El orden de los factores

Leo a Junqueras, que dice: «El indulto es un triunfo porque demuestra la debilidad del Estado». Otro de los presos independentistas detenido, Cuixart, pontifica: «Será el preludio de la derrota que sufrirá España en Europa». Teniendo en cuenta la incapacidad que demostraron para analizar la realidad catalana, española, europea y mundial cuando se aventuraron a declarar la independencia de Cataluña, creo que en principio no debemos sentirnos amenazados por sus inconsistentes bravatas más dirigidas a la galería secesionista que a la mano que les da de comer y las tolera. El problema es que esos falsos, teatrales y tolerados alardes de fuerza no son tampoco inocuos en la medida en que alimentan la fantasía del éxito secesionista ante su propio electorado, provocando que la situación no amaine sino que se prolongue indefinidamente, lo cual ya encierra un grave daño.

El orden de los factoresEn contraste con la prepotencia de los independentistas he ido oyendo o leyendo a personas muy estimables como Almunia o Chaves, que han acudido raudos y veloces en defensa de la decisión gubernamental de indultar a los golpistas, y no son ignorantes ni están compradas sus voluntades por unos u otros. Ellos consideran que el indulto por sí mismo abrirá esperanzadoras puertas al diálogo y al acuerdo con los independentistas catalanes, ofreciéndonos una oportunidad histórica para solucionar el secular conflicto catalán. Como ven, no menciono a otros personajes socialistas que no se molestan en trasladar ideas para justificar la decisión sino que arrojan piedras a diestro y siniestro. Tampoco me detengo en el ministro de Justicia, quien en vez de utilizar el granado elenco de ilustres juristas españoles ha escogido para defender su posición a Yoda, un personaje de La Guerra de las Galaxias que se caracteriza por hablar al revés y pontificar con una filosofía de párvulos, digna del público infantil al que va dirigida la película.

¿Tienen razón estos últimos? A nadie le cabe duda de que la concesión de los indultos a los protagonistas del 1-O es una decisión muy arriesgada, que ya ha dividido profundamente a la sociedad española. Siendo tal la dimensión de la acción gubernamental lo menos que podríamos esperar los ciudadanos españoles es una hoja de ruta minuciosa, programada cuidadosamente. Sin embargo, la mayoría nos hemos percatado del alto grado de improvisación que ha acompañado el proceso de esta decisión. Empezaron estableciendo una comparación intolerable entre la sentencia del Supremo y sus consecuencias penales con la venganza. Posteriormente, balbucearon excusas que hablaban de la diferencia entre los tiempos de la justicia y los de la clemencia. Como era tal el patinazo intelectual, político y social del argumentario, y como los primeros eslóganes ponían en grave riesgo la credibilidad de la Justicia española, pasaron a justificar los indultos como un primer paso para negociar con los independentistas. Si los primeros argumentos eran inaceptables, el segundo mostraba a las claras que la decisión albergaba intenciones desconocidas para los ciudadanos. Y, para incrementar la preocupación durante este tiempo, nada supimos de una política planificada para Cataluña, con hitos, escenarios y posibles finales. Toda la literatura empleada, desde el pedestre recurso a Yoda a la más cuidada del presidente, no pasaba de ser un gran envoltorio para que pasara desapercibido el desagradable contenido.

El Gobierno, en fin, se ha apresurado a otorgar los indultos para iniciar una negociación política, un «tiempo nuevo», una «España nueva»… Todo parece que será nuevo y distinto con la excarcelación de los protagonistas del pronunciamiento. Y se apresuran desde Moncloa y sus terminales a ofrecer una epifanía política de la que saldremos redimidos hasta los que no necesitamos redimirnos. «Esperanza», «diálogo», «concordia», «sacrificio»... son los nuevos mantras del oficialismo político a los que se acogen con vitalidad juvenil los poderosos empresarios catalanes que vuelven a pensar en los beneficios que obtendrán de un Estado débil –ya dejé dicho que en España confundimos élite con poderosos y que esa confusión ha sido uno de los factores de nuestras desgracias–.

