En el transcurso de los últimos 50 años, el mundo ha experimentado una "gran convergencia", en la que los ingresos per capita en los países desarrollados aumentaron casi tres veces más rápido que en los países avanzados. Pero los avances en 2013 revelaron que el régimen de comercio abierto que facilitó este progreso hoy está bajo una seria amenaza, ya que el impasse en las negociaciones comerciales multilaterales promueve la proliferación de "acuerdos comerciales preferenciales" (ACP), que incluyen los dos acuerdos más grandes que alguna vez se hayan negociado -el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por su sigla en inglés) y el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por su sigla en inglés).
Las reglas y normas que surgen del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su sucesor, la Organización Mundial de Comercio (OMC), han apuntalado el modelo de crecimiento liderado por las exportaciones que permitió que los países en desarrollo saquen a millones de personas de la pobreza. La ironía es que el hecho de que las grandes economías en desarrollo hayan alcanzado una relevancia sistémica es un elemento central del impasse en las negociaciones comerciales multilaterales.
Los países avanzados sostienen que las economías emergentes deberían adoptar la reciprocidad y establecer regímenes comerciales similares a los suyos. Las economías emergentes responden que sus ingresos per capita siguen siendo mucho más bajos que los de sus pares desarrollados, e insisten en que hacer frente a sus enormes desafíos en materia de desarrollo exige flexibilidad en términos de sus obligaciones comerciales. El impasse resultante ha impedido que se lleve a cabo una discusión significativa sobre las cuestiones principales -entre ellas medidas no arancelarias, restricciones a las exportaciones, comercio electrónico, tipos de cambio y las implicancias para el comercio de las políticas vinculadas al cambio climático- que plantea una economía global abierta.
En este contexto, los mega-acuerdos ACP parecen estar a punto de reformular el comercio mundial. Las negociaciones del TPP involucran a una docena de países asiáticos, latinoamericanos y norteamericanos, entre ellos Japón, México y Estados Unidos; el TTIP abarcaría a las dos mayores economías del mundo, la Unión Europea y Estados Unidos; y la Asociación Regional Económica Integral (RCEP por su sigla en inglés) incluye a 16 países de la región Asia Pacífico. Japón también está desarrollando un acuerdo con China y Corea del Sur, así como otro con la UE.
Se dice que estos ACP tienen el potencial de mejorar las condiciones mucho más allá de las fronteras de los países involucrados. Si el TPP o el TTIP producen reformas significativas para los subsidios agrícolas que distorsionan el comercio -convirtiéndose en el primer acuerdo no multilateral en lograrlo-, los beneficios serán verdaderamente internacionales. Pero los ACP que existen hoy o que están siendo negociados se centran más en cuestiones regulatorias que en los aranceles y, por lo tanto, exigirían que los participantes alcanzaran un acuerdo sobre una amplia gama de reglas que cubren, por ejemplo, la inversión, la competencia justa, los estándares de salud y seguridad y las regulaciones técnicas.
Esto presenta no pocos obstáculos. Si bien algunas medidas no arancelarias podrían ser fáciles de descartar por proteccionistas, muchas otras cumplen objetivos legítimos de políticas públicas, como la seguridad de los consumidores o la protección ambiental, lo que hace difícil asegurar que no choquen con los principios básicos de justicia y apertura.
Es más, estos acuerdos pueden bloquear a varios grupos en estrategias regulatorias diferentes, lo que plantearía costos transaccionales para los operadores domésticos y dificultaría que los bienes y servicios externos pudieran ingresar al bloque. Esta segmentación del mercado podría alterar las cadenas de suministro y generar una desviación comercial que afectaría la eficiencia.
Finalmente, la capacidad de los mega-acuerdos ACP para fijar normas que beneficien a los no participantes podría resultar más limitada de lo que muchos creen. Las reglas comerciales transatlánticas sobre la valuación de la moneda, por ejemplo, podrían resultarle indiferentes a Japón. Mientras que determinadas reglas para proteger la propiedad intelectual sólo lograrían impedir la participación de Brasil y la India.
