Por José Antonio Alonso, catedrático de Economía y director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (EL PAÍS, 22/01/06):
Para muchos fue una sorpresa los resultados del último Informe Foessa, en el que se dejaba constancia de la existencia de algo más de dos millones de hogares (ocho millones y medio de personas) en condiciones de pobreza en España. Bajo esa caracterización se encontraban los hogares que no llegaban a percibir por persona la mitad de la renta media disponible española. Aproximadamente 1,7 millones de esas personas padecían pobreza severa, por no alcanzar el 25% de la media nacional. Acostumbrados a identificar la pobreza con las situaciones de extrema carencia que registra la ONU en los países en desarrollo, podía sorprender la magnitud de esas cifras ¿era posible que en España viviesen ocho millones de personas en esas condiciones?
Claramente no. El concepto que utiliza Naciones Unidas es el de pobreza absoluta: es decir, aquella población que no tiene capacidad de gasto suficiente como para atender necesidades vitales que se consideran básicas. El Banco Mundial estimó ese umbral, en su versión más extrema, en un dólar diario. En esas condiciones se encuentran cerca de un 1.100.000 personas. Es claro que en España, como en buena parte del mundo desarrollado, no existe como hecho sociológico este fenómeno. Los datos antes referidos hacen alusión a un concepto de pobreza relativa, relacionado más con la distribución del ingreso (y la desigualdad, por tanto) que con la dimensión absoluta del ingreso percibido. Por ello, la línea de pobreza se expresa en función del ingreso medio (o mediano) existente en un país.
Habrá quien piense que ese modo de determinar la pobreza resta severidad al fenómeno en el caso de los países desarrollados. No obstante, conviene recordar que la percepción de la pobreza -como señaló Adam Smith- está asociada a las carencias de quien la padece respecto a su entorno social de referencia, que le impide acceder a las condiciones de lo que se considera una vida digna. Es ese criterio relativo, de posición comparada, el que fundamenta el concepto de justicia que la ciudadanía reclama del orden social e institucional vigente.
La UE viene realizando un esfuerzo notable por dotar de una medida comparable de pobreza relativa (denominada riesgo de pobreza) al conjunto de los países miembros. En este caso, el umbral que se suele adoptar es el 60% de la renta mediana del país en cuestión. Pues bien, cerca del 16% de la población comunitaria vive en riesgo de pobreza, lo que supone un total de 72 millones de personas. Los países que presentan registros más bajos, con tasas cercanas al 10%, son algunas economías anteriormente socialistas (como República Checa, Hungría o Eslovenia) y ciertos países nórdicos (como Finlandia o Suecia). En el otro extremo, con tasas del 21%, se encuentran Eslovaquia, Irlanda y Grecia. En la escala inmediatamente anterior a ese extremo superior, se encuentra España, con una tasa (19%), superior a la media comunitaria.
Este nivel de pobreza es conforme con los niveles de desigualdad que rigen en la distribución de la renta en España. Tanto si se acude a la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre (el primero tiene 5,3 veces la renta del segundo) como si se apela a un indicador tradicional de la desigualdad, el índice Gini (32%), se observa que España se encuentra en el grupo de países con mayor desigualdad de la UE, con tasas superiores a la media comunitaria.
La morfología de la población con riesgo de pobreza presenta algunos rasgos fácilmente interpretables. El riesgo de pobreza es mayor en los segmentos de población que se encuentran fuera de la edad laboral (menores de 16 años y mayores de 65); en los hogares monoparentales con hijos o en parejas con abundante descendencia; en las mujeres, especialmente las mayores de 65 años; en la población sin estudios o con sólo estudios primarios; y en las personas activas que se encuentran desempleadas.
¿Qué factores están detrás de estos resultados? Cuatro emergen como principales elementos explicativos. En primer lugar, la existencia de un mercado laboral altamente segmentado, que permite la existencia de sectores con desempleo crónico o con condiciones altamente inestables de empleo. Llama la atención, por ejemplo, la elevada proporción de jóvenes, menores de 25 años, que pertenecen al colectivo de pobres.
Un segundo factor tiene que ver con la diferenciación salarial, en función de niveles de formación de las personas, que deriva de los nuevos modos de competencia en un mercado más abierto. Lo que sitúa a las poblaciones no formadas en condiciones altamente vulnerables. No es extraño que la población sin estudios, o sólo con estudios primarios, tenga una tasa de pobreza cerca de 10 puntos porcentuales por encima de la media.
Un tercer factor está asociado a la debilidad de la política social española. Los datos son manifiestos: el nivel de pobreza en España antes de las transferencias sociales (sin contar las pensiones) se situaría en el 22%. Las transferencias sociales apenas logran reducir la tasa de pobreza al 19% (es decir tres puntos porcentuales). En el caso comunitario promedio esa reducción es de casi nueve puntos porcentuales (del 25% al 16%); y en países con potente política social, como Suecia, ese impacto llega a 18 puntos porcentuales. Es esta misma debilidad la que explica el incremento de los niveles de pobreza en las mujeres mayores de 65 años, en los hogares monoparentales o con muchos hijos y en los segmentos de población en edad no activa.
Por último, un factor adicional que no cabe olvidar es el relacionado con el fenómeno migratorio. Está debidamente probado que la inmigración tiende a ampliar el arco de la distribución de la renta, al dilatar la gama de empleos en condiciones precarias. Aunque las estadísticas no lo capten todavía, constituye un fenómeno que, sin duda, está operando también en nuestro país. En suma, la realidad española está muy alejada de la propia de un país subdesarrollado, pero todavía para demasiadas personas el bienestar constituye un paraíso distante. Del crecimiento económico con empleo de calidad, por un lado, y de una política social más activa, por el otro, depende que se mejoren los niveles de cohesión social y se sitúe a España en un puesto más confortable en la escala internacional de la equidad.