Es justamente el orden (concesión de indultos primero y mesa negociadora después) lo que pone en entredicho todo el andamiaje político e intelectual de la operación, llevándonos a la inevitable deducción de que, cuando hablan de política de Estado, se están refiriendo a meras estratagemas partidistas. En esas circunstancias, una política de Estado, o algo que se quiera parecer lejanamente a ella, invertiría el orden de los factores, que aquí son determinantes, convirtiendo los indultos en una de las consecuencias de la negociación y del acuerdo político con los independentistas. Con este orden, inverso al que ha puesto en marcha el Gobierno y que aconsejaría cualquier manual no ya del buen gobierno o del estadista prudente sino del astuto comerciante, sí podríamos objetivar la utilidad pública de los indultos: serían el resultado de un compromiso por el cual el Gobierno otorgaría esa medida de gracia y ellos, los independentistas, adquirirían, por ejemplo, el compromiso de actuar en pos de sus objetivos en el marco de la legalidad constitucional. Unos y otros podrían criticar la suficiencia del acuerdo, pero habría existido una contraprestación que definiría la utilidad pública, tan requerida como ahora inaprensible.

Poniendo el carro (los indultos) antes que los bueyes (la negociación), se convierte el Gobierno en cautivo de tácticas políticas de corto alcance, divide radicalmente a la sociedad y enmienda por la vía de hecho la sentencia del Tribunal Supremo. Y todo esto sin empezar a hablar. La impresión que produce este desafuero es que quien está encarcelado es el Gobierno, quien padece debilidad es el Estado y quienes necesitan enmendar el pasado somos los que cumplimos con las leyes y las sentencias de los tribunales. Es este hecho el que desgraciadamente otorga una sobrevenida verosimilitud ante sus militantes y electores a Junquera, Cuixart y compañía cuando alardean de su triunfo y de nuestro fracaso. Otorgar los indultos sin contraprestación política no es magnanimidad. Es debilidad. Y no es inteligente porque deja a los pies de los caballos a las instituciones del Estado y a quien gobierne en el futuro.

La decisión gubernamental desencadena, además, unos efectos nocivos para la democracia española que es preciso contemplar. Al regalar a los delincuentes independentistas la libertad, éstos ven un Gobierno débil, secuestrado por aritméticas parlamentarias, con el único objetivo de sobrevivir. Ven, en conclusión, lo más evidente: las debilidades del Estado, según Junqueras.

La decisión les fortalece, les envalentona y les permite convertir, al menos escenográficamente, la futura negociación en una oportunidad para imponer sus objetivos últimos: autodeterminación y amnistía. Si los nacionalistas nunca se han sentido saciados con las concesiones de los sucesivos gobiernos de España, menos se sentirán cuando graciosamente, sin contraprestación alguna, se les regala la libertad. Al contrario, la facilidad con la que se han desenvuelto en la cárcel y la concesión del indulto con anterioridad a cualquier negociación les envía unos mensajes muy peligrosos: la acción por la que fueron condenados es legitimada; quienes se equivocaron y se extralimitaron fueron primero el Gobierno, reprimiendo una votación libre, y, posteriormente, los tribunales con sus desproporcionadas sentencias. En realidad, después de concedidos los indultos, podríamos repetir lo que dijo Tito Livio: «Para acabar con la sedición, Manlio fue puesto en libertad. Pero no se puso fin a la sedición, sino que se le dio un jefe».

En ese proceso improvisado, caótico, todo el mundo habla, y los más desahogados establecen los mínimos de la futura negociación, dando la impresión de que España está de rebajas. En ese sentido, el ministro Iceta cree que en la mesa formada por los gobiernos de España y Cataluña se debe discutir la reforma de la Constitución del 78. Es decir, un ministro de España propone sin reparos que el Gobierno de la nación negocie con una autonomía una reforma de la Carta Magna. A las graves equivocaciones, el ministro une la desconsideración a los españoles y el desprecio a las normas más relevantes de nuestra democracia.

He comenzado este artículo cuestionando la capacidad de los líderes secesionistas para el diagnóstico y el pronóstico políticos. He hablado de meras escenografías para el consumo interno de su electorado. Pero, si se colabora en ellas temerariamente y si se modifica, como se ha hecho, el orden razonable de los factores, que en la política práctica sí alteran el producto, pudiera ser que los Junqueras y los Cuixart terminaran acertando por primera vez en sus alarmantes pronósticos, más por nuestros errores que por su sagacidad.

Nicolás Redondo Terreros fue secretario general del PSE.

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