El paquete de Maduro no logrará ni estabilizar la miseria

El 17 de agosto de 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una nueva moneda como parte de una serie de medidas económicas. Credit Agence France-Presse — Getty Images
El 17 de agosto de 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una nueva moneda como parte de una serie de medidas económicas. Credit Agence France-Presse — Getty Images

Durante años, muchos venezolanos han estado obsesionados con el mito del chavismo práctico. Según esta noción, llegaría un momento en que el gobierno de Hugo Chávez, primero, y Nicolás Maduro, después, empezarían a administrar la economía con algún criterio de eficiencia, mientras aceleraban la represión política y se atornillaban al poder.

Las reacciones al mito también evolucionaron en la medida en que la situación del país se fue deteriorando. Del temor a que un mejor manejo de la economía perpetuara al chavismo en el poder pasamos a la esperanza de que, en medio de la catástrofe humanitaria que arropa al país, prevaleciera algo de sentido común. Pero, como el escorpión de la fábula, el chavismo no puede evitar picar a la rana que lo ayuda a cruzar el río. Es su naturaleza.

El chavismo práctico fue reavivado el 17 de agosto, cuando el presidente Nicolás Maduro apareció en cadena nacional para hacer una serie de anuncios de política económica, que contenían algunos de sus elementos más conspicuos. Maduro anunció una devaluación de 97 por ciento en la tasa de cambio oficial y aseguró que iríamos “hacia un nuevo sistema cambiario” con “un solo tipo de cambio fluctuante anclado al petro”, una pseudocriptomoneda lanzada en febrero. También declaró su intención de eliminar la impresión de dinero como mecanismo de financiamiento del gasto público, origen de la hiperinflación que azota a Venezuela. Se crearía un impuesto a las transacciones financieras y el impuesto al valor agregado subirá de 12 a 16 por ciento. En la misma alocución, decretó un aumento de 35 veces en el salario mínimo, junto con un bono compensatorio. El nuevo salario mínimo serían unos 30 dólares a la nueva tasa oficial, equivalentes al dólar diario que se utiliza a nivel internacional para identificar la línea de pobreza. El precio de la gasolina —que hoy es prácticamente gratis— sería llevado a precios internacionales, una medida que se complementaría con un subsidio directo a la persona.

Aunque algunos de estos anuncios formarían parte de cualquier programa de reformas orientado a recuperar la economía venezolana, el paquete de medidas carece de elementos que permitan resolver sus dos principales problemas. En muy poco tiempo, los cinco ceros que le acaban de restar al bolívar fuerte, volverán a colgar a la derecha del bolívar soberano.

En primer lugar, el conjunto de medidas no tiene cómo generar las divisas necesarias para importar los productos que el país no es capaz de producir. La caída en picada de la producción petrolera, el agotamiento de la capacidad de endeudamiento durante los años de bonanza y la incapacidad para atraer inversión extranjera en un entorno que no garantiza los derechos de propiedad, ha forzado al país a reducir sus importaciones por habitante en 84 por ciento en los últimos cinco años.

En segundo lugar, veinte años de expropiaciones, nacionalizaciones y regulaciones orientadas a apropiarse del flujo de caja del sector privado, han agotado al aparato industrial, por lo que el país no tiene cómo producir las cosas que ya no puede importar.

En este contexto, lo máximo que cabe esperar es que las medidas estabilicen la miseria. Una semana ha bastado para demostrar que aún esa era una meta de por sí bastante ambiciosa.

Aunque haya proclamado lo contrario, Maduro no tiene cómo pagar el aumento de salario de los empleados públicos y los bonos decretados como no sea recurriendo a la impresión de dinero. Solo en septiembre, el impacto de los anuncios —sin incorporar los efectos sobre pensionados y los tres meses de sueldos de la pequeña y mediana industria que el gobierno prometió asumir— equivaldría a 80 por ciento del dinero en circulación. Por inercia, la cantidad de dinero ya viene duplicándose cada treinta días y la inflación supera 125 por ciento mensual. La introducción de estas medidas equivale a apagar un incendio con gasolina, cuyo aumento ha sido pospuesto para finales de septiembre.

A pesar de la megadevaluación anunciada por Maduro, el precio del dólar en el mercado paralelo continúa subiendo y ya se cotiza al menos 54 por ciento por encima del dólar oficial. Para acabar con las dudas, el gobierno publicó una nueva lista de precios acordados (ya no se llaman controlados) y detuvo a varios gerentes de tiendas por el llamado “remarcaje” de precios y especulación. En estos pocos días, los venezolanos se han abalanzado sobre las tiendas con lo poco que tienen, las colas se han multiplicado y la escasez ha arreciado.

En el fondo, lo que ocurre es que las políticas que el régimen necesita para perpetuarse en el poder, no coinciden con las que la economía requiere para poder funcionar. Para subyugar a los venezolanos, el chavismo necesita del sistema de controles y una absoluta discreción administrativa. Solo así puede distribuir la renta cada vez más exigua entre las diferentes facciones que lo sostienen en el poder y mantener a la población sumisa. A fin de cuentas, esa ha sido siempre su naturaleza.

La economía venezolana, sin embargo, requiere recuperar el acceso a divisas a través de un programa que contemple financiamiento multilateral extraordinario, una significativa reestructuración de deuda y la apertura del sector petrolero a la inversión privada.

Necesita además recrear el mecanismo de mercado como herramienta que le permite a la sociedad organizarse para sacar el máximo provecho de sus recursos y resolver sus propios problemas.

Miguel Ángel Santos es investigador sénior del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard.

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