Por Ana María Moix, escritora (EL PERIÓDICO, 29/10/05):
Me abstengo de hablar del nuevo Estatut de Catalunya, de sus posibles bondades y de sus supuestas incompatibilidades con la sacrosanta Constitución. El Estatut, tanto el nuevo como el anterior, es un instrumento de trabajo conformado por un cúmulo de normas legislativas redactadas en un código lingüístico que no está a mi alcance interpretativo. Son las gentes dedicadas al ámbito del derecho constitucional quienes deberán considerar su pertinencia o, en caso contrario, su errónea naturaleza y, posteriormente, traducirnos, a la ciudadanía, su significado real con ayuda de los políticos que lo han propulsado y se dispongan a defenderlo, o de los que, disconformes con su contenido, emprendan la cruzada de rechazarlo.
Y ahí, en esa supuesta ayuda por parte de los políticos, radica lo peor del asunto. Los políticos, que deberían estar iniciando ya una profunda y seria labor de pedagogía explicando, de manera clara y exenta de maniqueísmos, qué significa el nuevo Estatut y la reforma de la financiación, están más implicados en sus labores”, las encaminadas a los intereses de sus propios partidos o a los de sus meras personas, que en las que representen algún beneficio para el ciudadano.
La seriedad de la reforma estructural de lo que hasta ahora conocemos por España es, en verdad, enorme. La importancia de la discusión que se anuncia es tal que, francamente, da miedo.
No por la naturaleza del proyecto, sino por la de los personajes que habrán de intervenir en dicha discusión. Personajes, la mayor parte de los políticos sentados en los bancos del Congreso de los Diputados de Madrid, a los que, de pronto, cual niños de familia rica, les ha caído en las manos un juguete caro, de importación, que no saben como funciona, aunque crean que lo dominan, y que les puede explotar en las manos o hacer con él lo que es también propio de niños malcriados cuando se aburren ya del objeto con el que les han obsequiado y ya no saben qué hacer con él: reventarlo y decir a los mayores que lo ha destrozado el vecino de al lado.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, el tripartito, al presentar a trámite a la Mesa del Congreso del proyecto de Estatut, ha actuado como si esto, España, fuera Suecia, olvidando que vivimos en “un país de cabreros”, como escribiera Jaime Gil de Biedma. Un “país de cabreros” donde, me permito añadir, todo el mundo lleva su manual de la Inquisición bajo el brazo y no duda en vociferarlo a los cuatro vientos con toda irresponsabilidad e impunidad.
EL “NO, NO Y NO” a todo cambio, ya sea social o político, es el pendón oral de esa gran parte cavernícola del país para la que una propuesta de diálogo supone una declaración de guerra. En cualquier país civilizado, no ya un Parlamento de una comunidad que lo integre –como Catalunya–, sino un grupo de ciudadanos del talante ideológico que sea puede permitirse presentar un proyecto de ley al Congreso de la nación sin que nadie llame a la confrontación civil (que es lo que está haciendo el Partido Popular y algún que otro medio de comunicación, sobre todo de los que envenenan a la ciudadanía por las ondas).
Aquí, líderes de partidos que arrastran a millones de ciudadanos a las urnas, militares, obispos, banqueros (es decir, las cabezas visibles de los poderes capitales) se han permitido vaticinar desmembraciones de estados, ruina económica, condenación de las almas y, lo más grave, odio entre pueblos que desencadenó la guerra del 36, antes de haber tenido tiempo ni de leer el proyecto del nuevo Estatut.
Entre las voces más envenenadas que se han alzado, se alzan y se seguirán alzando, las más peligrosas (aparte de las de los líderes del Partido Popular) son, justamente, las de una emisora de radio financiada por la Santa Madre Iglesia española, que no descansa, ni de día ni de noche, sembrando ese odio que, dicen ellos, va a desencadenar el nuevo Estatut de Catalunya. No comprendo cómo a esa emisora de radio y a sus más insidiosos voceros no se les aplica la ley antiterrorista: están sembrando más odio, están predicando más segregación, están envileciendo al ciudadano más que todos los periódicos vascos clausurados por el Gobierno.
SIN EMBARGO, tanta irresponsabilidad por parte de unos y otros, tanto extraño afán por sembrar la confusión, es menos moralmente grave –y es mucho decir– que la actitud de buena parte de la clase política española. Y se da por sentado que los líderes políticos se han de ocupar de los asuntos importantes que atañen a toda la población; pero, sin embargo, la verdad es que estos dirigentes aprovechan cualquier problema nacional, por muy importante que sea, para barrer para su casa, es decir, para su partido, y lo que menos importa es el problema en sí mismo.
Pero que dentro de un mismo partido ocurra lo mismo es ya el colmo. Y eso es lo que está sucediendo en el PSOE. Que señores como José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Manuel Chaves o Francisco Vázquez se pronuncien en contra del nuevo Estatut como lo están haciendo, con lenguaje tan cercano al de la oposición –a la que le están prestando un servicio imposible de pagar con dinero– clama al cielo. Parece –malpensando– que actúen por resentimiento contra José Luis Rodríguez Zapatero, pasándole cuentas atrasadas por haber sido él, y no ellos, el elegido como secretario general del PSOE y, por tanto, candidato a las elecciones que ganó. En fin, es para darles de comer aparte.
Se puede estar o no de acuerdo con el nuevo Estatut, pero anteponer el pendón oral del no al diálogo no es propio de gentes que figuran en un partido de izquierda.