Tema
La ubicación geográfica de Bolivia y su permeabilidad fronteriza, más que su producción, son los factores con mayor incidencia en su papel dentro de los esquemas internacionales del tráfico de cocaína.
Resumen
Bolivia integra, junto con Colombia y Perú, el reducido grupo de países en los cuales se produce la cocaína que se consume en todo el planeta. La elaboración local de ese estupefaciente se sustenta básicamente en las plantaciones de coca situadas en las regiones de los Yungas y el Chapare, aunque también se nutre de hojas y pasta base de origen peruano.
Sin embargo, la clave de la importancia boliviana en esta actividad criminal radica más en la ubicación del país y las crecientes dificultades para controlar de manera efectiva las fronteras, que exhiben un alto grado de porosidad. Estos elementos interactúan para constituir al país en una pieza clave en el trasiego de cocaína a las naciones vecinas, sea para abastecer a la demanda doméstica o para su reenvío a mercados de consumo en ultramar. Las modalidades de tráfico son múltiples y complejas, e involucran a organizaciones criminales exógenas que interactúan con grupos autóctonos.
Análisis
Desde que comenzó a elaborarse cocaína hace casi un siglo, Bolivia ocupa un lugar de preponderancia en materia de producción y tráfico ilícitos de ese estupefaciente. Junto a Perú y Colombia, la nación altiplánica completa la troika de productores de cocaína a partir del procesamiento de materia prima procedente, en este caso, no sólo de plantaciones locales, sino también de cultivos peruanos. Por otro lado, desde la perspectiva de una “geopolítica de las drogas”, de acuerdo al académico francés Alain Labrousse, constituye una pieza fundamental en las redes transnacionales de tráfico que llevan ese producto a mercados de consumo situados tanto en el continente como en ultramar, a partir de la conjunción de dos factores: por un lado, su posición geográfica; y, por otro, la porosidad de sus fronteras.
En este sentido, conviene recordar que Bolivia tiene una extensión fronteriza de 6.834 km lineales con Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile. En su mayor parte la frontera exhibe un alto grado de vulnerabilidad, con más de una treintena de puntos particularmente críticos por su empleo constante por parte de los flujos criminales transfronterizos, según admitió el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el marco de una reunión de países del Cono Sur sobre Seguridad de Fronteras, celebrada en Brasilia en noviembre de 2016. Esa notoria vulnerabilidad ha motivado al Poder Ejecutivo a utilizar las instituciones militares para atenuar la capitalización de la porosidad fronterizo por parte de organizaciones ilegales. Esas tareas de control, junto con el empleo en labores de erradicación manual, sintetizan el papel actual de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.1
La cocaína que Bolivia trafica hacia el exterior procede tanto del procesamiento de la coca oriunda de las plantaciones locales situadas en su mayoría en Yungas y el Chapare, como de envíos provenientes de Perú (desde donde puede haber venido como clorhidrato, o en la forma de pasta base para su posterior refinamiento), y en mucho menor medida desde Colombia. En materia de procesamiento, estudios indican que más del 80% de los productores bolivianos tienen hasta dos pozas de maceración, con capacidad de producción de hasta 4kg semanales de PBC.
El presidente de la República, Evo Morales, es precisamente un dirigente cocalero de la región del Chapare. Su particular postura sobre la cuestión de la coca, ampliando los límites de la superficie cultivable tolerada, hasta 22.000 hectáreas de acuerdo a la ley vigente, es objeto de grandes controversias. Desde el Poder Ejecutivo se defiende un modelo de erradicación consensuada de cultivos excedentarios, susceptibles de ser empleados en la elaboración de cocaína, basado en el diálogo con los sectores agrícolas, alegando que de esta forma se evita la violencia y se preserva la paz social.
