El debate sobre el reparto de los recursos financieros es, con toda seguridad, el más común en todos los países donde existe una distribución territorial del poder político. En un entorno de intensa escasez presupuestaria a nadie debería extrañar que esa discusión sea ahora intensa e, incluso, que se exacerbe entre nosotros. Sin embargo, la reclamación lanzada por el nacionalismo catalán en los últimos tiempos, y los términos en los que se está planteando, tiene poco o nada que ver con ese tipo de controversias.
Desde 1986 la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común ha estado regulada por una serie de acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Los sucesivos gobiernos catalanes han sido no solo firmantes sino generalmente los impulsores principales de sus contenidos. La participación de las Comunidades Autónomas en el 15% de la recaudación del IRPF, establecida por primera vez en 1993, fue la expresa cesión de un gobierno socialista en minoría a las demandas del presidente Pujol y contó con la fuerte oposición de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entonces presidente extremeño, entre otros.
En 1996 un gobierno popular impulsó un nuevo acuerdo que preveía la cesión de cierta capacidad normativa sobre algunos elementos esenciales de ese porcentaje. Fue el primer paso decidido hacia la muy reclamada corresponsabilidad fiscal y el protagonismo de la Generalitat quedó también patente. Las Comunidades Autónomas entonces gobernadas por el PSOE rechazaron de plano este segundo acuerdo y optaron por mantenerse en el de 1993, al tiempo que recurrían al Tribunal Constitucional la nueva norma por considerarla insolidaria.
Por fin, en el año 2001, se alcanzó un acuerdo unánime en torno a un modelo que se presentó como definitivo y que llevó a la retirada de todos los contenciosos jurídico-constitucionales que estaban pendientes de resolver.
Recordar la reacción de los partidos políticos catalanes tras el acuerdo alcanzado hace apenas una década resulta hoy clave para entender el origen de su postura actual en torno al pacto fiscal. El manifiesto entusiasmo del Gobierno convergente de la Generalitat con el modelo de financiación de 2001 le llevó a proclamar su triunfo en la negociación y a rotular el acuerdo como “el mejor de la historia”; al mismo tiempo, CiU se lanzó a explotar la evidente contradicción que se había puesto de manifiesto entre la postura crítica del socialismo catalán y el respaldo unánime que el PSOE había dado al pacto en toda España. Pasqual Maragall, sin embargo, se vio con fuerza suficiente para marcar distancias con la dirección federal socialista y aprovechar así la oportunidad de aproximar su posición a la de quienes serían sus futuros socios de gobierno en la Generalitat, ERC e ICV. Sin duda, ese paso es el antecedente político más importante de lo que después sería el Pacto del Tinell, el gobierno tripartito y, finalmente, el proyecto de nuevo Estatuto catalán. Para completar el cúmulo de contradicciones, en el año 2009 el gobierno del president Montilla alcanzó un nuevo acuerdo de financiación con el de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue entonces cuando los socios del tripartito vieron contestado su pretendido éxito por la contundente oposición de Convergencia y Unió.
Es innegable que cualquier criterio de equidad utilizado para establecer el nivel de redistribución más adecuado para una sociedad es susceptible de ser debatido en términos políticos. No existe una fórmula de justicia financiera irrefutable, todas son fruto del debate y del compromiso entre intereses confrontados. Resulta menos legítimo, sin embargo, hacer una enmienda a la totalidad de los resultados de un sistema de financiación que en todo momento ha sido voluntariamente aceptado por quienes han tenido la responsabilidad de dirigir los destinos de la Generalitat. Dejando al margen detalles concretos de su aplicación, el modelo de financiación vigente arroja los saldos que se derivan de la existencia de impuestos iguales para todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, servicios equivalentes y unas Comunidades Autónomas que los administran con los recursos que libremente han negociado. Sólo una burda manipulación permite hablar de expolio para referirse a la situación actual.
Cuando se habla de dinero, los conceptos de igualdad y solidaridad, tan manoseados por el progresismo, exigen la previa definición del grupo humano sobre el que se predican: ¿igualdad de quienes? ¿Solidaridad entre quienes? Aunque desde el PSC se pretenda disfrazar, pedir “el reconocimiento nacional de Cataluña a partir de un trato bilateral preferente” y proponer límites a la solidaridad entre los españoles residentes en unas u otras Comunidades Autónomas, son planteamientos que sitúan a la izquierda española frente a la más profunda de sus contradicciones.
Les sobran buenas razones a los actuales dirigentes andaluces para poner pies en pared ante los planteamientos de sus colegas catalanes, pero confunden el destino de sus quejas cuando en lugar de reclamar a las puertas de Ferraz pretenden hacerlo en la calle Génova. La responsabilidad de todos, socialistas y populares, es forjar acuerdos entre quienes podemos compartir una idea de España, atenta a otras sensibilidades pero fundada en la base firme de una nación común. Pero antes, la responsabilidad de cada uno es poner orden dentro de la propia casa y generar los consensos internos imprescindibles para afrontar un diálogo constructivo con los adversarios políticos.
La posición a la que se ha visto arrastrada la sociedad catalana es la consecuencia de un juego meramente táctico —y profundamente irresponsable— entre unas fuerzas locales obsesionadas por controlar el espacio político, una pugna en la que se han rebasado todas las barreras de la sensatez. El oportunismo y la inmediatez se han impuesto a la coherencia y a la prudencia, y los resultados no pueden ser más desastrosos.
Desde antes de alcanzar el gobierno, Artur Mas ha formulado su exigencia de un pacto fiscal no como un ajuste financiero, sino como el primer paso de una transición nacional, como el inicio de la construcción de una nueva realidad estatal; en definitiva, como un instrumento de desbordamiento constitucional capaz de superar en potencia al previo desafío estatutario que protagonizó el tripartito. Para la actual dirección convergente, impugnar de plano el sistema de financiación de la Generalitat de Cataluña, tal y como se está haciendo, es una forma cómoda de eludir responsabilidades al tiempo que arrincona al PSC en sus innegables contradicciones, pero ese peligroso juego es también el que ha puesto la dirección política del nacionalismo en manos de sus miembros más radicales.
Todos los gobiernos españoles, socialistas o populares, se han sentado para negociar competencias, para compartir recursos, para renunciar una y otra vez a una parte del poder político en la búsqueda de los consensos más amplios. Pero lo que ningún gobierno hará nunca, cualquiera que sea su signo político, es dar satisfacción a las demandas que expresamente buscan la disgregación del Estado y, en definitiva, la desintegración nacional de España.
Gabriel Elorriaga Pisarik es presidente la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados y forma parte de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.