Por Daniel Portero de la Torre, presidente de la asociación Dignidad y Justicia. Hijo de Luis Portero, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000 (ABC, 21/11/05):
La empresa Ekhe, editora del diario Gara -sucesor de Egin-, que financió en su día mediante donaciones por importe de 60.000 euros los honorarios de cada uno de los principales abogados defensores en el juicio contra la cúpula de Jarrai-Haika-Segi, tendrá que plantearse si podrá, en el segundo de los macrojuicios contra el ETA (Sumario 18/98), colaborar económicamente con dichos abogados, que posiblemente serán los mismos que en el juicio de Jarrai.
En el macrojuicio que comienza hoy se juzgará a 56 imputados por la comisión del delito de pertenencia a organización terrorista en la Audiencia Nacional -Casa de Campo-. El día 9 de febrero de 2005 comenzó el juicio contra la cúpula de Jarrai, el primero de los siete macrosumarios contra el entorno de ETA, en el que 10 fueron los letrados que defendieron a los cachorros de la banda (apoyados por un público de 150 abertzales) frente a un fiscal y un único abogado de la Acusación Popular (respaldados, a su vez, por una una veintena de ciudadanos defensores de una España sin terrorismo).
En los siete macrosumarios contra el entramado de ETA, 302 implicados y 170 acusados de pertenencia a banda armada comparecerán en la Audiencia Nacional para ser juzgados por delitos de terrorismo, que no consisten sólo en apretar el gatillo o detonar la bomba. En estas vistas, lo que se pretende es demostrar quién ayudó a financiar esos asesinatos o quién prestó sus viviendas para esconder a los asesinos, dispuso sus locales para el diseño y preparación de los atentados o, incluso, calló ante la barbarie de un atentado o justificó en las calles o medios de comunicación afines cualquier matanza de ETA. Entre 1977 y 1982 se produjeron un total de 340 de los 857 asesinatos por ETA hasta el día de hoy. En este periodo de años se crearon asociaciones, partidos políticos y empresas que, aprovecharon la «legalidad burguesa» -como dicen ellos- que nos trajo la democracia, para convertir a ETA en una auténtica organización criminal.
Cada grupo de esta organización criminal aportaba su particular compromiso con la izquierda abertzale en la lucha por una «Euskadi independiente y euskalduna», pero siempre guiados y dirigidos por ETA, que era y es la organización responsable del «departamento de la muerte» que siempre ha sido el fin último para conseguir la independencia de su territorio de España y Francia.
Dentro de este holding de empresas y asociaciones se encontraban HB-Batasuna, como el departamento responsable de la «lucha institucional o política»; Egin -hoy Gara- y Egunkaria, como departamento responsable de la «lucha mediática»; Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro Amnistía, ASK -posteriormente Fundación Joxemi Zumalabe-, como grupos responsables de la «lucha de masas» u «organizaciones de presión social»; el sindicato LAB, como departamento con responsabilidades en la lucha sindical, y Xaki, como responsable de la «lucha internacional». Todas ellas estaban coordinadas por una organización ilegal que se hacía llamar KAS -posteriormente Ekin- y que trasladaba a dichas empresas las órdenes que ETA (como «vanguardia» u organización líder) dictaba para conseguir sus objetivos. Todas estas organizaciones pertenecientes a ETA precisaban de financiación para subsistir, por lo que obtenían fondos procedentes de subvenciones -muchas a fondo perdido- de los gobiernos autonómicos y provinciales del PNV e incluso a través de una red de empresas dependientes de las mismas que les confería cierta «independencia económica» de los recursos que ETA conseguía mediante extorsiones y secuestros.
El buen desarrollo del macrojuicio que empieza hoy podría contribuir decisivamente al fin de ETA y su entramado. A partir de este día, todos los responsables de Kas-Ekin, Xaki, Fundación Joxemi Zumalabe, Egin y las red de empresas financiadoras serán juzgados en la Audiencia Nacional para hacer así justicia a todos los familiares de los 857 asesinados y miles de heridos por ETA. Víctimas del terrorismo, amenazados y ciudadanos espontáneos acudiremos a todas las vistas orales de este importantísimo juicio que, por lo que a mí concierne, demostrará (o no) el grado de independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, máxime cuando se palpa una más que indeseable negociación entre el Gobierno y ETA. En este juicio, plantaremos cara a nuestro enemigo en todos los «frentes de lucha»: el mediático, el judicial y el frente de masas. Sólo espero que cuando vuelva a ver a mi padre pueda mirarle a los ojos y decirle que, al menos, no enterré los talentos que se me dieron en la tierra para invertirlos en la justicia de nuestro país.