Diferentes sectores opositores, en cambio, insisten en que la postura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) fomenta la producción de cocaína desde el momento en que la demanda legal doméstica de coca podría satisfacerse plenamente con aproximadamente 14.000 hectáreas cultivadas. En esta línea, se ha alegado con cierta frecuencia que el Gobierno se encuentra permeado por la criminalidad, e incluso que ésta lo maneja a su antojo. Un ejemplo de estos embates tuvo lugar en octubre del año 2017 a raíz de la detención en Brasil del traficante boliviano Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, hijo de una importante dirigente del MAS de la región de Beni, con media tonelada de cocaína en su poder. En esos momentos, un pronunciamiento de la fuerza opositora Unión Nacional (UN) sostenía que “el gobierno de Evo Morales resulta a esta altura de la historia prisionero del narcotráfico”, agregando que “la fuerza de los cocaleros del Chapare, proveedores principales del narcotráfico, ha logrado digitar el horizonte estratégico del gobierno”.2
En suelo boliviano se registra una importante presencia de organizaciones extranjeras dotadas de cuantiosos recursos económicos que controlan prácticamente en su totalidad el negocio del tráfico de cocaína hacia el exterior. Estas organizaciones criminales toman decisiones de nivel estratégico en sus lugares de origen mientras que en Bolivia únicamente se deciden cuestiones de tipo táctico. Además, su capacidad económica les ha permitido en el país altiplánico penetrar y cooptar diversas entidades de la sociedad civil que han contribuido a su legitimación. La presencia de organizaciones foráneas se constata en el hecho de que, solamente entre mayo de 2018 y los primeros días de julio de 2019, fueron detenidos en el país más de una decena de capos criminales extranjeros, el último de ellos el italiano Paolo Lumia, de la mafia siciliana.
Teniendo en cuenta diferentes trabajos, un listado de esas organizaciones incluye a las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho; la Federación de Sinaloa y los Zetas, de México; el peruano Sendero Luminoso; e incluso mafias rusas. También se indica una fuerte presencia de actores subestatales colombianos como el Cártel del Norte del Valle; diversos grupos paramilitares devenidos en Bandas Criminales (BACRIM), entre ellos las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), Los Rastrojos y Los Urabeños; y, finalmente, elementos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del país homónimo. De todo este conjunto de actores, cada vez con mayor nitidez se destaca el PCC, que ha dejado de comprar cocaína al por mayor y distribuirla dentro de su país, para negociar en forma directa con los productores de cocaína bolivianos (y también peruanos), integrándose a la cadena de suministro de ese estupefaciente.
Por su parte, los grupos criminales domésticos parecen estar relegados a un segundo orden, manteniendo una relación de subordinación a las organizaciones foráneas. Es cierto que en los últimos tiempos se han detenido a importantes narcotraficantes locales, cuyas operaciones se articulaban con redes internacionales de tráfico y que se valían de importantes vinculaciones en el mundo de la política y el poder judicial. Sin duda, los casos más resonantes de los últimos tiempos son los de Pedro Montenegro Paz y Mayerling Castedo (miembro del clan familiar Candia-Castedo), capturados en mayo y junio de 2019 respectivamente. Aun así, desde la desarticulación del cártel de William Rosales Suárez, el “Rey de la Cocaína”, a comienzos de la presente década, no se destaca con nitidez ninguna organización o cártel autóctono de primera línea.
En buena medida, los grupos locales responderían a la estructura de clanes familiares, con un alto grado de organización. Los principales activos de estos clanes son la confianza y la lealtad que proporcionan los lazos de sangre entre sus miembros, cimentando una unidad que es fundamental frente a un entorno que se presenta peligroso, sea por organizaciones rivales o por las instituciones estatales.
Operando de manera articulada, junto a los clanes locales subordinados, las organizaciones criminales foráneas trasiegan cocaína local, o procedente de Perú, hacia las naciones limítrofes. Los destinos externos prioritarios son Brasil, Argentina y Paraguay, aunque en los últimos años Chile aumentó su importancia. Las modalidades del tráfico desde y hacia el exterior son heterogéneas e incluyen medios aéreos, terrestres y lacustres.
El despliegue en el territorio de Bolivia de las entidades criminales, tanto extranjeras como autóctonas, se orienta hacia los territorios orientales del país, especialmente el departamento de Santa Cruz. Esa unidad política constituye el epicentro del tráfico ilícito de drogas en Bolivia, albergando dentro de sus límites instalaciones de refinamiento, acopio y comercialización. Incluso, siempre se sostuvo que en suelo cruceño se concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos para la producción de ese estupefaciente, fuera de Colombia, aunque en los últimos tiempos el departamento de Cochabamba cobró una gran importancia en este sentido. Santa Cruz además alberga más de una decena de escuelas de aviación donde se forman los pilotos de los aviones que se emplean para el trasiego de drogas a través de los llamados “narcovuelos”. El coste total de esos cursos rondaría los 25.000 dólares, cifra que puede saldarse con la ganancia que producen unos pocos vuelos ilegales.
