El 10 de marzo de 2022 fue el día en que el conservador Partido Popular (PP) abrió las puertas del gobierno de Castilla y León a la ultraderecha de Vox. Desde entonces, esta región española a la que apenas prestaban atención los medios de comunicación nacionales no ha dejado de protagonizar titulares, pues es la única cogobernada por la extrema derecha.
Vox, un partido que surge tras la escisión del PP más reaccionario y que rechaza condenar la dictadura franquista, ganó en esta comunidad autónoma con un escueto programa electoral: apostó —sin medidas concretas— por la defensa del mundo rural, la reindustrialización, la repoblación, el futuro de los jóvenes y la libertad. Al día de hoy, cuando la formación ultraderechista está a punto de cumplir los cuatro primeros meses como socio de gobierno, seguimos sin conocer a fondo sus planes y solo atestiguamos sus salidas de tono, sus incoherencias, su oposición a cualquier política social que amplíe los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT+ o de la población migrante. En vez de proponer, prefieren derogar, tal y como exigen hacer con la ley de violencia de género y el decreto de memoria histórica en Castilla y León. En vez de avanzar, prefieren retroceder a tiempos más oscuros. Y es ese el peligro de que se adentre en las instituciones un partido que demuestra ser machista, racista y xenófobo.
En las elecciones de Andalucía del 19 de junio, Vox pudo convertirse en el socio de gobierno del PP, como en Castilla y León, pero no hizo falta: la derecha logró la mayoría absoluta con 58 escaños. Aún así, Vox logró en esta región del sur —la más poblada de España— un buen resultado: sumó dos escaños más a los 12 que ya tenía (13.4% de los votos) y pasó de ser la cuarta fuerza política a ser la tercera.
Pero volvamos a Castilla León, porque es ahí donde se ha abierto un escenario político incierto.
Con un total de nueve provincias, es la autonomía más extensa de España, un territorio algo más grande que Portugal. Situada en el noroeste, está considerada la cuna del idioma español y es la región del mundo con más bienes culturales Patrimonio de la Humanidad. Con apenas 2.4 millones de habitantes, es la que más población pierde del país, no solo porque mueren el doble de personas de las que nacen, sino porque la falta de oportunidades obliga a sus jóvenes a marcharse. Los salarios son más bajos que el promedio nacional, la sanidad pública acumula años de recortes y aún hay zonas rurales condenadas a vivir sin una conexión decente a internet.
En febrero, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), convocó a elecciones anticipadas con la intención de librarse de su entonces socio de coalición, Ciudadanos (centroderecha), pero la jugada le salió mal. Al no conseguir la mayoría absoluta, pactó con Vox, que con 13 escaños se colocó como tercera fuerza política en el Parlamento regional, solo por detrás del PP (31) y de su eterno rival, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, 28).
En realidad Vox ya había entrado en el Congreso en las últimas elecciones de 2019 y está presente en 11 parlamentos regionales, pero esta es la primera vez que la extrema derecha entra en un Ejecutivo autonómico desde la vuelta de la democracia a España hace más de 40 años. Otros países como Alemania —con buen criterio por todo lo ocurrido en el siglo XX— rechazan este tipo de coaliciones con formaciones ultraderechistas.
En los últimos meses, el gobierno de coalición ha acaparado una gran atención mediática. “Ahora que toda España observa a Castilla y León, la vamos a poner de moda”, dijo Mañueco en su toma de posesión. Lástima, eso sí, si solo seguimos saliendo en las noticias por las bravuconadas y polémicas declaraciones de su socio de gobierno, porque esa “moda” no hace atractiva a la región.
En muy poco tiempo, el nuevo vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, un abogado de 31 años sin experiencia política, se ha convertido en el hombre más controvertido del gobierno. A pesar de que su partido quiere eliminar las Comunidades Autónomas en España —son 17 en total y asumen competencias como Educación y Sanidad—, no ha dudado en entrar en el gobierno de una de ellas. Tampoco parece tener problemas con los cerca de 80,000 euros anuales que cobrará de salario por su cargo, pese a que prácticamente no tiene funciones ejecutivas —a diferencia de otros vicepresidentes que sí ostentaron alguna consejería—.
El flamante vicepresidente ha arremetido contra la educación sexual en los colegios cuando precisamente España vive un repunte de la violencia de género —a la cual denominan “intrafamiliar”—, y ha lanzado críticas sobre la inmigración, la eutanasia o el aborto. García-Gallardo ha defendido la “familia tradicional” como solución a la despoblación reivindicando la figura de las mujeres como “portadoras y dadoras de vida”, palabras que a más de una le han recordado a la distopía que Margaret Atwood planteaba en The Handmaid’s Tale. Para más bochorno, también ha asegurado que la despoblación se debe al sexo sin fines reproductivos, pues, a su juicio, “la hipersexualización de la sociedad” es la causante del déficit demográfico.
No obstante, las declaraciones más polémicas del dirigente ultraderechista fueron las que dedicó a Noelia Frutos, diputada socialista con enanismo diastrófico que necesita moverse en silla de ruedas. "No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si fuera una persona como todas las demás”, dijo después de que Frutos le preguntara cómo consideraba que había que tratar a las mujeres con discapacidad.
Ni siquiera la lluvia de críticas hizo que García-Gallardo se disculpara. Solo se limitó a decir que la prensa había manipulado sus palabras, algo esperable, pues Vox se alimenta de la polémica.
Quien sí ofreció una disculpa por esas palabras fue Mañueco, aunque de manera tibia. Y esta situación podría seguir, dado el historial de faltas de respeto que Vox acumula en el Congreso. Allí dedican ofensas e insultos de manera constante a sus contrincantes, increpan a periodistas y despliegan discursos repletos de falsedades con el propósito deliberado de convertirse en protagonistas y embarrar la política.
Vox no ha venido a pedir perdón, sino a que normalicemos su discurso de odio. Ha venido a hacernos creer que la regresión de derechos y libertades es una opción democrática más, cuando no lo es, y el resto de partidos políticos en España debería preguntarse más a menudo por qué una formación de extrema derecha crece en número de votos cada cita electoral. De lo contrario, no solo terminarán cogobernando en más regiones, sino que podrían llegar al Ejecutivo central en las próximas elecciones, previstas para finales de 2023. Y eso sí sería iniciar un camino más oscuro.
María García Arenales es periodista española. Actualmente trabaja en elDiario.es.