El pacifismo ante la reunión de la OTAN en Madrid

Tanto el movimiento pacifista español como el europeo han trabajado desde su nacimiento por un mundo sin guerras, basado en la justicia y la libertad. En la búsqueda de esos objetivos, ha actuado por la construcción efectiva de la paz para mantenerla, rechazando así la idea de que para conseguir la paz hay que prepararse para la guerra. Por esa causa, siempre ha considerado que el fortalecimiento de los bloques militares no constituye un factor que favorezca un mundo en paz. Y en la actualidad estamos convencidos de que el horizonte de este siglo XXI no puede basarse en un clima de confrontación y una espiral de disuasión militar basada en la amenaza y el rearme.

Para evitar ese sombrío horizonte hemos venido denunciando cualquier hecho que contribuya a su establecimiento y, por ello, condenamos sin matiz alguno la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, que constituye una grave violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Estar contra la guerra es hoy denunciar sin ambages la invasión rusa de Ucrania, que ha agravado problemas y desafíos globales que ya amenazaban la seguridad humana, más aún con el impacto de la pandemia de la covid-19 y la crisis climática. El miedo, la inseguridad y el hambre están siendo utilizados por Putin como armas de guerra, con efectos que están modificando e impactando en el sistema global.

Desde el inicio de esta agresión, las organizaciones firmantes, a la vez que compartíamos que había que ayudar al pueblo ucranio para que no fuera aplastado, impulsamos actos de movilización de la opinión pública para denunciar la invasión y consideramos que el principal objetivo debe consistir en detener la guerra cuanto antes. Pero nuestro rechazo a esta guerra iniciada por el Kremlin, no puede hacerse abandonando nuestros principios pacifistas o congelándolos mientras dure la guerra.

Por ello, no nos sumamos a los partidarios de la confrontación militar como fórmula para superar la guerra, que nos devuelve al conflicto de bloques militares que creíamos superado y a la militarización del lenguaje y del discurso público. Como entidades pacifistas, rechazamos este relato belicista que genera un estado de opinión favorable a la continuación de la guerra, algo que extenderá la inestabilidad a otras zonas de Europa, del Mediterráneo y de otras áreas circundantes. Estamos convencidos de la necesidad de retomar la doctrina de la seguridad compartida, impulsada por Olof Palme, donde los países se sientan seguros no por ostentar una mayor amenaza sino por el compromiso con la seguridad de los otros.

Abogamos por un alto el fuego inmediato en Ucrania y una negociación para lograr una paz sustantiva que abra de nuevo la perspectiva de una política de distensión. Siendo muy conscientes de las enormes dificultades, sabemos que el fin de las guerras siempre ha tenido lugar mediante la diplomacia y el diálogo entre todas las partes. Reconocemos el esfuerzo que Naciones Unidas ha venido realizando para alcanzar ese alto el fuego humanitario, a pesar de la limitación que implica el veto de cinco países en el Consejo de Seguridad, y ese esfuerzo está empezando a ser ya apoyado por otros países europeos, aun cuando para la Unión Europea el requisito de la unanimidad le ha dificultado en su actuación en el proceso.

En este contexto, la realización en Madrid de la reunión de la OTAN los días 29 y 30 de junio nos llena de preocupación. Según los representantes de esta organización, dos son los principales asuntos que convocan la reunión: la modificación de su concepto estratégico y la ampliación de la Alianza a dos nuevos miembros. Como entidades pacifistas consideramos contrario a la paz cualquier cambio del concepto estratégico de la OTAN que constituya una contribución al clima de confrontación y rearme, que aumente los riesgos de ampliación de la guerra, incluyendo el uso del arma nuclear. Es importante no olvidar que la OTAN es una alianza militar que también es nuclear. Por eso cobra relevancia el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que Naciones Unidas estableció el pasado año y que el Gobierno español debería firmar a la mayor brevedad, sumándose así a la política de desarme y desmilitarización que promueve la ONU.

En cuanto a la ampliación de la Alianza con dos nuevos miembros, Suecia y Finlandia, estamos persuadidos que, aunque la solicitud constituya una decisión soberana de cada país que considere que su incorporación a la OTAN incrementa su seguridad, ello no disminuye la responsabilidad de los miembros actuales de la Alianza de aceptar esa ampliación, que agrava el riesgo de incrementar las tensiones que afectan a la seguridad europea como conjunto, suponiendo un paso más en la escalada de la confrontación y el rearme.

Lo realmente importante es saber qué horizonte de seguridad y paz contemplamos para las próximas décadas de este siglo XXI. Es imprescindible una mirada amplia que pueda vislumbrar cambios estructurales a medio y largo plazo. Es necesaria y urgente la reconstrucción de un sistema inclusivo de seguridad europea, a partir del proceso iniciado por la OSCE, así como el desarrollo de un polo estratégico de seguridad y defensa europeo que dote a la Unión Europea de una autonomía propia que evite la dependencia de EE UU y, por extensión, de la OTAN.

Desde las entidades firmantes entendemos que, frente a la disuasión y la lógica armamentista, el futuro de la seguridad europea es la seguridad compartida: la seguridad para todos y todas, el multilateralismo, el desarme, la desmilitarización y la cooperación, frente a la lógica de frentes y bloques militares enfrentados. El mundo ya ha vivido esta lógica, con pésimos resultados, y no deseamos que vuelva a determinar el horizonte de este siglo XXI.

Manuel de la Rocha Rubí es presidente del Movimiento por la Paz (MPDL). Francisca Sauquillo es presidenta de Fundipax. Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Fundación Cultura de Paz. Ana Barrero Tiscar es presidenta de la Asociación Española de Investigación para la  Paz (AIPAZ). Mercedes de Castro es presidenta de la Asociación de Cooperación por la Paz (ACPP). José Ángel Ruiz Jiménez es director del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. María José Moreno Molinero es presidenta de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos. Tania García Sedano es presidenta de la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE). Emilio José Gómez Ciriano es responsable de derechos humanos de Justicia y Paz.

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