Superar estos obstáculos exigirá, primero y ante todo, cierto nivel de coherencia entre los ACP, como que los diferentes acuerdos se rigieran por principios más o menos similares en materia de cuestiones regulatorias. Es más, si se llega a percibir al regionalismo como coercitivo y hostil, los países podrían formar bloques comerciales defensivos, lo que generaría una fragmentación económica y agravaría la tensión en torno de la seguridad. Para impedir que esto suceda, los acuerdos deberían ser relativamente abiertos a los nuevos participantes y flexibles ante la posibilidad de una "multilateralización".
Sin embargo, la necesidad de una coherencia en cuanto a las políticas se extiende más allá de los mega-acuerdos ACP. Para obtener resultados óptimos en el comercio internacional hace falta prestarle atención en todo los niveles a la interface entre el comercio y un montón de otras áreas de políticas.
Consideremos la seguridad de los alimentos. Las políticas nacionales efectivas concernientes a la tierra, al agua y a la gestión de los recursos naturales, la infraestructura y las redes de transporte, los servicios de extensión agrícola, los derechos de propiedad de la tierra, la energía, el almacenamiento, el crédito y la investigación son tan importantes como los acuerdos comerciales a la hora de transferir alimentos de los países con excedentes a aquellos que los necesitan.
De la misma manera, la cooperación regional en materia de agua e infraestructura es esencial para mejorar las relaciones diplomáticas y establecer mercados que funcionen bien. Y, a un nivel multilateral, la producción agrícola y el comercio están influenciados por políticas sobre subsidios, aranceles y restricciones a las exportaciones (aunque las últimas actualmente no se rigen por las reglas estrictas de la OMC).
A pesar del gran valor de la cooperación regional y las políticas nacionales coherentes, un sistema comercial multilateral funcional sigue siendo vital. Para revitalizar la cooperación comercial multilateral, los gobiernos deben trabajar en conjunto para abordar las cuestiones no resueltas desde la agenda de Doha, como los subsidios agrícolas y la escalada arancelaria. Sin duda, el acuerdo alcanzado en la reciente conferencia ministerial de la OMC en Bali representa un beneficio para el comercio mundial y la cooperación multilateral.
Pero los gobiernos deben ampliar la agenda para que incluya lineamientos destinados a asegurar que los mega-acuerdos ACP no generen una fragmentación económica. Nuevas reglas de la OMC sobre las restricciones a las exportaciones podrían ayudar a estabilizar los mercados internacionales para las materias primas agrícolas. Se podría liberalizar aún más el comercio en servicios, mientras que la aplicación de subsidios industriales podría impedir que los objetivos de innovación verde de los países se pierdan en medio de la presión para fomentar el empleo fronteras adentro.
Es más, reglas globales sobre inversión podrían mejorar la eficiencia de la asignación de recursos, mientras que lineamientos internacionales para políticas de competencia satisfarían los intereses de los consumidores y la mayoría de los productores de manera más eficiente que el sistema de parches existente. Una mayor cooperación con el Fondo Monetario Internacional sobre cuestiones vinculadas al tipo de cambio, y con la Organización Internacional del Trabajo sobre estándares laborales, podría reducir las tensiones comerciales y mejorar la incidencia del comercio en lo que concierne a mejorar la vida de la gente.
Una estrategia compartida para abordar las medidas no arancelarias ayudaría a los países a evitar una fricción comercial innecesaria. Y nuevos progresos en la producción de energía podrían facilitar una cooperación internacional más significativa en materia de comercio e inversión en el sector energético.
Todo esto exigiría que las economías emergentes aceptaran un eventual alineamiento de sus compromisos comerciales con los de las economías avanzadas, y que los países avanzados aceptaran que los países emergentes merecen períodos de transición prolongados. En 2014 y después, todas las partes deben reconocer que, en un mundo multipolar, un sistema de comercio internacional basado en un conjunto actualizado de reglas es la manera menos riesgosa de perseguir sus objetivos de crecimiento. El reciente acuerdo de la OMC alcanzado en Bali sobre una reestructuración de los protocolos fronterizos, entre otras cuestiones, demuestra que efectivamente se pueden dar pasos importantes en esta dirección.
Pascal Lamy, former Director General of the World Trade Organization, is Chair of the Oxford Martin Commission for Future Generations.