El peor sordo

Ya lo sentencia nuestro sabio refranero: «es el que no quiere oír».

La celebración de la Pascua Militar no se ciñe solo a los brillantes actos del Palacio Real, aunque no merezcan la retransmisión de la televisión pública. Ya ordenaba el buen rey Carlos III al instituirla, que los «Virreyes, Capitanes Generales Y Comandantes Militares hiciesen llegar a sus tropas su regia felicitación». Por supuesto en la felicitación van anexos mensajes, balances y proyectos que hoy en día coordina el Ministerio de Defensa sin grandes problemas. Las líneas maestras de este año venían definidas por los 175 años de nuestra Bandera, –«que simboliza al conjunto de nuestra nación, signo de su soberanía, independencia, unidad e integridad» en palabras del Rey–, los 30 de la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas, el recuerdo de los tres mil y pico soldados y marineros ausentes y la reiterada cita numérica de algunos programas industriales.

Los Capitanes y Comandantes Generales periféricos siguieron estas líneas con algunos matices. No siempre lo citado por ellos ha sido del agrado del político de turno. Que se lo pregunten a un honesto y leal general –José Mena– que en Sevilla recordó lo mismo que el pasado día 6 reiteró, clara y contundente, la Ministra Robles. Por supuesto el Estado de Derecho debe utilizar todos los recursos que la Constitución –«como marco de convivencia en el que todos tienen cabida bajo el imperio de la Ley y el respeto a los valores democráticos»– le asigna. Por supuesto muchos, no han querido escuchar. Algunos ya hicieron oídos sordos a las sentencias del Tribunal Constitucional o del Supremo y pueden verse sentados ante unos Magistrados el próximo día 22, esperando una posterior respuesta política en forma de amnistía o indulto. Por supuesto no nos alegra ver a compatriotas en prisión preventiva. Pero menos nos alegra constatar cómo han puesto en peligro nuestra convivencia –cuando vuelvo a comparar el modelo de transición yugoslava comparándolo con el del 78– o haciendo de su fuga una insidiosa y constante denuncia sobre nuestro propio Estado de Derecho.

Volviendo a la periferia, me detendré en dos celebraciones: la de la Capitanía de Barcelona y la de la Comandancia de Baleares realizada esta en dos ciudades, Palma y Mahón: la primera como sede de la propia Comandancia, la segunda al ser la conquista a los ingleses de su castillo de San Felipe, la que dio lugar a la celebración de la Pascua desde 1782.

En Barcelona el Capitán General Fernando Aznar, orgánicamente Inspector General del Ejército, arropó a los Mossos defendiéndoles de las presiones a que han sido y son sometidos. Claro mensaje de Estado a un Cuerpo que creó Felipe V y del que fue su jefe hasta fechas relativamente recientes. Invitó a todos a la unidad y concretamente a la coordinación entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, «velando por la defensa de la Ley, la seguridad y el orden público en Cataluña» algo que deben valorar enormemente los ciudadanos del Principado. Pero no había representantes del Govern –otra vez la sordera institucional– para recoger el mensaje.

No más fácil se lo pondrían en Palma al Comandante General de Baleares, Juan Cifuentes. A los tres meses de los desastres naturales de San Llorens –con indiscutibles agravantes derivados de una mala gestión urbanística y medioambiental– que causaron 13 víctimas mortales y en los que desde el primer momento Guardia Civil y el Regimiento Palma 47, luego la UME, se dejaron la piel y después de haber gestionado personalmente el montaje de un puente militar en la carretera que une Artá con el Puerto de Alcudia, se encontró con que ninguna de las autoridades del Govern balear –ni siquiera la responsable de emergencias–, ni del Parlament, ni del Consell de Mallorca, acudiesen a la recepción del Palacio de la Almudaina.

Otros sordos.

Honra a las autoridades de Menorca haber respondido de forma completamente diferente.

Pero hay un mensaje, en mi opinión superior, en las palabras del General Cifuentes. Se refirió, midiendo bien los términos a «que el militar es el único colectivo con los derechos civiles limitados, pero acepta de buen grado esta condición». Consecuentemente «debemos trabajar para que nuestro personal tenga niveles de calidad de vida y condiciones de trabajo similares a los del resto de la población a la que sirven, compensando las exigencias de la vida militar». Añadiendo: «Debemos apoyar iniciativas dirigidas a la mejora de sus retribuciones y al perfeccionamiento de las medidas de movilidad geográfica». Pero necesitamos «la ayuda y el reconocimiento de la sociedad y de sus representantes». En Palma, ningún representante.

Por supuesto situaciones preocupantes.

Pero, peores sorderas se han curado, bien en botica, bien en quirófano.

Luis Alejandre

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