El principal motivo que subyace a la alta concentración en suelo cruceño de laboratorios de procesamiento, sitios de acopio y distribución e incluso academias de aviación, es la proximidad geográfica con Brasil, con quien comparte una extensa frontera, difícil de controlar. El gigante sudamericano también constituye una importante pieza en los esquemas de las drogas ilegales en América del Sur: por un lado, es el segundo mercado nacional de cocaína a nivel mundial, con un consumo estimado de casi 100 toneladas anuales por más de 2 millones de personas; por otra parte, a través de su vasto territorio se trafica cocaína que suele tener a Europa como destino final, y que es enviada por vía marítima o aérea, siendo usuales las rutas hacia la región de África Occidental y, en particular, Angola y Guinea.
En lo referente a rutas de tráfico, el ingreso de droga desde Perú para su posterior reexportación estaría controlado por una veintena de clanes familiares peruanos, también llamados “cárteles criollos”. Hace ya dos años se hizo público que en Bolivia habían instalado sus cuarteles generales al menos seis narcotraficantes peruanos de alta jerarquía, entre ellos Clever Bernardo Ambrosio (alias “Chila”) y Reyna Gozme La Fuente (alias “Reyna”); hasta el momento de la redacción de este análisis, ninguno de ellos habría sido detenido.
Cerca del 35% de la producción peruana total de cocaína ingresa a Bolivia totalmente elaborada, o como pasta base, para transformarse en clorhidrato en laboratorios locales. Ese volumen representa más de la mitad de la cocaína producida en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la región más productiva de Perú en este rubro ilegal, con cerca del 60% del total nacional.
La droga peruana ingresa a Bolivia por vías terrestre y aérea. En el primer caso las rutas se orientan a las localidades de Desaguadero, Copacabana, Puerto Acosta y Pelechuco en el departamento de La Paz, y Cobija, Filadelfia y Puerto Gonzalo Moreno en el departamento de Pando. Específicamente a través de esta última unidad política ingresa la mayor cantidad de cocaína con destino a Brasil.
Respecto a la vía aérea, Bolivia recibiría aproximadamente el 95% de los “narcovuelos” que despegan desde Perú, empleándose aeronaves que suelen estar matriculadas en Bolivia y transportan, en cada viaje, un promedio de 300 a 350 kg de cocaína, aunque esa carga puede llegar a los 500 kg. La mayoría de estos vuelos aterrizan en pistas clandestinas del departamento de Beni, donde la presencia criminal sería por lo demás intensa, particularmente en las localidades de Magdalena, San Ramón, San Joaquín, San Borja, Trinidad, Santa Ana del Yacuma y Guayaramerín. Esas pistas suelen ser denominadas “puntos intermedios” o “medias”, pues allí los aviones se aprovisionan de combustible antes de seguir camino a su destino final, muchas veces en países limítrofes.
La exportación de droga desde Bolivia revela, como ya se anticipó, diferentes modalidades. Por vía aérea se emplean vuelos comerciales internacionales en los cuales el estupefaciente viaja disimulado en envíos de correo, equipaje e incluso en el cuerpo de los pasajeros, sea adherida externamente o en su interior. También se recurre a aeronaves particulares legales, que se desvían de sus vuelos aprobados por la autoridad pertinente para cometer ilícitos, y a los ya mencionados “narcovuelos”.
El tráfico de droga por vía aérea incluye la modalidad conocida como “lluvia de cocaína”, “lluvia blanca” o “bombardeo de drogas”, consistente en el lanzamiento de los cargamentos desde el aire por aeronaves que se desplazan a escasa velocidad y a una altura no superior a los 15 metros. Los paquetes son arrojados en regiones inhóspitas y poco transitadas, o zonas de cultivo situadas en fincas privadas, siendo habitual el empleo de dispositivos de localización que permiten su rápida recuperación por parte de miembros de la red, que se desplazan por tierra.
A modo de ejemplo, para dimensionar de mejor manera el volumen del tráfico a través de “narcovuelos”, conviene consignar que una reciente investigación periodística determinó que solamente desde pistas ubicadas en el departamento de Beni despegan cotidianamente un promedio de 30 aviones hacia las naciones limítrofes, transportando cada uno de ellos hasta media tonelada de cocaína.4
El trasiego por vía fluvial apela a la cuenca del lago Titicaca y su red de afluentes que se extienden hasta las áreas fronterizas del país, utilizando lanchas y barcazas. Finalmente, el tráfico terrestre se vale de camiones de carga, autobuses internacionales y vehículos particulares, en muchos casos dotados de compartimientos ocultos donde se esconde la droga. La red vial empleada prioriza los caminos secundarios y sendas, poco usados por el tránsito usual.
