El Gobierno vasco aprobó el pasado 28 de mayo un proyecto de ley para la celebración, el próximo mes de octubre, de un referéndum sobre el derecho de autodeterminación y la negociación con ETA. En el pleno del Parlamento vasco convocado para este viernes 27 de junio el proyecto será sometido a votación. El hecho de que el texto en cuestión no contenga ningún tipo de condena a ETA hace prever que Ibarretxe contará no sólo con los votos de los tres partidos que sostienen a su Gobierno, sino también con los del PCTV, formación actualmente sometida a un proceso judicial de ilegalización por su vinculación con ETA. Este último órdago del presidente del Gobierno vasco puede y debe ser valorado desde una triple perspectiva: jurídica, política y ética.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, aunque el pleno del Parlamento vasco delviernes vote mayoritariamente a favor del proyecto, la ley en cuestión nunca podrá ser aplicada. Y ello por la sencilla razón de que será recurrida de inmediato por el presidente del Gobierno de España (entre otros sujetos legitimados para ello), lo que conllevará la suspensión de la ley, y posteriormente ésta será anulada por el Tribunal Constitucional por su manifiesta inconstitucionalidad tanto formal como material. El Parlamento vasco carece de competencias para convocar un referéndum (que se denomine consulta resulta por completo indiferente) y el objetivo que se persigue, esto es, el reconocimiento del derecho de autodeterminación (eufemísticamente denominado derecho a decidir) no tiene encaje posible en nuestro ordenamiento constitucional. En definitiva, no cabe ninguna duda de que el Tribunal Constitucional impedirá la celebración del referéndum de octubre. En este sentido, aunque el señor Urkullu ha dicho que el PNV acatará la sentencia, Ibarretxe se ha negado a confirmar este extremo. Innecesario es subrayar que cualquier actuación contraria a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional haría incurrir al lehendakari en responsabilidades penales y obligaría al Gobierno de España a hacer cumplir la sentencia constitucional adoptando todas las medidas que fueran necesarias para ello en virtud del artículo 155 de la Constitución.
Sea de ello lo que fuere, desde una perspectiva política, lo que el lehendakari pretende es recurrir una vez más al victimismo. El objetivo de Ibarretxe es presentarse como una víctima del Gobierno y de los tribunales españoles. Y ello porque como hemos dicho serán estos y no el Parlamento vasco los que pongan fin a su aventura. No sabemos si de esa forma logrará o no recuperar alguno de los 117.000 votos que perdió en las últimas elecciones, pero lo que sí resulta evidente es que su papel de víctima no es creíble. Las verdaderas víctimas están en otro lado: se llaman Isaías Carrasco o Juan Manuel Piñuel, y son miembros del PSOE, del PP o de las Fuerzas de Seguridad.
Finalmente, Ibarretxe se refiere expresamente a la dimensión ética de su propuesta de referéndum. Pero lo cierto es que ésta brilla por su ausencia. Con el inconsistente argumento de no permitir que ETA determine la agenda política, el lehendakari ha incumplido su promesa de que el requisito esencial para la celebración de una tal consulta era la ausencia de violencia terrorista. De esta manera, y como ha hecho siempre, el PNV vuelve a jugar con ventaja. Por otro lado, la lectura conjunta de las dos preguntas nos muestra la vinculación que se establece entre el final del terrorismo y la aceptación de las tesis nacionalistas (autodeterminación). De esta forma, el planteamiento que subyace en el referéndum ilegal que se nos propone es de una claridad meridiana: Para acabar con ETA y sus criminales medios es preciso reconocer la legitimidad de sus fines: la autodeterminación. Como denunciaba el profesor Antonio Elorza en un magnífico artículo publicado en estas mismas páginas, el mensaje que Ibarretxe quiere transmitirnos es moralmente repugnante: si alguien se opone al ámbito vasco de decisión está optando por que ETA continúe matando. El órdago es, en definitiva, un chantaje inaceptable.
De todo lo anterior cabe concluir que lo que ocurra las próximas semanas será determinante para el futuro del País Vasco. En estos momentos, el órdago de Ibarretxe sólo puede ser entendido como un acto suicida. Y ello porque, actuando, de forma manifiesta y grave, en contra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, está destruyendo los fundamentos de su propia legitimidad. El PNV debiera ser el primero en reaccionar y no dejarse arrastrar al abismo al que le conduce un lehendakari cuyo distanciamiento de la realidad resulta cada vez más preocupante. Si su propio partido, apelando al pragmatismo del que ha hecho gala tantas veces en su dilatada historia, no le frena, el Gobierno de España y los tribunales deberán actuar con rotundidad y contundencia.
Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional en la UPV-EHU.