Hace dos años, el Parlamento australiano aprobó el Código de Negociación de Medios Noticiosos (News Media Bargaining Code), que obligó a Meta (Facebook) y Alphabet (Google) a compensar a los medios cuyos contenidos noticiosos se compartieran en sus plataformas. La ley ha sido un notable éxito, ya que los medios de prensa están recibiendo más de AU$200 millones ($133 millones) al año por parte de las Grandes Tecnológicas.
El código de medios australiano ha concitado mucha atención, en tiempos en que la financiación destinada a noticias locales cae en picada, disminuye la cantidad de empleos en el ámbito periodístico y se necesitan con urgencia políticas de fomento de la producción de noticias de alta calidad. Google y Facebook han atraído grandes cantidades de ingresos por publicidad que, de otro modo, estarían recibiendo los medios de comunicación tradicionales y los legisladores de todo el mundo reconocen cada vez más que las principales plataformas tecnológicas tienen un nivel de responsabilidad en apoyar el periodismo de interés público.
Con poca fanfarria, otros países -como Brasil, Indonesia, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos- han iniciados sus propias versiones de la ley australiana. Como observara hace poco Pierrick Judeaux, director de cartera del nuevo Fondo Internacional para Medios de Interés Público, el código de medios se ha convertido en parte del “poder blando” de Australia. A lo largo de los últimos dos años, funcionarios australianos han recorrido el mundo para promoverlo, advirtiendo a sus pares que Google y Facebook cabildearán con fuerza, reforzarán su presión con grandes cantidades de dinero y jugarán sucio para evitar la propagación de leyes de este tipo.
Google, en particular, ha elevado la intensidad de sus esfuerzos por bloquear estas leyes. En varios países, a los medios más pequeños y online les preocupa el que el código de medios beneficie principalmente a los medios de prensa tradicionales. Aprovechando este escepticismo y buscando crear divisiones, Google ha cerrado tratos privados con un selecto grupo de medios canadienses y apunta a comenzar negociaciones formales con medios sudafricanos en las semanas venideras. Para recibir apoyo financiero de la compañía, los medios deben prometer que se abstendrán de buscar compensaciones adicionales en caso de que se promulguen nuevas leyes.
Pero Google ha ido más allá, promoviendo activamente la narrativa de que solo los medios de comunicación principales se han beneficiado del código de medios australiano. Esta afirmación es falsa: esta ley ha beneficiado tanto a grandes medios del conglomerado de Rupert Murdoch como a pequeñas organizaciones noticiosas. Country Press Australia, asociación que representa a más de 100 medios noticiosos regionales y locales, y la Fundación Minderoo han colaborado con medios pequeños para facilitar la negociación colectiva. En una evaluación reciente de la nueva ley, el Tesoro australiano reveló que hasta ahora se ha llegado a 30 acuerdos de financiación, y que algunos de ellos abarcan decenas de publicaciones.
Aunque el código de medios no es perfecto, es una herramienta valiosa que se debe fortalecer más que atacar. Una de las críticas que ha recibido en Australia es que los pagos de las grandes tecnológicas a los medios de prensa se mantienen en secreto. De promulgarse, la versión canadiense mejoraría la transparencia al requerir que las organizaciones noticiosas divulguen esta información a las entidades reguladoras (pero no al público general). El proyecto de ley canadiense también establece los criterios de elegibilidad, exigiendo a los medios que cumplan ciertos estándares editoriales y empleen un mínimo de dos personas a tiempo completo. Es más, los medios que califiquen deberían enviarle informes anuales.
Las versiones futuras del código deberían incluir cláusulas que requieran que los acuerdos entre las organizaciones de medios y las compañías tecnológicas se hagan públicos y que los medios que reciban fondos de tecnológicas como Google y Facebook los usen para mejorar su cobertura noticiosa. También debería estar a disposición del público la información sobre cómo las plataformas digitales calculan el valor de las noticias que diseminan y cómo determinan su calendario de pagos. Este nivel de transparencia es crucial para asegurar que los medios noticiosos reciban un trato justo.
Además, los medios más pequeños también se deben incluir en estos códigos, como han enfatizado organizaciones de defensa de los medios como la británica Fundación por las Noticias de Interés Público, el sudafricano Foro Nacional de Editores y la brasileña Asociación de Periodismo Digital. Por su parte, los gobiernos deben abstenerse de refundir los códigos en proyectos de ley amplios que impongan limitaciones a la libertad de expresión y permitan al estado censurar el contenido de las noticias.
Como la periodista brasileña Natalia Viana ha hecho notar recientemente, la táctica de Google ha hecho que sus partidarios se distancien de ella, generándole repercusiones adversas. Frente a la creciente popularidad del código de medios australiano, Google ha recurrido a hacer amenazas, diciendo que dejaría de propagar noticias si se le pedía que pagara por ellas y, a los periodistas, que retiraría su aporte financiero a los medios noticiosos. Las autoridades brasileñas se encuentran investigando a la compañía por “prácticas abusivas” relacionadas por sus presiones contra la versión local del proyecto de ley. A principios de mayo, justo antes de la fecha programada para su votación, Google modificó sus resultados de búsqueda, de modo que los usuarios que ingresaran consultas recibieran resultados sosteniendo que la propuesta de ley arruinaría la internet.
Ha sido frustrante ser testigos de la escasa cobertura dada a las duras tácticas adoptadas por Google y Facebook. Las negociaciones secretas entre las plataformas y las organizaciones noticiosas en Sudáfrica, país donde los medios, en su desesperación, se apresuran a alcanzar un acuerdo con Google porque no se pueden permitir esperar a que culmine el proceso legislativo, ilustran la magnitud de la crisis actual.
Financiar un periodismo de calidad exige un esfuerzo colectivo, y resulta crucial que las plataformas de las Grandes Tecnológicas hagan su parte. Si se considera que Google y Facebook se han resistido a pagar derechos de autor, han tratado de evitar pagar impuestos, apelado a las multas que han recibido, y presionado vigorosamente para influir sobre legisladores y periodistas, no está nada de claro que terminen por aceptar del todo cualquier plan de financiación. Pero tras años de obtener grandes utilidades por diseminar contenido periodístico de calidad producido por otros, ya es hora de que dejen de poner obstáculos y paguen por él.
Anya Schiffrin, a senior lecturer at Columbia University’s School of International and Public Affairs, is the author, most recently, of Media Capture: How Money, Digital Platforms, and Governments Control the News (Columbia University Press, 2021). Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.