Analizando el tráfico por aire, en lo que hace a Brasil, los “narcovuelos” parten desde los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz, todos ellos ya mencionados. En el caso del Beni, las localidades involucradas son las identificadas en un párrafo anterior, mientras en La Paz se destacarían algunos núcleos urbanos septentrionales: Apolo, Ixiamas y Rumenabaque, entre otras. Respecto al caso cruceño, existen referencias a la importancia de algunos puntos ubicados en la provincia de Ichilo, entre ellos San Germán, Kilómetro 7, Buenavista y Santa Fe de Yapacaní.
En el caso de Paraguay el espacio aéreo es vulnerado en la zona noroccidental del Chaco por pequeñas avionetas procedentes de los departamentos de Beni y Tarija, difíciles de detectar debido a la carencia de radares. Se han detectado pistas clandestinas incluso en el Parque Nacional Paso Bravo y reservas ecológicas paraguayas, donde se registran vastas extensiones de tierra despobladas. Desde allí, la cocaína se traslada hacia el oriente paraguayo, por vía aérea, o a través de la carretera Transchaco. Respecto a Argentina, en sus territorios septentrionales, hasta el norte de la provincia de Santiago del Estero, se encuentra ubicada la gran mayoría de las aproximadamente 1.500 pistas de aterrizaje irregulares (un millar declaradas ante la Administración Nacional de Aviación Civil pero no habilitadas para operar, más 500 clandestinas), que utilizan los “narcovuelos” procedentes del vecino país.
El tráfico de drogas por tierra a Brasil se efectúa desde los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni. Existen nueve pasos fronterizos particularmente vulnerables a esa actividad criminal: Bolpebra, Cobija, Puerto Evo y Villa Bella, en Pando; Guayaramerín y Bella Vista, en Beni; y San Matías, Arroyo-Concepción y Puerto Quijarro, en Santa Cruz. Estos puntos se complementan con decenas de pasos ilegales, donde el control es virtualmente nulo. En cuanto a Paraguay, hay trasiego carretero a través del paso fronterizo de Villa Montes, siendo un dato de interés el carácter bidireccional del tráfico: por la misma vía, ingresa a Bolivia marihuana paraguaya.
En lo que hace al tráfico por vía terrestre hacia Argentina, son empleados los pasos fronterizos oficiales Villazón-La Quiaca, Bermejo-Aguas Blancas y Yacuiba/Pocitos-Salvador Mazza. El primero colinda con la provincia argentina de Jujuy mientras los dos restantes lo hacen con la provincia de Salta. Al mismo tiempo se registran decenas de pasos ilegales que son empleados de manera intensiva por los traficantes, cuya vigilancia y control son extremadamente difíciles por parte de las autoridades gubernamentales. A modo de ejemplo, el eje Yacuiba/Pocitos-Salvador Mazza se encuentra rodeado de cerros cubiertos de una espesa vegetación subtropical, con gran cantidad de arroyos y cañadas que atraviesan el límite binacional.
En estos casos, además del empleo de vehículos de carga, particulares o de transporte de pasajeros, se observa un uso intensivo de las llamadas “mulas” (o “capsuleros”): personas que pueden llegar a ingerir hasta un kg de cocaína, distribuido en un centenar de cápsulas. En el reclutamiento de las “mulas” incide el conocimiento previo (personal o a través de vínculos familiares) y la falta de antecedentes penales, así como desfavorables situaciones socioeconómicas y laborales. También se subcontrata a “bagayeros”, ciudadanos de la zona de bajos recursos económicos dedicados habitualmente al contrabando en las ciudades de frontera, en función de sus ventajas comparativas y competitivas frente a otras organizaciones delictivas foráneas.
De acuerdo con las autoridades judiciales argentinas, solamente en la zona fronteriza cercana a la ciudad salteña de Orán, aproximadamente 5.000 habitantes argentinos y bolivianos ejercen funciones de “bagayeros”, mientras un 30% de la población local vive del negocio del contrabando de diferentes bienes, incluidas personas. Precisamente en esta localidad se pudo constatar, hace un lustro, el enorme poder corrosivo que estaban ejerciendo las drogas procedentes de Bolivia sobre las instituciones republicanas, cuando fue detenido el juez federal con sede en el lugar, acusado de dejar libre a narcotraficantes a cambio de coimas.
