El revuelo político y mediático provocado por la petición del Rey a las fuerzas políticas y sociales para que logren un acuerdo amplio que sirva para sacar a España de la grave situación económica en que está inmersa sigue estando de actualidad. No es la primera vez que el Rey hace ese llamamiento, y tampoco ha sido el único que lo ha pedido. Pero los políticos llevan años haciendo oídos sordos a estas peticiones, pues prefieren continuar sus habituales disputas, con discursos vacíos de contenido programático concreto pero envueltos en las técnicas de «comunicación».
La opinión pública española valora muy negativamente la situación económica nacional y personal presente y futura, la actuación del Gobierno y la de los partidos políticos y los políticos, pero no renuncia sino todo lo contrario, al sistema democrático. Lo que está en discusión son las políticas, no el sistema democrático, eso debe quedar muy claro. La valoración de los líderes de los dos partidos, PSOE y PP, están en los niveles más bajos desde 1986. Y la intención de voto demuestra un incremento continuado de la abstención, el voto en blanco y el voto testimonial a partidos pequeños e incluso no parlamentarios. La imagen del Gobierno en la UE y en el mundo están en su peor momento, y ello afecta a los intereses económicos de España, no sólo al Gobierno.
En esta situación, pedir un acuerdo amplio, lo pida el Rey o lo pidan los ciudadanos, no solo no es un despropósito, sino algo totalmente sensato. Quienes dicen que el Rey se ha extralimitado parecen desconocer que, mas bien al contrario, la pregunta que muchos ciudadanos estarían haciendo es la de por qué el Rey no hacía o decía nada. Y parecen también desconocer que no ha intervenido en la gestión política en absoluto, pues no ha pedido dimisiones, ni elecciones anticipadas, ni siquiera un acuerdo PSOE-PP, sólo ha pedido un gran acuerdo de las fuerzas políticas y sociales.
Lamentablemente la reacción de los partidos ha sido la esperada, escudarse en pretextos para no hacer lo que piden la ciudadanía y el Jefe del Estado. Porque la ciudadanía sufre la crisis económica de manera mucho más diaria y directa que la clase política. El PP ha creído ver en esta petición real un apoyo al Gobierno del PSOE. Craso error. El Gobierno ha creído ver, a su vez, una intromisión en sus competencias. Otro error. El Rey ha dado muestras evidentes de someterse a la Constitución, cosa que no hacen algunos políticos, que ignoran haber jurado o prometido cumplirla y hacerla cumplir. No sólo ha aceptado, como debía, el Gobierno que las urnas y el Congreso de los Diputados han decidido en cada momento, sino que ha mostrado siempre su buena disposición hacia todos los líderes, incluso hacia aquellos que muy directamente le han dicho que están trabajando para establecer la III República Española.
Los españoles quieren soluciones ya para la crisis económica, porque eso no puede esperar. Quieren solucionar algunos problemas políticos antes de que se conviertan en una crisis política (sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, competencias territoriales, derecho a la lengua, deterioro de imagen de las instituciones, etc.) Y quieren evitar que la no-solución inmediata de los problemas económicos y políticos derive en una crisis social. Por ello piden que los dos principales partidos lleguen a un acuerdo. Pero el PSOE ha eludido otra vez la cuestión en el Debate sobre el Estado de la Nación haciendo lo de siempre: pedir un acuerdo de todos los partidos, para ningunear al PP como principal partido de la oposición, con un respaldo electoral similar al suyo. Y el PP elude la cuestión haciendo lo mismo desde las elecciones del 2004, la crítica total a la labor de Gobierno, y más recientemente, esperar tranquilamente a que el Gobierno «se cueza en su propios errores». Los dos demuestran que España les importa menos que el mantenerse en sus posiciones privilegiadas, en el Gobierno o en la oposición, pues en ambas se está «muy calentito».
Las alternativas actuales son: 1) un gobierno de coalición (como hace poco en Alemania); 2) un pacto de legislatura (como el del País Vasco entre PSOE y PP); 3) un pacto sobre algunas cuestiones importantes de Estado (ampliando a otras cuestiones lo que ya se hace en la lucha contra el terrorismo).
No se sugieren sin embargo ni la convocatoria de elecciones anticipadas ni un cambio de gobierno. En las circunstancias actuales (vigentes desde las elecciones de 1993 excepto en el 2000), PSOE y PP tienen el respaldo de proporciones similares del electorado, de manera que unas elecciones probablemente producirían la victoria de uno u otro sin mayoría absoluta, por lo que habría que negociar otra vez acuerdos muy caros con partidos muy pequeños. El cambio de gobierno tampoco resolvería nada, ya que Rodríguez Zapatero dirige directamente varios ministerios. Y no se espera mucho de la Comisión anunciada en el Debate, salvo que retrasará nuevamente la adopción de las medidas necesarias.
El problema, sin embargo, no parece ser el acuerdo en sí, pues hay sectores en el PSOE y en el PP que respaldarían cualquier tipo de acuerdo de los indicados. El problema real son los personalismos, una característica tradicional de la política española. El problema arranca de haber denominado al Jefe de Gobierno como Presidente en la Constitución de 1978. El sistema constitucional español no es una República Presidencialista, sino una Monarquía Parlamentaria (respaldada por dos tercios del electorado, frente a menos de un 20% que preferirían una república presidencialista o parlamentaria), con un Monarca que, a diferencia de todos los demás monarcas europeos (y a semejanza de la Reina de Inglaterra) no tiene ningún poder reconocido en la Constitución, salvo la función arbitral y moderadora, que es una función y no un poder explícito. El problema real es que parece que Rodríguez Zapatero nunca pactará con Rajoy, y que Rajoy nunca pactará con Rodríguez Zapatero. Pero podría haber otras personas en cada uno de esos dos partidos capaces de entenderse entre sí. Al no tener un sistema presidencialista, tanto el Gobierno como la oposición podrían facilitar el entendimiento buscando personas capaces de entenderse entre sí y que fueran suficientemente aceptables para el otro, si de verdad hubiera voluntad de llegar a un acuerdo. Sería deseable lo más pronto posible ese acuerdo hasta las elecciones de 2012, para intentar solidariamente solucionar los problemas económicos, políticos y sociales con los que se enfrenta España.
El Rey no ha ido, ni posiblemente pueda ni deba ir, tan lejos como aquí sugerimos. Se ha limitado a pedir un acuerdo amplio. Los ciudadanos, sin embargo, sí podemos pedir a la clase política una mayor generosidad y responsabilidad, como la tuvieron todos los líderes políticos al inicio de la transición, anteponiendo los intereses colectivos a los intereses partidistas. La solución a los problemas actuales pasa por un acuerdo PSOE-PP, pero parece que ambos partidos siguen apostando por pactar con pequeños partidos nacionalistas, pactos que siempre han tenido un alto coste, por lo que ambos partidos serán responsables ante la opinión pública española de no haber asumido su responsabilidad histórica. España no puede esperar hasta 2012.
Juan Díez Nicolás, miembro del Foro de la Sociedad Civil.