El papel de los funcionarios

Don Julio Pomés publicó en este mismo y centenario periódico un artículo sobre los funcionarios al que me gustaría contestar (ver más abajo dicho artículo).

El artículo citado está lleno de buenas intenciones, pero, a mi modesto juicio, alejado de la realidad. Dice el autor que convendría que los funcionarios, y yo lo soy, tuviésemos incentivos económicos por el buen desempeño de nuestro trabajo. Eso estaría muy bien, siempre y cuando el reparto se hiciese a semejanza de Dios, que en su infinita sabiduría y justica, premia a los buenos y castiga a los malos.

Pero la experiencia española, particularmente la de la época de la democracia, es que esos premios los reparten los políticos, tales como ministros, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes y demás personajes. Y lo han hecho, hasta ahora, con criterios, por regla general, absolutamente nepotistas, sectarios y caprichosos, muy alejados de premiar el esfuerzo, estudio y éxito en el trabajo encargado a los funcionarios. Por lo tanto, como el del chiste, prefiero quedarme como estoy.

Eso sí, el día en que sean otros los que dirijan la Administración, o lo hagan de una forma totalmente distinta, podemos empezar a pensar en introducir esos criterios. Pero, ¿llegará ese día, o habrá que esperar al Juicio final?

Tampoco le gusta al articulista el «privilegio medieval» (sic) que supone tener un puesto de trabajo para toda la vida.

Ni es medieval, ni es privilegio. No es medieval porque la inamovilidad de los funcionarios se establece primero por el Ministro de Hacienda de López Ballesteros, en 1834, y luego la generalizó Bravo Murillo en 1849-50.

Pero además, eso que se dice privilegio vino a resolver una situación anterior mucho peor, pintada de mano maestra por Pérez Galdós, que consistía en que cada vez que cambiaba el gobierno, cambiaban prácticamente todos los funcionarios de los ministerios. Teniendo en cuenta que la media de duración de los gobiernos en España, desde 1833 (muerte de Fernando VII), y el 18 de julio de 1936 (Guerra Civil), es de cuatro meses, incluyendo los 7 años de gobierno del General Primo de Rivera, con sólo dos gobiernos, ya se puede imaginar el lector, no ya el baile de funcionarios, sino una auténtica jacaranda, que según el Diccionario de la Real Academia significa «Junta de gente alegre que de noche anda alborotando y cantando por las calles», y explica en parte el desastroso siglo XIX español.

¿Realmente se quiere volver al nombramiento y cese discrecional de los funcionarios por la sola voluntad del ministro? ¿Ese es el «avance» que se pide para la función pública? Eso es volver al Antiguo Régimen.

Tampoco es solución que el funcionario lo sea sólo por un tiempo, porque en ese caso, no sé quién va a preparar oposiciones, estudiando, según los casos, varios años diez horas diarias para abogado del Estado, juez, notario, ingeniero de industria, facultativo de bibliotecas, catedrático, y un largo etcétera, si sólo le garantiza unos añitos de ejercicio de la profesión elegida, y luego, búscate un empleo. Mucho me temo que las oposiciones a los grandes cuerpos de funcionarios quedarían desiertas, no merece la pena el esfuerzo para que luego no te garanticen nada.

Para terminar, hay funcionarios y funcionarios. No creo que deba meter en el mismo saco al ordenanza, al administrativo, al notario y al magistrado, por decir los primeros que se me ocurren, con el sargento o el capitán de Infantería que ha estado en Afganistán, o en el Líbano, con riesgo de su vida, o con el policía nacional o el guardia civil, que, desde el momento en que salen a la calle de uniforme están «en campaña», también con riesgo de su vida, sí, de su vida, o el bombero, en idéntica situación, o el médico que hace un trasplante y está horas y horas en el quirófano. El saco de los funcionarios es grande, pero quizá sería mejor repartirlos en distintas bolsas.

Termino estas palabras con mis mejores deseos para la función pública y para España.

José Yusty Bastarreche, magistrado.

Descongelar incentivos
Julio Pomés (Presidente Civismo)
ABC , 26 de septiembre de 2013

Con toda probabilidad, mañana el Consejo de Ministros aprobará otra medida fácil para rebajar el gasto público: congelar los sueldos de los funcionarios. No se entiende por qué el Gobierno pone un parche provisional más, en lugar de acometer la reforma profunda que nuestra administración necesita.

Sin duda, este ajuste es una improvisación forzada por la urgencia de reducir el gasto público en el inaplazable anteproyecto de los Presupuestos. Si de verdad el Gobierno quiere ahorrar, el mejor camino es la eficiencia y no unos recortes generalizados que desmotivan al buen funcionario y justifican al menos laborioso.

De una vez por todas, el sistema público debe adoptar los procedimientos de una rentable empresa del siglo XXI. Por ejemplo, los siguientes. Establecer un incentivo económico al buen desempeño, porque es de justicia primar al funcionario que trabaja bien frente al profesional del absentismo. Una mayor flexibilidad que permita ajustar horario y calendario a una carga de trabajo variable. Mayor movilidad para que trabajen allí donde se les necesita; los funcionarios son del Estado por lo que no pueden ser «propiedad » de unos ministerios estancos. La supresión del «privilegio medieval» que supone el carácter vitalicio del puesto de trabajo. Por último, subcontratar los servicios que la iniciativa particular puede hacer con menores costes. Debiera superarse el debate de si los servicios deben prestarlos entidades privadas o públicas y entrar en el de la rentabilidad del dinero de todos.

Obviamente estas medidas resultan más difíciles de acometer que decretar una congelación salarial, pero la responsabilidad ante la crisis exige afrontar el reto de optimizar unos recursos escasos. En los últimos cuatro años, los funcionarios han perdido de media una quinta parte de su poder adquisitivo, por lo que tendría más lógica un pequeño aumento de salario a cambio de un mayor rendimiento y facilitar prejubilaciones voluntarias.