Las acciones hablan más que las palabras. Calificar la brutal e insensata guerra en Ucrania como noble lucha contra el imperialismo occidental, mantra del presidente ruso Vladímir Putin, sería una broma pesada, si no fuera una inmensa tragedia. Este mismo dicho debería guiar la respuesta de Occidente a las crisis generadas por la guerra -entre ellas, la crisis alimentaria que se cierne sobre las poblaciones vulnerables en África-.
El cambio climático y la pandemia ya ponían en peligro la seguridad alimentaria mucho antes de la invasión de Ucrania. Pero ahora la situación es más grave, sobre todo en los países africanos más pobres que dependen de la importación de grano de Moscú y Kiev. Unos 345 millones de seres humanos se enfrentan en el mundo a la inseguridad alimentaria grave, y cientos de millones más se acuestan con hambre cada día. Como advirtió el mes pasado el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, existe un riesgo real de que este año se produzcan varias hambrunas.
La falta de acceso a las exportaciones alimentarias de Rusia y Ucrania es sólo parte del problema: estos dos países también son grandes productores de fertilizantes -además de proveedores de materia prima para su fabricación-, esenciales para el cultivo de básicos como el trigo, el maíz o el arroz. Así, la guerra rusa, sumada a la instrumentalización del gas natural (clave en la producción de los fertilizantes) empleada por el Kremlin, contribuye a la escasez que contemplamos.
Con los precios al alza, los fertilizantes se los ha llevado el mejor postor; por consiguiente, se ha colapsado el suministro de este producto a muchos países africanos, como ha sido el caso de Ghana, a pesar de compartir frontera con Nigeria, fabricante de fertilizantes. El desabastecimiento amenaza con reducir en once mil millones de dólares el valor de la producción de alimentos africana de este año. Y numerosos países han impuesto restricciones o incluso prohibiciones totales de exportar alimentos y fertilizantes.
En una noticia más que bien recibida, el Grupo OCP, gigante marroquí de fosfatos y fertilizantes, despliega un rompedor programa para mejorar la seguridad alimentaria en África. Incluye el desarrollo de planes de formación local y la innovación, además del compromiso de destinar el 20% de su producción al continente. No obstante, para evitar una crisis alimentaria catastrófica, hará falta mucho más.
Poco queda ya del optimismo cuando el lanzamiento de la “Iniciativa de Granos del Mar Negro” negociada por la ONU, que debía facilitar la vuelta de alimentos y fertilizantes ucranianos a los mercados globales. Cierto es, la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, celebrada el mes pasado al margen de la Asamblea General de la ONU, dio motivo de esperanza: en lugar de considerar cada problema de manera aislada -como se ha hecho históricamente- los líderes adoptaron una visión amplia y comprensiva de la crisis actual, con un planteamiento multilateral y una apreciación de la urgencia de la situación.
Las imágenes desde Europa, en cambio, han proyectado poca coordinación. Con apenas unas horas de diferencia, Francia anunció su «Operación de Rescate de Cosechas» (junto al Líbano, la Comisión Europea, la Unión Africana y varias instituciones multilaterales) y España emitió su Declaración de la Cumbre de Líderes sobre Seguridad Alimentaria Mundial (en su caso, acompañada de la UA, la Unión Europea y Estados Unidos).
La Comisión Europea ha asignado 600 millones de euros (582 millones de dólares) del Fondo Europeo para el Desarrollo a financiar la ayuda alimentaria humanitaria inmediata, impulsar la producción de alimentos y respaldar intervenciones que aumenten la resiliencia de sistemas alimentarios en los países más vulnerables de África, el Caribe y el Pacífico. Pero esta medida se queda corta, en particular porque el marco financiero plurianual de la UE de 2021‑27 carece de apoyo suficiente a la seguridad alimentaria y agricultura sostenible.
La UE tendrá que enmendar dicho marco para el año que viene. Y tendrá que matizar el proteccionismo agrícola que, entre otras cosas, impidió la ratificación de su acuerdo comercial con Mercosur (en este caso, los intereses de Francia y Austria no eran ajenos); en paralelo, la posibilidad de que su Política Agrícola Común se extendiera a Ucrania si el país entra en la Unión está hiriendo sensibilidades.
También hay que reconsiderar la política de la UE hacia África, que tiene más del 65% de las tierras arables del mundo, y necesita inversión financiera y tecnológica, además de incentivos que apoyen a la industria local. Como señaló el presidente del Consejo Europeo Charles Michel en la Asamblea General de la ONU en septiembre, esto incluiría proyectos sostenibles para la producción de fertilizantes en el continente.
Asimismo, la UE tendrá que revisar su querido Pacto Verde: actualizar su financiación, considerar quejas y revisar posibles vacíos, como pueden ser el impacto en la demanda de materias primas fundamentales o el riesgo de que los estándares agrícolas actúen como barreras no arancelarias contra las exportaciones africanas. En términos generales, Bruselas necesita trazar un rumbo claro y convincente, que reconozca la urgencia de la crisis alimentaria.
Al contrario de las alegaciones del Kremlin, Occidente no es responsable de originar la penuria alimentaria actual. Pero sí tiene la responsabilidad de ayudar a resolverla. No puede abandonar a los países en desarrollo a su suerte (como hizo, en gran medida, durante la pandemia de COVID‑19); más aún porque, ante el deterioro de sus calificaciones crediticias, muchos países africanos se enfrentan a costos de endeudamiento elevados, poniendo así en peligro a subvenciones nacionales a la vez que aumenta el coste de vida.
Ayudar a estos gobiernos no es solamente un imperativo moral. Al igual que el conflicto es el principal origen de las hambrunas que vienen, la inseguridad alimentaria es una importante causa de malestar social y conflicto. El cambio climático y el crecimiento demográfico exponencial (no olvidemos que en 2050, el mundo contará con 9,1 mil millones de personas a las que dar de comer) ya tensionan los sistemas alimentarios. Las crisis que estas tendencias exacerban nos afectarán a todos.
Ana Palacio, a former minister of foreign affairs of Spain and former senior vice president and general counsel of the World Bank Group, is a visiting lecturer at Georgetown University.