Cerrando la descripción de los tráficos terrestres desde Bolivia, aunque parte de la droga procedente de esa nación ingresa a Chile a través del territorio argentino, también lo hace de manera directa valiéndose de la existencia de más de un centenar de pasos fronterizos clandestinos. Es necesario recordar en este punto que desde Chile procede aproximadamente el 70% de la mercadería que ingresa de contrabando a Bolivia, a través de pasos ilegales que, en sentido inverso, pueden emplearse para trasegar droga. Buena parte de esos pasos ilegales se concentran alrededor de Pisiga, Tambo Quemado, Sabaya, Todos Santos, Huachacalla y el Salar de Uyuni. Se ha indicado que la principal ruta utilizada para el tráfico de cocaína desde Bolivia a Chile discurre desde Santa Cruz a Oruro y de allí a Colchane, ciudad altiplánica donde se enlaza con la red de carreteras locales.
En términos comparativos con los modos terrestre y aéreo, el tráfico de drogas desde Bolivia hacia sus países limítrofes por vía fluvial tiene una menor importancia. No obstante, existen casos relevantes, por ejemplo, el del río Bermejo, que opera de límite natural entre la ciudad boliviana del mismo nombre y Aguas Blancas en Argentina. Su control presenta una extrema dificultad, pues permanentemente es atravesado por gran cantidad de barcazas denominadas “chalanas” que vinculan ambos márgenes sin pasar por la autoridad fronteriza. La dificultad del control aumenta en épocas en que disminuye su caudal el río Bermejo, pues puede ser atravesado a pie, permitiendo portar mercaderías de diferentes volúmenes. También se destaca el rol papel que desempeñan Puerto Quijarro y Puerto Suárez, localidades bolivianas ribereñas del río Paraguay; de ambos puntos parten embarcaciones que transportan hacia el sur la cocaína que cruza la frontera y es descargada en puntos clandestinos o los puertos fluviales Bahía Negra, Vallemí, Concepción, Antequera y Puerto Rosario, ya en cercanías de la frontera con Argentina.
Conclusiones
A modo de reflexión, puede concluirse que cada vez es más notorio que la clave de la importancia de Bolivia dentro de los esquemas contemporáneos del tráfico de drogas ilegales radica menos en su papel de productor que en su papel como distribuidor. In extenso, más allá de constituir actualmente el tercer productor de cocaína a nivel mundial, a partir de coca de procedencia local y de pasta base del VRAEM peruano, Bolivia capitaliza su posición geográfica y la permeabilidad de sus fronteras, que no ha sido subsanada a pesar del empleo del instrumento militar en esa tarea. Así, el país se consolida como un nodo clave desde donde fluyen grandes cantidades de ese estupefaciente hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Aunque estas cuatro naciones constituyen importantes eslabones en las cadenas de tráfico a destinos de ultramar, las dos primeras –y en especial Brasil– cuentan además con vastos y lucrativos mercados de consumo domésticos.
La constitución del país en una pieza fundamental dentro de los esquemas de distribución de drogas por medios primordialmente aéreos y terrestres, y subsidiariamente por vías fluviales, es a la vez causa y consecuencia de la presencia del PCC –que se encamina a consolidarse como la organización criminal más importante de América del Sur– y otras organizaciones foráneas en el territorio nacional, que articulan con clanes familiares locales estructurados en base a lazos de sangre. Todas las características referidas confirman la naturaleza singular del caso boliviano dentro del universo de la criminalidad regional y, consecuentemente, la conveniencia de su seguimiento permanente.
Mariano Bartolomé. Graduado y doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador universitario en niveles de grado y posgrado, y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador (USAL), Argentina.
Vicente Ventura Barreiro. Abogado, máster en Administración y Derecho de la Seguridad Pública, y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (USAL), Argentina.
1 Hemos analizado en detalle el papel del sector castrense boliviano en el combate al narcotráfico en M. Bartolomé (2019), “Militares involucrados en la lucha contra las drogas: los casos de Bolivia y Venezuela”, en C. Sampó y S. Alda (comps.), La transformación de las Fuerzas Armadas en América Latina ante el crimen organizado, Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú y Real Instituto Elcano, Lima, pp. 227-256.
2 J. Alanoca (2017), “Para UN, el Gobierno de Evo es ‘prisionero del narco’”, El Deber, 19/X/2017.
3 Mapa elaborado por Ignacio Martínez García, estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid y ayudante de investigación en prácticas del Real Instituto Elcano (2019).
4 D. Romero (2019), “Cada día salen de Beni 30 avionetas cargadas con hasta 500 kg de cocaína”, Página Siete, 9/VI/2019.