El obstinado pulso de Torra

La ocupación del espacio público en Cataluña mediante símbolos independentistas ha sido una constante durante el Gobierno de Quim Torra. Y, en la medida en que entraña un desprecio manifiesto por la democracia, es peligroso habituarse a este tipo de colonización partidista de las instituciones, especialmente grosera en los casos de instalaciones de esteladas y lazos amarillos en los edificios de la Generalitat.

Esta situación lleva arrastrándose varios meses. Uno de los primeros en pronunciarse al respecto, desde la llegada de Torra al Govern, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando el pasado julio condenó la instalación de una estelada en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés porque implicaba una «vulneración de los principios de objetividad y neutralidad institucional». En septiembre, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación en un sentido parecido.

El 5 de marzo se publicó el Real Decreto de convocatoria de elecciones y, al día siguiente, Ciudadanos exigió al Govern la retirada de los lazos amarillos, amparándose en la normativa electoral. El consejero de Exteriores de la Generalitat comunicó a los naranjas su negativa: «Si quieren neutralidad, que se acaben los juicios políticos a los presos políticos». Ciudadanos formuló una queja ante la Junta Electoral Central.

El obstinado pulso de TorraLa semana pasada, ésta requirió a Torra que retirase de manera inmediata las esteladas y los lazos amarillos de todos los edificios dependientes del Govern. El criterio al que recurrió la Junta era el correcto, de acuerdo con sus competencias: «El lazo amarillo y la bandera estelada son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones».

Imaginamos que Torra no se fio de la decisión adoptada por un órgano con sede en Madrid, porque se negó a acatarla y pidió una segunda opinión al Defensor del Pueblo catalán, el Síndic de Greuges. Seguramente para su sorpresa (aunque cualquier respuesta distinta habría revestido signos inconfundibles de prevaricación), el Síndic secundó la postura de la Junta Electoral Central: mejor hacer caso y retirar los lazos, máxime habida cuenta de que nos encontramos en pleno periodo (pre)electoral. De todos modos, parecer ser que Torra sabía desde el viernes del criterio de Rafael Ribó, pero decidió mantener su pulso unos días más. Algo se le ocurriría para agitar a las masas.

Y es que nada detiene a Torra; concedámosle al menos el don de la perseverancia. Pues sucede que ahora, traicionado por los que consideraba suyos, ha tenido a bien esquivar el requerimiento de la Junta Electoral Central mediante un acto de cuestionable ingenio: sustituir un lazo amarillo por uno blanco, tachado con una raya roja. Técnicamente, ha retirado los lazos amarillos, pero el daño al proceso electoral y al Estado de Derecho permanece incólume.

Expuestos los hechos, lo primero: los lazos y las esteladas son símbolos de expresión de un mensaje político de parte. En sí mismo nada tiene esto de condenable: su uso está amparado por el derecho a la libertad de expresión y por el derecho de los partidos políticos a expresarse libremente, como instrumentos fundamentales de participación política y de manifestación de la voluntad popular. Sin embargo, al margen de lo moralmente reprochable que sea hacer apología de un símbolo que tiene por objeto discriminar a unos catalanes frente a otros, aquí la cuestión es distinta.

La primera distinción que corresponde señalar es que, a estos efectos, no es lo mismo Junts per Catalunya -el partido- que la Generalitat -la institución-. Las formaciones independentistas pueden legítimamente utilizar sus símbolos excluyentes, pero las administraciones están sometidas a otras normas. Las instituciones públicas no representan a los votantes del partido ganador de las elecciones o del partido en el Gobierno, sino a todos los ciudadanos y, por tanto, deben servir «con objetividad los intereses generales» (artículo 103.1 de la Constitución). Es una exigencia elemental de cualquier democracia, de manera que toda actuación que contravenga este principio de neutralidad ideológica de las instituciones constituye una grave amenaza para la democracia y el Estado de derecho.

El pluralismo político es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y es por ello que los partidos, al llegar al Ejecutivo, a quien corresponde dirigir -que no colonizar- la Administración (artículo 97 de la Constitución), deben garantizar que la misma sirva al interés general, y no a los intereses particulares de la formación política de turno.

Concurre en este caso además un agravante, y es que nos encontramos en periodo electoral. El artículo 50 de la Ley Electoral impide, «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas», que los poderes públicos utilicen expresiones políticas de partidos que se presenten a las elecciones. La justificación de esta norma es obvia: los partidos de la oposición no podrían competir en igualdad de condiciones con el partido del Gobierno si éste, valiéndose de su poder e influencia en todas las administraciones públicas dependientes del mismo, las utiliza para hacer propaganda de sí mismo. Unas elecciones, para ser verdaderamente democráticas, han de celebrarse de manera limpia y con todas las garantías; cualquier atisbo de desigualdad o privilegio pervierte injustamente el sistema democrático.

La exigencia de retirar las esteladas y los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat, por tanto, está amparada por la Ley, y por los principios de neutralidad institucional que de ésta derivan. Las consecuencias de incumplir esto son graves: por lo pronto, puede acarrear la comisión de un delito de desobediencia de los contemplados en los artículos 410 y siguientes del Código Penal. La Junta Electoral Central, además de abrir a Torra un expediente sancionador -existe la posibilidad de imponer multas de hasta 3.000 euros al presidente de la Generalitat-, ya se ha dirigido a la Fiscalía para que actúe ante la posible comisión de dicho delito.

Pero lo peor no es eso. Cuando Torra dice obrar en nombre de la libertad de expresión, lo que en realidad hace es difundir públicamente una ideología que excluye a nada menos que la mitad de los ciudadanos catalanes a la que, por ley, está obligado a defender y representar. Todo lo cual, naturalmente, tiene el efecto perverso de enfrentar a la sociedad y elevar la tensión y la posibilidad de conflicto. No olvidemos que Torra llegó incluso a proponer la imposición de multas de hasta 30.000 euros a aquellos que se atreviesen a retirar lazos amarillos de los edificios públicos de Cataluña; esto es, a los que se empeñasen en hacer cumplir la ley.

Por último, existe un perjuicio adicional, y es el consabido y ya casi endémico deterioro de nuestras instituciones. Cuando mediante los enchufes y los dedazos de los amigos políticos se ocupa la Administración, desde luego se compromete la credibilidad de las instituciones y se contribuye irremediablemente a su deterioro. Pero cuando, además, un Gobierno exhibe con tan tosca ostentación su voluntad de despreciar a un grupo de ciudadanos, el entramado institucional peligra, y no nos gustaría saber con qué consecuencias. En épocas de populismo y cuestionamiento de la democracia liberal, lo mejor que podemos hacer es fortalecer nuestras instituciones y no desprestigiarlas gratuitamente.

La convivencia pacífica de la ciudadanía catalana sólo puede garantizarse si, al margen de las opciones e ideologías políticas, los ciudadanos y, especialmente, los poderes públicos respetan las reglas del juego. La ocupación partidista de la Administración infringe de manera incuestionable la Ley y los principios esenciales del ordenamiento jurídico, por lo que el Govern haría bien en desistir de su provocación y de sus infantiles entretenimientos.

Torra, de manera torpe y obstinada, está echando un pulso que no puede ganar. Y es bien sabido que, por lo menos en política, lo inteligente es librar las batallas en las que se puede ganar, y no perder energía en las que están de antemano perdidas; energía, por cierto, que bien podría invertirse en mejorar la vida de todos los catalanes.

Ignacio Gomá Garcés es asesor jurídico del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso.

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