Durante la reciente vista sobre la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo para impedir que la zona del euro se desmorone, Andreas Vosskuhle, Presidente del Tribunal Constitucional de Alemania, formuló una pregunta importante: ¿condenan los economistas no alemanes las operaciones monetarias de compraventa tan inequívocamente como todos los expertos alemanes que testificaron, menos uno?
Naturalmente, hay economistas alemanes (por no citar el gobierno de la Canciller Angela Merkel) que apoyan las políticas del Presidente del BCE, Mario Draghi. Aun así, una mayoría abrumadora de economistas alemanes (y posiblemente holandeses y fineses) parecen ser partidarios de mantener el BCE entre bastidores en la crisis de la zona del euro. Es un asunto fiscal –dice el economista alemán típico– y la política monetaria no ayudará; al contrario, su activación sólo empeora la situación.
Naturalmente, todo el mundo preferiría que la divisoria entre política monetaria y política fiscal no hubiera quedado desdibujada a consecuencia de la crisis, pero atenerse ciegamente a los principios habría sido una opción muy peligrosa para el BCE. Habría equivalido a aceptar en 2012 lo que se ha denominado “riesgo de redenominación”, expresión de la neolengua que significa “ruptura de la zona del euro”.
No obstante, al lanzar su plan de operaciones monetarias de compraventa, el BCE ha comprometido a los contribuyentes alemanes (y otros del norte de Europa), sin la aprobación de sus parlamentos, con una posible obligación de rescatar… pero, ¿a quién exactamente? De hecho, parece que el contribuyente típico del norte de Europa apoya al inversor típico en bancos del norte de Europa que están excesivamente expuestos a las deudas de los países del sur de Europa.
Asimismo, los expertos juristas alemanes interpretan las actividades del BCE como incompatibles con las disposiciones de los tratados europeos que prohíben los rescates y la financiación monetaria de la deuda de los miembros de la zona del euro y podemos entender fácilmente la gran renuencia de los funcionarios a hacer caso omiso de las obligaciones legales y a arriesgarse a incurrir en responsabilidad penal por prevaricación.
Naturalmente, el Tribunal Constitucional de Alemania no redacta las normas, pero tiene la obligación de formular una interpretación desapasionada de los acuerdos jurídicos y es famoso por hacerlo, razón por la cual es la institución del país que goza de mayor confianza por parte de los ciudadanos.
Sin embargo, el BCE está en lo cierto al decir que afronta condiciones monetarias muy diferentes en los distintos Estados Miembros; de hecho, la zona del euro es semejante a un sistema de tipos de cambio fijos que funcione mal, con todos los riesgos consiguientes. En última instancia, limitar al BCE a aplicar sus instrumentos ortodoxos equivale a aceptar el riesgo de desplome de la zona del euro.
Sobre ese fondo, los inversores institucionales se aseguraron –con toda racionalidad– contra una ruptura de la zona del euro retirándose tras unas fronteras seguras. En vista de que la política no sirvió para reaccionar, el BCE tuvo que hacerse cargo de un segundo papel de intermediación: mitigar con su sistema Target2 los efectos de una resegmentación de los mercados financieros europeos conforme a las divisorias nacionales. Se trata de un predominio fiscal en su forma más pura.
A ese respecto es como más importa la pregunta de Vosskuhle. Los debates dentro de los Estados miembros de la zona del euro convergen en lo que los expertos juristas llaman herrschende Meinung (“opinión predominante”), que, a su vez, parece reflejar las condiciones de sus países como acreedores y deudores. A reforzarlo contribuye el poco incentivo que tiene el economista típico interesado en su carrera profesional para desviarse. Los medios de comunicación no son un remedio, pues la competencia para obtener buenas calificaciones por sus públicos los obliga a preferir la simplificación excesiva a la diferenciación, la complejidad y el matiz.
Desde el punto de vista substancial, que el Tribunal Constitucional alemán evita explícita e intencionalmente, el argumento a favor de las operaciones monetarias de compraventa siempre ha consistido en prevenir que una crisis de liquidez se transforme en un problema de solvencia, en particular en la periferia de la zona del euro. Desde la perspectiva de un inversor, el mecanismo es sencillo: todos se muestran reacios a invertir en deuda pública o privada de un país que sea vulnerable a la redenominación. Por sí sólo, ello crea un riesgo de refinanciación, razón por la cual una empresa pequeña, por ejemplo de Bozen (Bolzano, en el sur del Tirol de Italia) está sujeta a gastos financieros mayores que su competidora en Innsbruck (en el norte del Tirol de Austria).
El éxito del plan de operaciones monetarias de compraventa depende de una capacidad ilimitada para intervenir: hacer “lo que quiera que haga falta”, como dijo Draghi con una fórmula celebre. Constreñir legalmente esa capacidad sería contraproducente. Así, pues, si el plan de operaciones monetarias de compraventa no es viable conforme a las disposiciones actuales de los tratados, se deben enmendar éstas, que, al fin y al cabo, son de origen humano, no divino.
Pero un cambio de los tratados requeriría la participación del público europeo y someter las revisiones propuestas a referéndum populares en varios Estados miembros. En vista de lo frecuentemente que han fracasado dichos referéndums en los últimos años –por ejemplo, en Francia, en los Países Bajos y en Irlanda–, ésa es una posibilidad que todo el mundo desea evitar.
Lo que resulta desalentador es que reflexionemos sobre esos argumentos tan infrecuentemente. En realidad, en ninguna parte se debaten clara y transparentemente los requisitos previos mínimos para una unión monetaria que funcione. Como los políticos están centrados en el votante medio y en unos medios de comunicación que engendran pensamiento grupal, la zona del euro va girando mal que bien y sobreviviendo apenas.
Pero, para que la zona del euro sea una propuesta sensata a largo plazo, la mera supervivencia no basta. La justificación principal para una unión monetaria no pueden ser las consecuencias posiblemente desastrosas de su fracaso. Aún menos convincente es el argumento neomercantilista de que la zona del euro permitiría unos superávits por cuenta corriente indefinidos (no es así).
Originalmente, la unión monetaria de Europa había de brindar un marco estable para que sus economías, profundamente integradas, aumentaran el nivel de vida de forma sostenible. Aún puede hacerlo, pero, para ello, es necesario reconocer lo que la crisis ha revelado: los fallos institucionales de la zona del euro. Para remediarlos, hace falta un mínimo de federalismo y legitimidad democrática proporcional y, por tanto, una mayor disposición a la adaptación institucional.
Hans-Helmut Kotz, a senior fellow at the Center for Financial Studies, Goethe University, Frankfurt, and a resident faculty associate of Harvard University’s Center for European Studies, was a member of the board of Deutsche Bundesbank from 2002 to 2010, in charge of financial stability, markets, and statistics. Traducido del inglés por Carlos Manzano.