El papel de las diputaciones

El debate político ha de ser serio, riguroso y provechoso para la sociedad, y debe fundamentarse en la reflexión profunda, en la valoración serena y meditada, lo que no excluye la agilidad y la capacidad de respuesta a los retos cotidianos. Subrayo esta obviedad porque últimamente nos estamos acostumbrando a escuchar soluciones y recetas que más parecen ocurrencias oportunistas que propuestas factibles para una verdadera salida de la crisis. Hay quien reclama recortar o eliminar autonomías, y también quien sugiere dirigir las tijeras a las diputaciones. La cuestión es recortar, eliminar, reducir, como si fuera la gran solución, y sin consecuencias negativas. ¿Acaso empequeñecer el Estado al estilo neoconservador ha demostrado ser garantía de eficacia? Puesto que, en ambos casos, hablamos de Estado, de niveles de gobierno, de instancias que prestan servicios públicos, estas afirmaciones no debieran lanzarse sin calibrar sus consecuencias y repercusiones sociales.

Que existan disfunciones y deficiencias en la prestación de los servicios públicos exige que se aborde sin complejos su mejora y su reforma hasta donde sea necesario, pero no considero prudente ni justo circunscribir estos problemas a determinados niveles del gobierno y no a su conjunto. Las diputaciones desarrollan un papel fundamental en nuestro actual ordenamiento político. Es cierto que no todas han desarrollado las mismas capacidades que la legislación ofrece y que conviven diferentes modelos de diputación, pero en un territorio caracterizado por una gran fragmentación municipal, donde zonas altamente urbanizadas coexisten con otras escasamente pobladas, los niveles de gobierno intermunicipal como las diputaciones son un instrumento reequilibrador y garantizan un nivel homogéneo de servicios públicos locales.

Necesitamos las diputaciones, sobre todo en las comunidades autónomas que engloban varias provincias, donde el equilibrio territorial en las prestaciones públicas es más complejo y necesario. Hablemos, pues, de optimizarlas, con visión de futuro, no a corto plazo. Revisemos y actualicemos el marco de competencias de los gobiernos locales, adaptándolo a la realidad del siglo XXI, porque lo legislado en 1985 está superado. Actuemos y tomemos decisiones que mejoren los mecanismos de cooperación entre los niveles de gobierno central, autonómico y local. Porque los ayuntamientos -y, con ellos, la diputación, un ayuntamiento de ayuntamientos- son también gobierno de proximidad, el más cercano a las personas. Un gobierno necesario. Discutamos sobre cómo coordinar mejor los recursos y evitar duplicidades, y dotemos a los gobiernos intermunicipales de una financiación acorde con sus competencias, que debemos definir claramente. El ámbito local no reclama más dinero porque sí, sino que es el que le corresponde para ejercer sus funciones de impulso del desarrollo municipal, cohesión social y mantenimiento de unos servicios públicos de proximidad accesibles por todos. Para servir mejor a la ciudadanía, estamos dispuestos, en fin, a revisar cuanto haga falta, reconociendo la importancia del papel de los gobiernos intermunicipales.

Esta es la visión de la Diputación de Barcelona, que, desde hace ya bastantes años, desarrolla un modelo de trabajo en red con los municipios, con los que concierta las políticas y servicios públicos locales, y que conjuntamente con sus ayuntamientos está gestionando un territorio complejo en áreas como el bienestar, el medioambiente y el urbanismo, la cultura o el desarrollo económico. En este sentido, cabe entender el Libro verde de los gobiernos locales intermedios presentado ayer y cuya realización y publicación hemos promovido desde la Fundación Democracia y Gobierno Local, que agrupa a una veintena de diputaciones, cabildos y consejos insulares de toda España. Este trabajo, fruto de varios meses de cotejo de datos y de investigación de la realidad actual de los gobiernos intermedios en nuestro país, se ofrece como una propuesta de análisis y debate para actualizar su papel en el actual panorama político, y ante un futuro cargado de incertidumbres. Se trata de una aportación profunda y sin complejos, que aborda los retos de las diputaciones y demás gobiernos supralocales con la máxima disposición a discutir su función, sus competencias, su financiación, su representatividad y su organización, con el fin de contribuir a dibujar un modelo más nítido, más visible y, sobre todo, más útil y eficaz para la sociedad del siglo XXI.

Hemos presentado este Libro verde con el ánimo dispuesto a repensar cuanto haga falta para favorecer una gestión política mejor desde los gobiernos locales y supralocales. Queremos propiciar un debate a menudo demorado,pero que no queremos que ahora se plantee, como algunos pretenden, en términos simplistas y reduccionistas, sino desde la perspectiva de agilizar y perfeccionar el servicio público, una exigencia que no debe circunscribirse a periodos de crisis, sino que debe formar parte en todo momento de nuestra cultura política.

Por Antoni Fogué Moya, presidente de la Diputación de Barcelona.

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