En junio de 2014, el barril de petróleo Brent (la principal referencia del mercado internacional del crudo) se vendía a $115. Menos de dos años después el precio es $45 o incluso menos. No es de sorprender que el colapso haga significado un duro golpe para Arabia Saudita y los reinos petroleros del Golfo, cuyos ingresos dependen en un 85% del petróleo. Es necesario que acepten que, a diferencia de las fluctuaciones del pasado, esta caída no será transitoria.
Esta “nueva normalidad” del petróleo refleja dos nuevas realidades: el crecimiento económico de China (y la consiguiente demanda de crudo) necesariamente irá a menos; la eficiencia energética mundial aumentará, no en menor medida por los compromisos alcanzados en la Conferencia de París sobre el cambio climático en diciembre pasado; y el gas y petróleo de esquisto, junto con las energías renovables, se están haciendo mucho más competitivas gracias a las revolucionarias innovaciones alcanzadas últimamente en estos ámbitos. Ahora que Irán, Libia e Irak han regresado como grandes exportadores de petróleo, los bajos precios serán inevitables y duraderos.Arabia Saudita y los demás países del Golfo no deben desperdiciar esta crisis, que les ofrece la oportunidad perfecta de llevar a cabo amplias reformas económicas.
Deberían apuntar a un nuevo modelo de desarrollo que los libere de la dependencia de los hidrocarburos. Las reservas fiscales de los ingresos pasados del petróleo pueden dar a los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) un margen de corto plazo, pero deben usarlo para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para lograr un crecimiento económico sostenible, estabilidad macroeconómica y la explotación sensata y equitativa de sus reservas de gas y petróleo.
Esto significa una diversificación económica que sólo puede lograrse reduciendo el tamaño del gobierno y eliminando los obstáculos que limitan al sector privado. Si se hace una reforma radical al sistema Kafala, que monitorea y regula la fuerza de trabajo migrante, se eliminaría un obstáculo importante a la movilidad laboral. Pero los gobiernos también tienen que introducir los marcos legales y normativos necesarios para la privatización y las asociaciones público-privadas (APP). Lamentablemente, sólo Kuwait y Dubai han tomado medidas hasta ahora para permitirlas, mientras que únicamente Arabia Saudita tiene intenciones de privatizar aeropuertos (Yeda y Dammam).
Las privatizaciones y APP en infraestructura, sanidad, energía, educación, transporte y logística podrían atraer grandes niveles de inversión interna y extranjera. En esta misma dirección, las leyes deberían abrir la posibilidad de que los extranjeros posean completamente una empresa y proteger adecuadamente sus derechos de propiedad, lo que tendría el beneficio adicional de estimular a los residentes extranjeros a ahorrar e invertir localmente. Las zonas de libre comercio de Dubai son un buen ejemplo del éxito de la liberalización y la eliminación de barreras a la propiedad y la gestión extranjeras.
La reforma fiscal también debe ser una gran prioridad. En los estados del CCG, cerca del 8% del PGB no petrolero (un 5% del PGB) total se destina a gastos y subsidios estatales innecesarios. Los subsidios energéticos (tan arraigados en las economías de estos países) distorsionan los patrones de consumo y producción, hacen fracasar los intentos de los gobiernos de avanzar hacia la diversificación económica y elevan la vulnerabilidad a los cambios de los precios internacionales de la energía. Si se eliminan los subsidios, no sólo se estimularía la inversión en energía solar y la eficiencia energética, sino que además se lograrían importantes beneficios ambientales y de sanidad pública.
De manera similar, si los gobiernos de la región aplicaran formas eficientes y equitativas de determinación de los precios de los servicios públicos (como el agua, la electricidad y el transporte), generarían un margen fiscal para promover la creación de empleos mediante programas que vinculen educación y puestos de trabajo. En lugar de que el gasto estatal inhiba al sector privado, el fomento al desarrollo podría atraerlo.
El otro imperativo es diversificar los ingresos estatales. El régimen fiscal predominante en los países del Golfo no cumple su propósito, tiene una capacidad limitada de influir sobre el comportamiento del sector privado y no contempla políticas fiscales contracíclicas. De 2012 a 2014, los ingresos del CCG no originados en el petróleo fueron en promedio apenas un 1,6% del PGB.
Como primer paso, los estados del CCG adoptarán desde principios de 2018 nuevos regímenes fiscales, incluidos un impuesto al valor añadido, un impuesto corporativo, impuestos a la propiedad y gravámenes sobre el combustible, el tabaco y el alcohol. Un IVA del 5% podría recaudar ingresos equivalentes a un modesto 1,5 a 2% del PGB.
¿Por qué no ir más allá? Si se aplicara un impuesto al carbono de $0,52 por litro de combustible se podrían recaudar más de $50 mil millones al año en Arabia Saudita, con lo que se reduciría de manera sustancial el déficit presupuestario de $90 mil millones proyectado para este año.
Como tercer paso, los países del CCG deberían emitir deuda y sukuk (bonos compatibles con la sharia) para financiar los déficits presupuestarios, así como proyectos de desarrollo e inversión en infraestructura. Son países con bajos niveles de deuda estatal que pueden tener déficits presupuestarios moderados sin poner en riesgo su sostenibilidad fiscal. Pero el desarrollo de sus mercados financieros permitiría al sector privado aprovechar los muchos recursos financieros del CCG invertidos fuera del Golfo.
Por último, el CCG debe favorecer una mayor flexibilidad cambiaria y más independencia monetaria. Tradicionalmente, sus gobiernos han seguido políticas expansionistas durante los auges económicos y se han ajustado el cinturón en tiempos de desaceleración. El hecho de que sus monedas estén fijadas al dólar estadounidense ha agravado este patrón procíclico. Si bien la fijación da credibilidad a las monedas del CCG, ha impedido una depreciación real y que se reflejen los profundos cambios estructurales en los vínculos económicos y financieros de los miembros del CCG, especialmente los que los han alejado de Estados Unidos y Europa y acercado a China y Asia.
En su lugar, los países del CCG podrían fijar sus monedas a una canasta que incluya el dólar, el euro, el yen y el renminbi. Si también incluyera el petróleo, las monedas del CCG se podrían depreciar cuando el precio caiga y apreciar si se recupera.
La conclusión es que la diversificación económica (que tanto se ha predicado en vez de ponerse en práctica) es hoy una necesidad para los estados petroleros del Golfo. Como reza el dicho, la necesidad aguza el ingenio. El CCG haría bien en seguirlo.
Nasser Saidi, former Chief Economist of the Dubai International Financial Center, is a former vice governor of the Bank of Lebanon and has served as Minister of the Economy and Industry. He is the author, most recently, of the OECD report Corporate Governance in the MENA Countries. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.