El pacto vasco

Admite ETA en su último comunicado que su final es inevitable y que no conseguirá contrapartidas políticas. Nada más parecido al reconocimiento de una derrota de su estrategia terrorista. No cabe duda, para quien tenga una mínima objetividad, que hemos derrotado a la banda terrorista, aunque todavía algunos considerarán, con voluntad tridentina, que es la banda terrorista la que ha conseguido derrotarnos y somos nosotros quienes hemos doblado la rodilla. Pondrán ejemplos que rectamente demuestran lo contrario. Dirán, por ejemplo, que su posición al frente del Gobierno tanto en el Ayuntamiento de San Sebastián como en la Diputación de Gipuzkoa es la prueba de su victoria. Pero en la acción del terrorismo ideológico o nacionalista con apoyo popular —está aún por ver lo que sucede en el terrorismo de origen religioso—, las opciones son únicamente dos: si ganan, imponen su régimen con fuerza dictatorial; si pierden, se introducen en las instituciones democráticas que han combatido. Y justamente esa integración en las instituciones es la que muestra su derrota, la derrota de su estrategia terrorista, pero no la desaparición de sus objetivos.

Esta última declaración de ETA nos propone a las claras algunas cuestiones que ya se podían adivinar desde hace tiempo. Creo que los demócratas hemos pecado de pasividad a la hora de administrar la derrota de ETA —derrota que ya conocíamos desde su primer comunicado en el que renunciaba a la “lucha armada”—, por prejuicios políticos y de una naturaleza moral que tienen sentido desde un punto de vista individual, pero que carecen de validez desde la responsabilidad de un Gobierno. Desde la proclamación de la ley como marco de actuación de cualquier Gobierno, no puedo dejar de afirmar que no tienen por qué coincidir las perspectivas privadas de la moralidad y la responsabilidad de los Gobiernos. Así, mientras es comprensible el recuerdo perpetuo de los familiares de las víctimas, sus reclamaciones y su rabia incontenible y perpetua, el Gobierno tiene que poner el objetivo en que el relato lo hagamos quienes hemos sufrido la presión de los terroristas, dejando claro quiénes eran las víctimas y quiénes los verdugos, quiénes utilizaron el terrorismo y quiénes lo sufrieron. Tiene que poner los medios para que la sociedad no vuelva a padecer la “lacra del terrorismo”, encontrar el denominador común más sólido y más amplio para que la sociedad que ha sufrido la acción terrorista pueda volver a mirar el futuro con la seguridad de vivir en paz y libertad.

Nos hemos acostumbrado, más fácilmente en España por nuestra historia, a creer que la acción de los Gobiernos debe acomodarse a nuestra visión personal de la cuestión, cuando son elegidos para que interpreten una realidad más amplia y más compleja que la de un individuo o un grupo social. El problema ahora no es moral ni religioso, es político; entendido este concepto como el que abarca todos los medios rectos y legales para solucionar los conflictos que se plantean en una sociedad democrática como la nuestra. El Gobierno, como cualquier Gobierno, debe tener en cuenta que su actuación será interpretada en el futuro según se salde la cuestión planteada. Salmerón salvó su moral con su dimisión, si no hubo otros motivos para ella, pero la I República fracasó entre cantonalismo aldeano, desórdenes públicos y debilidad de sus gobernantes. Los gobernantes tienen que decidir, jerarquizar, elegir… todas ellas acciones humanas que no son tan frecuentes en la vida privada y que, desde luego, no tienen la repercusión que tienen en la vida pública. Elegimos al Gobierno en la seguridad de que hará, siempre dentro de la ley, lo que nosotros tal vez no estaríamos dispuestos a llevar a cabo en la búsqueda del bien común. En España, tanto la derecha como la izquierda, han estado presas de un “moralismo reglado” con profundas raíces religiosas, que no ha entrado en contradicción con el enriquecimiento personal, y ese ha sido uno de los más graves motivos de nuestro retraso, al hacer imposible los acuerdos, las transacciones, considerados siempre como una derrota de nuestras tesis, cargadas de una verdad “revelada”.

Leído el comunicado de ETA, la pregunta que nos debemos hacer es si la mejor política para Euskadi es la que hemos realizado hasta ahora, caracterizada por actuar como si no hubiera pasado nada después del anuncio de la derrota de la banda terrorista. Parece que esta actitud ha impedido festejar como se merece la victoria de los demócratas sobre el terrorismo etarra y paradójicamente puede que sea la proyección política de ETA la que confeccione el relato de lo que ha pasado durante estos últimos 50 años. La falta de reconocimiento de nuestra victoria también nos impide homenajear a los resistentes como se merecen y, lo que es peor, la derrota de ETA no ha servido para fortalecer las instituciones democráticas, permitiendo además que se configure un espacio de confusión en el que los secuaces del entorno se mueven mejor que nosotros.

¿Qué hacer? Mi primera impresión es que el Gobierno debe intentar un acuerdo con los nacionalistas vascos institucionales para definir el epílogo de la banda terrorista. Un acuerdo en el que también debe participar el Partido Socialista de Euskadi. El acuerdo debe contener las políticas que aseguren el denominador común más amplio para garantizar una convivencia social, pacífica y democrática a la sociedad vasca, una historia que deje testimonio del sufrimiento causado por la banda terrorista, y que lo ya pasado se convierta en una lección contra la violencia, la intolerancia y el sectarismo. Nuestra victoria sobre ETA debería convertirse en una lección de civismo y de confianza en las instituciones constitucionales y estatutarias. El Gobierno debería haber tenido desde hace un tiempo un plan para este periodo crepuscular, y habría sido previsor y prudente en su comportamiento; si lo elaborara ahora que se confirma hasta para los sordos y ciegos que hemos ganado la batalla de la paz y de la libertad, su comportamiento deberíamos considerarlo como fruto del orgullo y de la improvisación; pero también podría esperar a que se configure con toda la crudeza el combate político por la elaboración de la historia, y entonces no nos quedará más remedio que considerar su acción como descuidada y pusilánime.

A este Gobierno en relación con el terrorismo etarra se le juzgará por si ha sido capaz o no de ganar la batalla política a ETA y por si a la desaparición del terrorismo le sigue una derrota política o, paradójicamente, les capacita para ejercer el liderazgo de la sociedad vasca. Este es el reto del Gobierno, pero también de las fuerzas políticas —nacionalistas y no nacionalistas— que han defendido las instituciones ante el terrorismo etarra y que vuelven a tener un espacio común de trabajo. Los partidos nacionales tienen que demostrar su utilidad para la sociedad vasca en un periodo pos-ETA y el PNV está obligado a demostrar que el nacionalismo no tuvo, ni tiene, ni tendrá nada que ver con respuestas violentas y antidemocráticas y, por otro lado, tendrá que conservar su liderazgo ante el nacionalismo etarra.

Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad.

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