EL nivel de despilfarro que hemos vivido en este país se refleja también en el descontrol que ha sufrido la ley de Dependencia bajo el Gobierno socialista. La cifra de 29.170 beneficiarios fallecidos o duplicados que han recibido prestaciones de forma irregular la ha aportado un reciente informe del Tribunal de Cuentas, en el que se aportan datos que hacen dudar de la gestión del dinero público en los últimos años.
No sólo los muertos recibían dinero que no debía haber salido de nuestras arcas públicas, sino que también hemos aportado fondos a beneficiarios que tenían «fecha de efectos económicos anterior a la entrada en vigor del Real Decreto». Como si el dinero público fuera un baúl sin fondo.
Entre las denuncias que aporta el Tribunal de Cuentas se incide especialmente en la falta de coordinación a la hora de aplicar la ley de Dependencia. En la era de internet, de los ordenadores y de las comunicaciones al instante, nuestra Administración Pública ha gestionado los fondos de forma primaria, con técnicas del siglo pasado.
No estamos hablando de errores puntuales. Nos enfrentamos a errores de bulto. Es tremendo que el Estado español haya tenido que solicitar la devolución de 140 millones de euros por todos esos muertos… que tanto cobraban. El descontrol del dinero público bajo las manos socialistas pone en cuestión, ante la opinión pública, el papel de nuestros funcionarios. Es paradójico que quienes dicen defender especialmente el papel de los servidores públicos sean quienes dejen su labor a los pies de los caballos.
La publicación de este informe coincide, a nivel nacional, con toda una ofensiva socialista contra la gestión público-privada de la Sanidad. Personalmente llevo treinta años defendiendo la sanidad pública y soy un firme defensor de esta colaboración con las empresas privadas para mejorar la competitividad y la gestión. Pienso que difícilmente se vería un descontrol así en una empresa que velara por su dinero, mientras que muchos gestores socialistas actúan como si el dinero público, ese que cada mes aportan millones de ciudadanos con los impuestos, no fuera de nadie. La cultura del despilfarro, la cultura de los muertos que cobran subvenciones, ha conducido a nuestra sanidad y nuestro sistema social a una de las crisis más graves de los últimos años. Es una crisis ante la que en cada comunidad autónoma hemos tenido que reaccionar de forma enérgica e inmediata. En nuestro caso concreto, en Castilla-La Mancha, haciendo frente a más de 600.000 facturas sin pagar.
Velar por la salud de los ciudadanos es velar por el buen uso de los fondos públicos. Cuando llega el momento de las reformas, después de que se haya gestionado de forma disparatada, vuelven a salir a la calle esos genios del despilfarro a protestar porque se producen algunos ajustes.
Más allá de partidismos, más allá de la demagogia, es hora de poner las cartas sobre la mesa. Es hora de que trabajemos con seriedad para poner las bases para gestionar con profesionalidad. Es hora de que trabajemos en equipo para evitar estas irregularidades de cara al futuro. Frente a quienes siguen pensando que el dinero público no es de nadie, los políticos debemos insistir en que el dinero público es aquel que aportan, con mucho esfuerzo, millones de profesionales españoles. Son ellos, los que de verdad están vivos, los que se indignan ante una mala gestión de esos fondos que tanto les ha costado aportar.
Si para algo debe servir la crisis que estamos sufriendo es para poner las bases para renovar nuestro sistema, para mejorar nuestra gestión sanitaria. No hacer nada, la máxima que extienden quienes han gobernado a las órdenes de Zapatero, es la peor receta para nuestra Sanidad, es la mejor forma de que los problemas se enquisten.
Aquellos que participaron en el Gobierno de la España en la que hasta los muertos cobraban, lo mejor que pueden hacer en estos momentos es pedir perdón. Pedir perdón a todos aquellos que, con sus impuestos, sacan la Sanidad española adelante. Y pedir disculpas a aquellos que tratan de gestionar un sistema que no ha funcionado como debía.
José Igancio Echániz, secretario nacional de sanidad y Asuntos Sociales del PP y consejero en Castilla-La Mancha.