Pero muchos observadores son escépticos respecto de las estadísticas oficiales chinas y dudan de su capacidad para sostener ese 6,5%. El escepticismo se relaciona con una variedad de noticias recientes que señalan deficiencias en algunos sectores de la economía china; por ejemplo, se habla de reducción de la producción industrial, disminución de las exportaciones de manufacturas y cierres de empresas en determinadas industrias.
Sin ser un experto en las estadísticas económicas chinas, creo que estas noticias son una consecuencia natural, que puede interpretarse mal, del intento deliberado de las autoridades de cambiar la estructura económica de China hacia una mayor dependencia de los servicios y el consumo interno, en detrimento de la expansión industrial y las exportaciones. Los expertos en economía china señalan que el crecimiento actual del sector servicios es suficiente para compensar que el sector industrial sólo crezca al 5% o menos, y que eso está sosteniendo un ritmo general de crecimiento de alrededor del 7% anual.
Pero incluso si ahora ese 7% es real, hay al menos cuatro razones por las que lograr un 6,5% durante los próximos cinco años será un desafío. En primer lugar, el cambio de China de la industria pesada a los servicios implica menos producción por trabajador y menos control de parte del gobierno central. Al mismo tiempo, las políticas ambientales que se necesitan con urgencia para mejorar la calidad del agua y del aire absorben recursos y obstaculizan el crecimiento. Y la campaña anticorrupción lanzada por el presidente Xi Jinping trae como efecto colateral un retardo en la toma de decisiones y la inhibición de proyectos nuevos.
La última razón (y tal vez la más importante) es que como resultado de una política de 35 años que impidió a la mayoría de las familias tener más de un hijo, la población en edad de trabajar ya no está en aumento. Si bien hace poco el gobierno extendió el límite a dos hijos, se necesitarán casi dos décadas para que el cambio se traslade a un incremento de la población en edad de trabajar. Hasta entonces, incrementar el ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo efectiva demandará trasladar trabajadores de empleos agrícolas poco productivos a la mano de obra urbana.
Por eso el gobierno chino estudia diversas políticas para aumentar el ritmo de urbanización, que incluyen la creación de varias megaciudades nuevas donde alojar a una parte de los 600 millones de personas que todavía viven en áreas rurales de China. También planea eliminar gradualmente el sistema de permisos de residencia (hukou), que priva a quienes migran a las ciudades de acceso pleno a atención médica y educación.
Un tercer cambio de políticas en ese mismo sentido será permitir a los agricultores chinos vender sus títulos de propiedad a precios de mercado realistas, con lo que tendrán más motivos para liquidar sus terrenos y trasladarse. Y la introducción de un mercado de alquileres al estilo occidental permitirá a familias desprovistas de ahorros sustanciales o apoyo de los padres mudarse a las ciudades (donde ahora deben comprar sus departamentos).
Para mantener el crecimiento de la mano de obra urbana durante los próximos cinco años, no es necesario que todas estas políticas funcionen; con que lo hagan algunas tal vez baste para que un 6,5% de crecimiento en los próximos años no sea inalcanzable.
China también tiene una variedad de problemas inmediatos. Hay capacidad excedente en algunas industrias pesadas y en los mercados inmobiliarios residenciales de algunas ciudades de segundo y tercer nivel. Los gobiernos locales tienen importantes deudas que contrajeron a pedido del gobierno central en 2007 y 2008 para evitar una grave desaceleración económica. Y hay muchos préstamos incobrables en algunos bancos estatales y en el sistema bancario informal.
Felizmente, las autoridades son conscientes de estos problemas y tienen estrategias (y sobre todo recursos) para hacerles frente. Puede que en los próximos cinco años la economía china no crezca tanto como en décadas anteriores. Pero si se cumplen los objetivos fijados en el 13.º Plan Quinquenal, el pueblo chino puede esperar un período de consumo creciente y una mejora del nivel de vida.
Martin Feldstein, Professor of Economics at Harvard University and President Emeritus of the National Bureau of Economic Research, chaired President Ronald Reagan’s Council of Economic Advisers from 1982 to 1984. In 2006, he was appointed to President Bush's Foreign Intelligence Advisory Board, and, in 2009, was appointed to President Obama's Economic Recovery Advisory Board. Currently, he is on the board of directors of the Council on Foreign Relations, the Trilateral Commission, and the Group of 30, a non-profit, international body that seeks greater understanding of global economic issues.