En marzo de 2013, el Consejo Europeo decidió crear la Iniciativa de Empleo Juvenil con el objetivo de que los llamados “ninis” —jóvenes entre 15-24 años que no trabajan, ni estudian, ni siguen una formación— recibiesen una oferta de empleo de calidad, educación continua, formación como aprendices o un periodo de prácticas en el plazo de cuatro meses después de terminar la educación formal o de quedarse en paro. La iniciativa complementa las acciones emprendidas a escala nacional, incluidas las financiadas por el Fondo Social Europeo (FSE), de cara a los programas de garantía juvenil, y está abierta a todas las regiones con una tasa de paro superior al 25%. Los 6.000 millones de euros previstos para el periodo 2014-2020 —la mitad en inversiones del FSE, y la otra mitad en una línea presupuestaria específica— son claramente insuficientes pues apenas suponen el 0,046% del PIB de la UE. Con todo, España tiene asignados casi un tercio, es decir, unos 1.800 millones de euros, que se deberán invertir a través de un programa operativo específico para el periodo 2014-2015.
Por otro lado, la recomendación sobre la garantía juvenil adoptada por el Consejo de Ministros en abril de 2013 va a obligar a introducir reformas estructurales en muchos Estados miembros. Los servicios públicos de empleo van a tener que aconsejar a los jóvenes parados, y también les deberán proporcionar oportunidades de trabajo, o de formación profesional, acordes con su situación personal individual. En España, el paro juvenil es del 56,55% debido, en gran medida, a que las personas que entran al mercado de trabajo antes de los 25 años son las menos cualificadas, pues la mitad tienen un nivel de estudios que llega solo a la primera etapa de secundaria. Casi la mitad de los jóvenes que perdieron su empleo en la construcción (unos 600.000) abandonaron sus estudios para dedicarse a un trabajo que ni existe ni regresará, y han pasado a engrosar el ejército de parados de larga duración.
Estas medidas de choque son de agradecer porque dan cumplida respuesta a una preocupación muy sentida por los ciudadanos y los líderes políticos, así como por las propias instituciones europeas como la Comisión, el Parlamento, e incluso el propio BCE. Además, aliviarán la situación de los parados y, aunque en muy poco, estimularán el consumo interno. Su carácter reparador/asistencial, sin embargo, las inhabilita como remedio definitivo. Entre otras razones, porque la parte más substantiva del desempleo es hoy de naturaleza estructural, lo que requiere un enfoque que sintonice con la Estrategia Europea de Empleo y estimule las acciones formativas para los más jóvenes, dada su insuficiente preparación y cualificación profesional.
Desde sus inicios en 1998, la función preventiva ha sido una constante en la Estrategia Europea para el Empleo, tanto en sus recomendaciones como en sus políticas. Así ocurre, por ejemplo, con la formación dual que hoy existe en Alemania y que permite trabajar al mismo tiempo que se cursa la formación profesional. Además, en la situación económica actual, la política de empleo debería centrar sus esfuerzos en combatir de raíz el paro neoclásico puro y el estructural, lo que exige una batería de medidas preventivas que pongan el acento en la formación y la cualificación profesionales. Por eso, es un grave error entender, como hace el Gobierno, que las políticas sociales y de empleo son un mero instrumento para garantizar el orden social. En su lugar, debería de aprovecharlas como palancas para poder crecer y generar mayor prosperidad en España. Si lo hiciese, se vería obligado a pasar de la actual política laboral de marcado corte asistencialista, a otra que fuese proactiva, capaz de anticiparse a los acontecimientos, prever sus consecuencias, e invertir con decisión en Políticas Activas del Mercado de Trabajo (PAMT), en lugar de dejar al parado pasivamente esperando la llegada del subsidio. ¡Qué humillación!
Los analistas del mercado de trabajo subrayan que Alemania debe, en gran parte, su reducida tasa de paro juvenil al programa de formación dual —clases prácticas en empresas y teóricas en centros públicos— basada fundamentalmente en el aprendizaje en empresas de más de 50 trabajadores, que son las que financian a los 1,5 millones de aprendices. El Estado, por su parte, financia las escuelas profesionales. También juegan a favor los factores culturales, pues la formación está muy valorada socialmente. Por el sistema dual pasa el 45% de los alemanes para después insertarse en el mercado de trabajo. Su funcionamiento está asociado a un mercado laboral con posibilidades de promoción interna en las empresas, lo que no es el caso en España.
Las palabras del presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schultz, son reveladoras a este respecto: “Me gusta que se aplique el sistema de aprendizaje mixto alemán. Pero habrá que ver cómo se aplica, porque los modelos socioeconómicos del sur de Europa no se parecen en nada al alemán”. En efecto, la economía alemana está muy orientada hacia la exportación, y cuenta con empresas de gran tamaño y muy especializadas, lo que las hace más apropiadas para ese modelo de aprendizaje. Sin embargo, existen dudas sobre su aplicabilidad en economías más orientadas hacia el sector servicios, como la nuestra. Desde el punto de vista de la dimensión, medida por el número de asalariados, las empresas españolas se caracterizan por su reducido tamaño. Según el INE, de un total de 3,2 millones de empresas tan solo el 4,7% cuentan con más de 20 trabajadores.
Por eso, España necesita un enfoque más acorde con la Estrategia Europea para el Empleo que introduzca cambios sustanciales en las PAMT (políticas activas) que hoy aplica el Gobierno, y que las fuerce a pasar del enfoque actual, meramente reparador, a otro de mejora de las cualificaciones profesionales, de preparación para el trabajo, y de promoción de la empleabilidad de los trabajadores. España deberá además reformar la estructura y los contenidos de los cursos de educación y de formación vocacional para que nuestros jóvenes parados se provean del tipo de habilidades que solicitan las empresas. Frente a esto, la política de empleo del Gobierno en 2013 ha sido tacaña y contradictoria: por un lado, ha solicitado los fondos europeos, y, al mismo tiempo, ha recortado en 3.113 millones de euros la partida presupuestaria dedicada a las PAMT, lo que ha supuesto una reducción del 41%, equivalente a 1,6 veces las ayudas europeas que esperaba recibir.
Para disminuir la tasa de paro juvenil, la prioridad debe ser la disminución de la tasa de paro total. En todos los países miembros de la UE la tasa de paro de los jóvenes es el doble de la tasa de desempleo total. En tiempos de crisis, los jóvenes son los primeros perdedores, sobre todo los menos cualificados. La generalización de medidas de austeridad contribuye a amplificar un fenómeno que tiene costes económicos en términos de mayores pagos por seguro de desempleo, menor recaudación por el impuesto sobre la renta, y degradación de la capacidad de producción. Pero también conlleva costes políticos y sociales como, por ejemplo, el debilitamiento de la cohesión social, la emigración, etcétera. El paro juvenil no constituye únicamente una rémora para el crecimiento económico, sino también un problema político que debe abordarse como tal. Por ello, es una pena que todas estas orientaciones europeas no hayan quedado debidamente recogidas en el plan para la puesta en marcha de los programas de garantía juvenil en España que el Consejo de Ministros envió a la Comisión Europea el pasado 23 de diciembre.
Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universitat Jaume I. Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València.