El personal sanitario salva al sistema de salud

Es notoria una campaña socialista, de publicidad adoctrinadora, que no sólo no reconoce el evidente fiasco del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante la actual pandemia, sino que trata de revalorizarlo, al insistir en que, gracias a su "carácter público" y a la "universalidad" conseguida por la Ley General de Sanidad (abril de 1986), nos protege uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

Da rabia que se aproveche una circunstancia como la que padece España para falsear hechos y consolidar mitos, en esta ocasión de carácter sanitario, al objeto fullero de hacer propaganda sectaria. Porque el derecho a la protección a la salud no se desarrolla a iniciativa de la izquierda; ni el SNS establece, por primera vez, un sistema público de salud; ni la universalidad la crea el PSOE; ni el ministro Lluch implantó uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo; ni, desafortunadamente, estas afirmaciones son más que el cultivo de una fábula publicitaria.

Para evidenciar aquellos asertos, sintetizando mucho, intentaremos recordar el camino conceptual y temporal de la historia sanitaria, sólo en las referencias tan cacareadas de "sistema público" y "universalización".

El primer sistema de protección a la salud se configura en la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad (diciembre de 1942), referida a asistencia sanitaria, y en la Ley de Bases de Sanidad Nacional (noviembre de 1944), sólo ateniente a salud pública. Es tiempo franquista, como lo es el de la siguiente creación de la impresionante estructura hospitalaria de la Seguridad Social. Todo esto es una certeza tan palpable que negarlo, o ignorarlo, es de maliciosos relatores de la historia política.

El segundo sistema de protección a la salud subsiste en el orden de salud pública desarrollando aquella primera ley bajo las competencias del Ministerio de la Gobernación (actualmente de Interior) a través de la muy acreditada, aunque insuficiente financieramente, Dirección General de Sanidad. Y, paralelamente, se promulga la Ley de Bases de Seguridad Social (diciembre de 1963), cuyo número 17 señala que "la gestión de la Seguridad Social se efectuará bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo, por Entidades Gestoras, con plena capacidad jurídica y patrimonial para el cumplimiento de sus fines" y, también, en dicha Base se garantiza la real participación de trabajadores y empresarios en dichos organismos; y en cuyo número 18 se señala que "los recursos para la financiación de la Seguridad Social están constituidos por, principalmente, cotizaciones de empresas y trabajadores y subvenciones del Estado". Es el modelo que aceptan y desarrollan los Pactos de la Moncloa de 1977. Es decir, los poderes públicos, la participación social y el Estado, con todos los poderes, excepto la gestión, la participación y la financiación.

El tercer sistema, ya centrista, pero aún preconstitucional, se prepara con la creación (junio de 1977) de un Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, y con un D.L. de Gestión Institucional de la Salud, la Seguridad Social y el Empleo (noviembre de 1978). En estas disposiciones se decide, principalmente, la fusión, bajo una sola dependencia orgánica, de la sanidad (Salud Pública) y la asistencia sanitaria (Seguridad Social). Y se crea, para la primera, la Administración Institucional de la Sanidad (AISNA) organismo autónomo, centralizador de la Medicina Preventiva y Salud Pública; el Insalud para la Asistencia Sanitaria; el Inserso para los Servicios Sociales; y el INSS, que administra la "caja única" de la Tesorería General. Todo ello, insistimos, es aportación de la Unión de Centro Democrático (UCD).

Hay que hacer notar que en el segundo y tercer sistema, la Seguridad Social Europea y, desde luego, la española, ya ha asumido su "universalización", mediante la creación de Regímenes y Sistemas Especiales de la misma. Por ejemplo, quien esto expone, firma la incorporación a aquéllos de algunos colectivos aún difíciles de encajar dentro de los mismos, como el clero, artistas, escritores, toreros y farmacéuticos. En 1986 sólo quedaban fuera de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social algunos profesionales, cubiertos por sus propios sistemas mutuales, y los sin derechos, atendidos por las beneficencias locales. Todo ello suponía la cobertura sanitaria de un, aproximadamente, 93% de la población española.

En la nueva Constitución Española (noviembre de 1978) aparece el esencial artículo 43, y en él se reconoce el derecho a la protección a la salud, se supone que de todos y, sin mencionar que sea a través de la Seguridad Social, señala que compete a los "poderes públicos" organizar y tutelar la Salud Pública (no la Asistencia Sanitaria), a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Tan confusa redacción hay que completarla con el significado del artículo 149.16, referido a Bases y Coordinación General de la Sanidad, y el número 17 del mismo, alusivo a Legislación Básica y Régimen Económico de la Seguridad Social.

El cuarto "sistema, el actual, es decir, el socialista, compone la forma en que esta doctrina interpreta dicho artículo 43 de la CE-78. Su principal filosofía es asumir directamente por el Estado la gestión de la Seguridad Social; sustituir sus Entidades Gestoras por las comunidades autónomas; y cambiar cotizaciones sociales por impuestos del Estado, eliminando, en consecuencia, el concepto "asegurado", por el de "ciudadano". El caos consecuente a aquella ley (con enmiendas a la totalidad del PP, del CDS, de centristas y otros grupos parlamentarios), duró quinquenios, en los que el PP, increíblemente succionado por esta "nacionalización", intentó poner orden con la fracasada Ley de Cohesión y Calidad del SNS (mayo de 2003).

Esta última ley consolida ex lege la "universalización" que, después, es excepcionada en los decretos leyes de "recortes" (abril y agosto de 2012), para extranjeros ilegales, pero que, sin embargo, amplía la cobertura, de carácter voluntario, a determinados colectivos de protección mutual. Es la derogación de aquel recorte mínimo (julio de 2018) el que magnifica la izquierda para proclamarse, cínicamente, autora de tan sugestiva "universalización".

Es a este cuarto sistema, el estatista, al que nos referimos cuando hablamos de fiasco, fracaso o decepción. Cuando aparece la pandemia, es decir, cuando realmente se le pone a prueba, aquel SNS está financieramente quebrado, su organización territorial y funcional es el mayor ejemplo de descoordinación y disfuncionalidad posible, y no existe participación ciudadana alguna en la toma de decisiones a tomar, si exceptuamos la de los partidos políticos integrados en un poder parlamentario, legal pero no legitimado, que abusa de su posición jurídica y que, probablemente, ya "no nos representan".

Una vez desmontados embustes y cinismos, hay que resaltar que es el solo factor de Recursos Humanos el que salva, por ahora, al SNS. Son los profesionales sanitarios los que han actuado, por individual responsabilidad hipocrática, con la eficiencia debida, y con una actitud ética y obediente, en la que sus órganos colegiados, sindicales, y de representación, quizás no hayan apoyado con firmeza la necesaria protesta por la deshumanización con que han sido tratados.

Enrique Sánchez de León Pérez es abogado y primer ministro de Sanidad y Seguridad Social.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *