El pin pan pun de los alumnos con necesidades

Uno de los argumentos utilizados por los jefes del partido socialista de Aragón para la supresión de aulas concertadas en una serie de colegios privados de tipo religioso, es que solo permiten que haya en sus aulas un escaso número de alumnos con necesidades educativas especiales y en algunos casos ninguno, incluyendo en dicha categoría a los niños con algún tipo de discapacidad intelectual y a los que poseen un bajo rendimiento académico por el simple hecho de pertenecer a familias inmigrantes.

Mi propósito no es demostrar si ese argumento es falso o real, entre otras razones porque desde que el gobierno aragonés hizo público ese anuncio, los directores de la mayoría de los colegios amenazados han enviado decenas de escritos a los medios de comunicación demostrando la falsedad de ese argumento. En cualquier caso, si el Gobierno tiene constancia fidedigna de que algunos colegios concertados practican esa discriminación, lo sensato sería anularles de forma definitiva los conciertos. En este asunto, lo que me preocupa es haber comprobado durante esa absurda contienda que ese tipo de niños han sido tratados como si fueran números, intentando repartirlos por diversos colegios como si fueran apestados. Y todavía me preocupa más que nadie, incluidos los propios padres y madres, se haya quejado de ese tratamiento masificador e inhumano.

Como siempre suele suceder en estos casos, los políticos se escudan en los informes emitidos por los expertos que dependen de ellos, quienes a su vez citan supuestas investigaciones que apoyan sus puntos de vista. En el caso que aquí nos ocupa se dice que no debe haber más de tres niños con necesidades educativas especiales por aula con el fin de no perjudicar el rendimiento de los denominados «normales», o que la calidad de un centro escolar desciende enormemente cuando existe una gran heterogeneidad étnica y cultural en el alumnado. Para hacer esas aseveraciones se basan en estudios comparativos cuya metodología ha consistido en someter al alumnado a exámenes tradicionales, semejantes a los usados en los famosos «Informes PISA». Es decir, a exámenes en los que solo se tienen en cuenta los resultados cuantitativos y nunca los cualitativos. Obviamente, en ese tipo de investigaciones obtienen peores resultados los colegios donde abundan los alumnos con necesidades educativas especiales. Pero a pesar de ello, no hay una sola investigación rigurosa de la que pueda extraerse una cifra mágica acerca del número óptimo de ese tipo de niños por aula o por centro.

En cambio, existe unanimidad entre todos los expertos del tema en que esos alumnos solo se convierten en un problema para el profesorado y para el rendimiento general del centro cuando no se dispone de los recursos materiales y personales necesarios para poder individualizar la enseñanza al máximo y para adaptar los contenidos curriculares y la metodología didáctica a sus estilos de aprendizaje, en lugar de que sean ellos quienes se tengan que adaptar a una enseñanza homogeneizada, dependiente de las exigencias de unas escuelas graduadas que surgieron para satisfacer las necesidades de escolarización del inicio del siglo XX y que, en cambio, hoy se ha demostrado ampliamente que causan un gran daño a todos los alumnos y, sobre todo, a los que poseen necesidades educativas especiales.

Yo puedo justificar que el profesorado trate de tener en sus aulas el menor número posible de ese tipo de alumnos, dada la ínfima existencia en los colegios de personal especializado de apoyo para dichos niños. En cambio no puedo justificar que los responsables de la Consejería de Educación empleen argumentos tan falaces como los descritos en los párrafos anteriores para esconder que les importa un bledo esos niños y que lo único que les preocupa es utilizarlos como si fueran una mercancía, con el fin de obtener el voto positivo del partido al que le deben el poder (en este caso es Podemos, pero en otras ocasiones han sido el PAR) para poder aprobar los presupuestos de la región. Y mucho menos puedo entender que los dirigentes de ciertas asociaciones que dicen estar al servicio de los derechos de todos los niños no hayan puesto el grito en el cielo, a no ser que les importe más llevarse bien con los que detentan el poder para de ese modo recibir ayudas económicas y ser invitados a ocupar sitios preferentes en los actos sociales organizados por los gobernantes de turno.

No dispongo de espacio para analizar cuáles son las causas de que existan esos desfases entre colegios en lo que respecta a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales (no solo entre concertados y públicos, sino también entre los de titularidad pública). Por tanto, solo mencionaré las que, desde mi punto de vista, son las fundamentales: la estúpida legislación sobre la que pilota la elección de centros por parte de las familias; una disparatada planificación de la plantilla de profesores de apoyo para los colegios donde hay más alumnado de ese tipo; la escasa oferta de colegios especializados en atender de forma preferente a cada una de las discapacidades; los nefastos efectos de las anticuadas escuelas graduadas, lo que implica que para su minoración sea necesaria la puesta en práctica del agrupamiento heterogéneo del alumnado y, al menos, la sustitución de la escolarización por cursos en favor de los ciclos.

Santiago Molina, Catedrático jubilado, Universidad de Zaragoza.

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