La reciente detención de varias personas por actividades de reclutamiento y adoctrinamiento relacionadas con el Estado Islámico ha vuelto a situar en el centro de la noticia el terrorismo yihadista, un problema que ha cobrado una dimensión especialmente grave en los últimos tiempos y que lleva camino de convertirse en la mayor amenaza para nuestra libertad y nuestra seguridad. Parece obligado preguntarse, a punto de cumplirse 11 años de los atentados de Madrid, si el terrorismo al que hoy nos enfrentamos es el mismo, si sus riesgos son similares, si sus objetivos persisten, si se ha intensificado la amenaza, si tenemos las herramientas suficientes para combatirlo y si estamos en condiciones de evitar que se repita aquella masacre. Desde entonces no ha cesado ni un minuto la lucha contra el terrorismo yihadista. Más de 600 detenidos, decenas de operaciones policiales y de investigaciones judiciales, y algunas situaciones de riesgo inminente de ataque terrorista abortadas son buena muestra de ello. No cabe duda que los actores involucrados (servicios de inteligencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fiscales y jueces de la Audiencia Nacional) han desempeñado su papel con rigor, eficacia y profesionalidad, intentando adaptarse a la cambiante realidad de un fenómeno terrorista extraordinariamente proteico, que casi nada comparte con el terrorismo tradicional más allá del uso gratuito e indiscriminado de la violencia.
La naturaleza polimorfa y cambiante del terrorismo yihadista salta a la vista cuando comprobamos que es un terrorismo que está evolucionando a un ritmo vertiginoso, y que es muy permeable tanto a las circunstancias geopolíticas internacionales como a las situaciones de cada país. Es un terrorismo multiforme porque pretende adaptarse a las estrategias de investigación con la pretensión de sortear la acción represiva del Estado y dificultar así su persecución. Y es, además, un terrorismo fundamentalmente global porque explota con enorme eficacia y en su propio beneficio todo aquello que los avances tecnológicos le ofrecen, con una clara vocación de universalidad, tanto por la finalidad perseguida como por los instrumentos que utiliza. Ello supone uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos.
En la actualidad, internet y las redes sociales son utilizadas por los grupos yihadistas como su principal herramienta terrorista. Como ya avanzábamos en la Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional del 2008, son un campo de entrenamiento virtual, pero, además, el escenario principal de la batalla que se libra contra la expansión del yihadismo radical.
Todo terrorismo, del signo que sea, necesita de un medio para publicitar sus acciones, y su supervivencia ha dependido sobre todo de sus estrategias mediáticas y de la repercusión pública de sus actos. Pero las organizaciones yihadistas han llegado mucho más allá: no sólo han encontrado en la Red un magnífico instrumento de propaganda, sino que internet se ha convertido en el canal predilecto para reclutar, adoctrinar, formar y adiestrar a sus soldados, e incluso para obtener financiación, con la ventaja adicional de garantizar el anonimato y la seguridad para sus simpatizantes. Desde comienzos de la pasada década, los ideólogos del yihadismo se han esforzado en generalizar el uso de la Red como parte de la yihad global. Dentro de la distinción de las cuatro categorías de la yihad, la de la acción militar, la del apoyo financiero y material, la del odio al enemigo y la de la incitación, es en esta última, en la yihad a través de la palabra, en la que internet juega el papel de instrumento vehicular. De este modo, al reconocer explícitamente las actividades de propaganda y reclutamiento realizadas por ese medio como parte de la yihad, se entiende que todos aquellos que las llevan a cabo, aunque no participen en las acciones armadas, obtienen la recompensa espiritual similar a la participación en el combate real.
Al tiempo que esto ocurre, y cuando los sitios web, foros y salas yihadistas se convierten en verdaderos espacios de captación, formación y propaganda, surgen nuevos canales de expansión: las redes sociales. Las nuevas aplicaciones de telefonía móvil ofrecen unas posibilidades extraordinarias de desarrollo tanto por su accesibilidad como por los usuarios. A través de los espacios abiertos se contacta con todos aquellos que resultan proclives a la recepción del mensaje o que pueden ser sensibles a la información, siempre de contenido radical y especialmente atractiva. Una vez que son atrapados en ese mundo virtual y son elegidos para acceder a espacios más privados, las posibilidades de captación aumentan considerablemente. Aquí los mensajes son más claros y directos. El siguiente paso, de lo virtual a lo material, puede ser cuestión de semanas, porque el yihadista se está mostrando como un terrorismo exprés en cuanto a la velocidad de los procesos de captación, formación y acción.
