El ‘octavo’ padre de la Constitución

Este año se cumplen 40 de vida de la Constitución española. Por primera vez en España, una Carta Magna ha vivido tantos años. El 6 de diciembre de 1978 los españoles la aprobaron en referéndum con el 87,98% de votos a favor. Fue producto del consenso y quizá por no ser fruto de la imposición de una España sobre otra ha tenido una larga vida y no ha tenido un epitafio funerario como las demás constituciones en las que figura el aquí yace media España, murió a manos de la otra media.

En esta efemérides es de justicia recordar a las personas que principalmente colaboraron con su trabajo en la aprobación de nuestra Ley Fundamental. En primer término, el presidente de la Ponencia constitucional, Emilio Attard, y sus siete miembros llamados padres de la Constitución Española: Manuel Fraga, Gabriel Cisneros, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura, Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca. Los cuatro primeros ya fallecidos.

Pero hoy dedico mi recuerdo a quien para mi fue el octavo padre de la Constitución por su aportación a la formación y puesta en marcha de las Cortes Constituyentes y por su trabajo como asesor de la Ponencia constitucional. Me refiero a Francisco Rubio Llorente.

Francisco, hijo de un médico rural y de una maestra de escuela, nació el 25 de octubre de 1930 en Berlanga, un pequeño pueblo de la campiña sur de la provincia de Badajoz. Falleció en 2016 en Madrid a los 85 años de edad.

Rubio Llorente fue heredero de una larga estirpe de constitucionalistas extremeños, tales como Diego Muñoz Torrero, nacido en Cabeza del Buey, que fue quien abrió en 1812 las Cortes de Cádiz con su discurso, siendo el primer presidente de las mismas y presidente de la Comisión Constitucional. A Muñoz Torreo finalmente se le ha hecho justicia colocando su busto en los pasillos del Congreso de los Diputados; ello ha sido posible por la lucha reivindicativa de asociaciones extremeñas y por la decisión de la presidenta del Congreso Ana Pastor. A Muñoz Torrero se le unieron en Cádiz otros juristas también extremeños, como Calatrava, secretario de las Cortes, Golfín, vicepresidente de las mismas, y Leiva.

En el denso y profundo currículum de Rubio Llorente destaca su dedicación al estudio del Derecho y a la enseñanza del mismo, él recibió las enseñanzas de maestros del Derecho constitucional como García de Enterría y García Pelayo que sería presidente del primer Tribunal Constitucional español. De la mano de este último, fue profesor en la universidad de Venezuela. De regreso a España, en 1967 aprobó la oposición a Letrado de Cortes y se incorporó como catedrático a la Universidad Complutense. En 1977 fue nombrado secretario general de las Cortes Constituyentes, presididas por otro extremeño, Antonio Hernández Gil.

Su aportación a las nuevas Cortes como secretario general fue fundamental para las mismas, elaborando su estructura tanto administrativa como jurídica, y elaborando sus primeros reglamentos.

Asesor de la Ponencia constitucional, su aportación fue fundamental para la elaboración del proyecto por su capacidad de trabajo y formación. Su rectitud moral sirvió para acercar posiciones distintas en el seno de la Ponencia. De pensamiento cercano a la izquierda, esa circunstancia fue superada por su independencia de criterio, y sobre todo por su estricto sentido del Derecho y la justicia.

En 1956, con 26 años, logró plaza como funcionario en el Ministerio de Educación. En febrero de 1979 fue nombrado director del Centro de Estudios Constitucionales. Magistrado del Tribunal Constitucional de 1980 a 1992 y vicepresidente del mismo desde 1989 a 1992. De mayo de 2004 hasta abril de 2012 fue presidente del Consejo de Estado.

En 2005, el entonces jefe del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le nombró presidente de la comisión de estudio creada para analizar la posible reforma de la Constitución. Cumplió el trabajo que se le había encomendado y, un año después del nombramiento, presentó el dictamen que constituye una aportación muy importante de estudio para nuestro primer texto legal.

Como ha destacado certeramente Manuel Aragón, «Rubio Llorente fue un servidor público admirable y hombre de bien, con rigor intelectual, austeridad personal y rectitud moral». Su conocimiento de las leyes y sabiduría fue reconocido por personas tan distantes como Manuel Fraga y Santiago Carrillo.

Sus grandes méritos han sido premiados con honores por universidades tanto españolas como extranjeras. Sus clases de Derecho constitucional como catedrático de la Complutense aún son recordadas por sus alumnos, por su sabiduría, claridad y calidad como gran orador que fue.

Recibió numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras, pero para él la más entrañable fue la medalla de Extremadura concedida en 2008 por el reconocimiento de su tierra y por el recuerdo de sus padres.

Me unió una sincera y larga amistad con Francisco, cimentada con el paso de los años. Recuerdo su mediación con un informe que le pedí como presidente de la Junta Regional de Extremadura sobre la vía conveniente a seguir en la iniciativa a la Autonomía extremeña. El citado informe llevó a mi Comunidad a utilizar el artículo 143 de la Constitución como iniciativa autonómica. Todas las demás comunidades que habían utilizado el artículo 151 para acceder a la autonomía debieron volver sobre sus pasos para seguir la vía del artículo 143 como consecuencia de la LOAPA.

En estas horas en que España se encuentra atacada como Nación, al igual que son atacadas las demás instituciones constitucionales y la propia Constitución, es justo recordar la figura del mejor constitucionalista de la España contemporánea y seguir sus enseñanzas.

Luis Ramallo García, notario, fue miembro de las Cortes Constituyentes.

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