El papel de EE.UU. en Asia Central

En el palizón que lleva un decenio dándose para mantener la seguridad de Afganistán, Estados Unidos ha hecho malabarismos con políticas exteriores contradictorias en Uzbekistán y Kirguistán, países que estos días visita la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Estos frágiles estados del Asia Central desempeñan decisivos papeles de apoyo en la guerra. Una es la política de relaciones con esos dos estados postsoviéticos en sí mismos, encaminada a fomentar la gestión idónea de los asuntos públicos, los derechos humanos y los vínculos comerciales. La otra es la política para utilizarlos como centros de comunicaciones para la guerra de Afganistán.

Lamentablemente, las dos políticas han resultado con frecuencia antagónicas, lo que ha menoscabado la influencia a largo plazo de EE. UU. en esa región y a veces también su capacidad para hacer la guerra. EE. UU. tiene que reñir una guerra con un breve plazo autoimpuesto. Los proyectos difusos y buenistas encaminados a fomentar los derechos humanos y la gestión idónea de los asuntos públicos en una región contigua y de menor importancia deben esperar. Pero esa concepción no entiende que un Asia Central debilitada, corrupta y abusiva no redundará en beneficio de EE. UU. ni – si vamos al caso-de Afganistán. En Pakistán, Kabul tiene un vecino grande, escindido y casi ingobernable. Una actitud más práctica es equilibrar las necesidades de seguridad, reales y apremiantes, de EE. UU. en Afganistán con una política más positiva en el Asia Central.

En Kirguistán, país entre montañas y con una historia de disturbios civiles y rápidos derrocamientos de gobiernos, los políticos locales están furiosos con la reciente decisión del Pentágono de renovar un polémico contrato de suministro de combustible para la base aérea de Manas, decisivo centro de comunicaciones para las operaciones aéreas en Afganistán.

Aunque los investigadores del Congreso no encontraron pruebas de mordidas en los contratos, sí que descubrieron ejemplos de falta de probidad y negligencia que, como mínimo, indican la disposición del Gobierno estadounidense a pasar por alto procedimientos discutibles. La mayor parte del combustible para la base procedía de Rusia y los principales concesionarios locales del contratista del Pentágono afirmaron falsamente que iba destinado al consumo civil, con lo que se le aplicaron unos aranceles de importación inferiores. Sin embargo, desde el punto de vista del Pentágono, los contratistas hicieron exactamente lo que debían: suministrar el combustible a un precio razonable. Esa es la razón por la que se renovó el contrato.

En torno a la base ha habido un intenso chalaneo. En una reunión en febrero, la embajadora de EE. UU. en Kirguistán preguntó a su homólogo chino por los rumores de que China se había ofrecido a pagar 3.000 millones de dólares a Kirguistán si clausuraba la base americana. Los dos diplomáticos estaban hablando en ruso. “El embajador chino, visiblemente nervioso, perdió temporalmente la capacidad para hablar en ruso y empezó a farfullar en chino a su silencioso asistente, que tomaba notas justo detrás de él”, según un cable diplomático confidencial obtenido por Wikileaks. La reunión se celebró sólo unos meses después de que Washington eludiera las presiones rusas a los kirguises para que cerraran la base. Desde los ataques terroristas del 11-S del 2001, el ejército de EE. UU. ha conseguido voz y voto desmedidos en la formulación de la política exterior del país. Dos guerras y unos cuantiosos presupuestos han aportado al Pentágono fondos y facultades para hacer cosas de las que tradicionalmente se encargaban los diplomáticos. En Iraq, por ejemplo, jóvenes oficiales estadounidenses se paseaban con manojos de billetes para comprar la lealtad de insurgentes vacilantes. Ningún diplomático podría lograr esa clase de influencia.

Algo similar pasó en el nivel más alto. Según las conclusiones de un informe de la Fundación de la Sociedad Abierta de George Soros, sólo en el 2007 EE. UU. aportó 145 millones de dólares en ayuda militar a la región, o sea, “seis veces más que la cantidad gastada para fomentar el Estado de derecho, la gestión democrática de los asuntos públicos y el respeto de los derechos humanos”.

En Uzbekistán, el Pentágono regentó una base en ese país hasta el 2005, año en que el régimen uzbeko cometió la matanza de una multitud de personas que protestaban pacíficamente, con lo que colocó a Washington ante un dilema: hacer la vista gorda y conservar la base o hablar claro y ser expulsado. Aunque algunos halcones pidieron que sólo se hiciera una crítica suave del régimen, Estados Unidos no tenía otra opción que condenar la matanza y ser expulsado.

Una de las enseñanzas que se desprenden es la de que una política de seguridad desconectada de otras preocupaciones humanas en modo alguno es viable. Unas bases dependientes de regímenes volubles no pueden ser un fundamento para la seguridad de Estados Unidos. Durante el año pasado, Estados Unidos volvió a Uzbekistán – sin soldados esa vez, sólo con nuevas rutas de suministro para el mantenimiento de la guerra en Afganistán-y, al parecer, están aplicando la misma política centrada en el ejército de antes del 2005. Los defensores locales y occidentales de la democracia dicen que los funcionarios de EE. UU. en Uzbekistán han demostrado escaso interés por sus preocupaciones.

Philip Shiskin, ex corresponsal de The Wall Street Journal y miembro de Asia Society. Copyright: Project Syndicate, 2010 Traducción: Carlos Manzano