Ese salto adelante de la acción terrorista lo estamos comprobando en los miles de operativos que están partiendo a los santuarios del radicalismo yihadista como Siria e Irak, para integrarse en las filas del Estado Islámico, y ahora Libia y Túnez, como nuevos destinos de los combatientes, o incluso países del Noroeste de África, ámbito territorial de acción de otras organizaciones terroristas como AQMI, MUYAO o Boko Haram. Pero también lo hemos sentido con las acciones que muy recientemente han tenido lugar en Francia, en Bélgica o en Dinamarca, y si nos remontamos en el tiempo en otros muchos países occidentales.
Para el Estado Islámico, es vital ocupar territorios, aprovechar sus recursos económicos para financiarse y nutrir su ejército con combatientes procedentes de otros países. Su objetivo es implantar la sharia (ley islámica) en todos los territorios que siglos atrás fueron conquistados por el islam, conformando una especie de califato universal. La idea ha calado profundamente en los sectores islamistas más radicales, y está provocando un auténtico éxodo de individuos radicalizados y adoctrinados en la yihad violenta -un efecto llamada al que no son ajenas las crueles ejecuciones de rehenes- que incluye mujeres o, lo que es mucho más grave, niñas, y que no se podría entender sin las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Se calcula en más de cinco mil los individuos que desde Europa se han desplazado a Siria para adiestrarse y formar parte de la citada organización terrorista.
Para Al Qaeda resulta sin embargo prioritaria la ejecución de atentados terroristas en los países donde se encuentran sus células o quienes han sido adoctrinados en su credo yihadista, y la red les permite adiestrarse en la preparación y ejecución de ataques. La información para fabricar un explosivo, o para elaborar sustancias que puedan ser empleadas a esos fines está al alcance de cualquiera. No es de extrañar, por tanto, que la proyectada reforma del Código Penal -refrendada por un pacto de Estado entre las dos formaciones políticas más representativas- se haya centrado en neutralizar el uso de estas redes y la consulta de sitios web con propósitos terroristas, y en consecuencia haya incluido como principal novedad la penalización de algunas conductas como el «autoadiestramiento» o el «adoctrinamiento pasivo» por esas vías.
Es probable que la política antiterrorista, cimentada desde hace años en una respuesta preventiva o anticipada que ha sido capaz de reducir al mínimo los riesgos de cometer atentados, exija algunos sacrificios añadidos ante el papel que están jugando los nuevos instrumentos de la comunicación en el avance del terrorismo yihadista, pero el sistema judicial deberá extremar las cautelas a la hora de aplicar unos tipos penales que han sido objeto de severas críticas como parte de una estrategia excesivamente criminalizadora y lesiva para los derechos y libertades de los ciudadanos. Y todo ello sin restar un ápice de eficacia a la acción punitiva del Estado, lo cual no es tarea fácil.
Sin embargo esta reforma corre el riesgo de ser papel mojado si no se abordan otras cuestiones que todavía tienen mayor importancia para garantizar una respuesta eficaz frente a este terrorismo multidimensional. Por un lado, la incorporación de herramientas legales que son absolutamente imprescindibles para facilitar la investigación de estas acciones en internet y las redes sociales (el agente encubierto virtual, el registro remoto de sistemas informáticos...); y por otro el reforzamiento del aparato judicial dedicado a esta trascendental función, que en la actualidad descansa en un reducido e insuficiente número de fiscales y de jueces de la Audiencia Nacional. La lucha contra el terrorismo yihadista, considerado como la amenaza más grave para nuestra sociedad, requiere con urgencia potenciar las capacidades del sistema judicial, en particular más fiscales especializados en la investigación de estos crímenes, como anunciaba hace pocas semanas un responsable gubernamental. Pero la buena voluntad no servirá de nada si no se pasa de las palabras a los hechos.
Javier Zaragoza es fiscal jefe de la Audiencia Nacional y Dolores Delgado es coordinadora antiterrorista yihadista en la Audiencia Nacional.