Los consejeros de Justicia y de Educación del Gobierno vasco han presentado por fin el plan de educación para la paz. Un plan que llega bastante, si no muy tarde. Un plan muy amplio en cumplimiento de un mandato parlamentario. Un plan debido a que en Euskadi existe terrorismo, a que en la sociedad vasca existe un deber de memoria de las víctimas asesinadas, de atención a las víctimas familiares de los asesinados. Un plan debido a que la sociedad vasca no siempre ha estado a la altura en su comportamiento respecto a las víctimas del terrorismo y al propio terrorismo.
El objetivo del plan es sentar unas bases seguras para que las nuevas generaciones crezcan y se desarrollen en el respeto a los derechos humanos y a la cultura de la paz. Un objetivo que puede servir para la educación tanto en Euskadi como en Alemania, Finlandia o Sudáfrica, y que se supone que está ya funcionando, caso de que en el sistema escolar vasco, además de transmitir conocimientos, se siga algún tipo de educación en valores.
Dice el plan que la educación en derechos humanos debe reconocer y subrayar la importancia que ésta reviste para el fomento de la democracia, el desarrollo sostenible, el imperio de la ley y la paz, así como para la protección del medioambiente. Es cierto que habla también de víctimas, de los efectos desastrosos del terrorismo, del lastre que éste supone para la sociedad vasca. Pero bastan los apuntes indicados para ver su intención y las dificultades a las que responde. Es un plan del miedo. Y no del miedo a ETA, no del miedo a nombrar a ETA y de condenar la violencia del terrorismo de ETA. Pero sí del miedo a denominar las cosas por su nombre; miedo a la concreción de la realidad, miedo a enfrentarse con la historia real, con el problema real.
Es el miedo del nacionalismo a enfrentarse a la motivación nacionalista de la violencia terrorista, a lo que ha sido su comportamiento durante los años en los que en democracia ha actuado el terrorismo. Miedo a reconocer que el terrorismo ha buscado la deslegitimación de las instituciones estatutarias y que el nacionalismo no termina de decidir la legitimidad democrática de las mismas. Miedo a que el reconocimiento de la motivación nacionalista del terrorismo obligue a alguna reflexión sobre el propio proyecto; miedo a hablar de verdugos, vascos y nacionalistas, y de víctimas asesinadas con significación política.
El problema al que el plan debiera hacer frente no es el de la educación de los derechos humanos, y menos en la interpretación extensiva que de ellos hace el plan cuando habla del derecho a la vida como derecho humano fundamental, pero también de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, olvidando la recomendación de Michael Walzer de limitar el número de los derechos humanos para que realmente puedan pretender universalidad.
El problema al que debiera hacer frente el plan no es el de la sostenibilidad del desarrollo, ni el cuidado del medio ambiente. El problema es la existencia de ETA surgida de la propia sociedad vasca, es la existencia de la violencia terrorista. El problema es el riesgo de desmemoria en relación a los asesinados por ETA. El problema es buscar respuesta a la pregunta: ¿cómo ha sido posible todo ello? Y también a esta otra: ¿dónde hemos estado todos nosotros, la sociedad vasca, los partidos políticos y especialmente los nacionalistas, puesto que ETA mataba en nombre del conflicto, en nombre del derecho del pueblo vasco a decidir, en nombre de la nación vasca?
El problema es educar para la paz a partir de educar para el reconocimiento de que en no pocos momentos la sociedad vasca ha perdido el nervio moral, ha recurrido, en su parte nacionalista, a legitimaciones indirectas de la violencia de ETA, ha prestado demasiadas explicaciones a su terrorismo, ha ocultado a las víctimas, las ha sometido a un proceso de doble victimización.
El problema al que debiera responder el plan es analizar por qué hemos tardado tanto en darnos cuenta de la necesaria deslegitimación del terrorismo, y analizar también por qué al nacionalismo, aunque no a todos los nacionalistas, les sigue costando tanto la deslegitimación política de ETA y de su violencia. El problema al que debiera dar respuesta el plan es un problema muy concreto, y no la dificultad en cualquier sociedad moderna para educar en los valores supuestos en los derechos humanos.
Por eso el plan es omniabarcante. Mete todo lo que pueda sonar a cultura de paz, a cultura de derechos humanos, a cultura humanista para envolver y quitar hierro a la concreción del problema de la sociedad vasca, para bajar de grado la especificidad del problema del terrorismo de ETA encuadrándolo en problemas más generales, más universales, más amplios, más genéricos.
Queda muy bien la afirmación contenida en el plan de que la educación en la esfera de los derechos humanos y en pro de estos derechos constituye un derecho humano fundamental. Pero para poder llegar a comprender lo que es un derecho humano fundamental es preciso ir de lo concreto a lo abstracto: ¿Cuáles son los derechos humanos pisoteados en la sociedad vasca?, ¿quién los pisotea?, ¿por qué? Si no se responde a estas preguntas, si la respuesta no constituye el núcleo fundamental y no enmascarado del plan, la educación para la paz, incluso como educación en derechos humanos, no pasará de un ejercicio estéril. Y menos si la respuesta va por la vía de decir que ETA ha hollado los derechos humanos al segar la vida de ciudadanos, en Euskadi y en el resto de España, pero que también existen otros ataques a los derechos humanos, estableciendo una especie de equilibrio, de neutralización mutua. Como si el discurso de quienes ejercen violencia y terror, y de quienes no están dispuestos a condenar dicha violencia terrorista, diciendo que lo que es preciso condenar es todo tipo de violencias, incluida la legítima del Estado de Derecho, acechara en el subsuelo del plan de educación para la paz.
Al final el problema al que, al parecer, el plan no ha sabido o no ha podido dar respuesta es el de reconocer que la violencia ejercida en Euskadi es la violencia de ETA; la violencia que ha asesinado en nombre de un proyecto político, en busca de la deslegitimación de las instituciones estatutarias, de quebrar el proceso iniciado con la aprobación democrática del Estatuto de Gernika. Por eso ha asesinado a quienes representaban al Estado de Derecho, a quienes representaban lo no nacionalista en Euskadi, lo otro, la no homogeneidad, la dificultad de hablar de modo homogéneo de pueblo vasco como sujeto político uniforme, a quienes representaban la diversidad, el pluralismo, el pacto, el compromiso estatutario, el acuerdo entre diferentes.
Pero a daterminado nacionalismo le resulta extremadamente difícil hacer frente a ese problema, encararlo, porque quiere salvar el proyecto político de ETA a pesar de ETA, quiere construir un discurso en el que es posible condenar a ETA y preservar en su totalidad el proyecto político de ETA. Ese determinado nacionalismo quiere presentar un plan de paz, porque ya es insoportable no asumir la responsabilidad de responder a la memoria de los asesinados, pero sin que incluya ni la significación política de quienes fueron asesinados, y con ello la deslegitimación del proyecto político de ETA, ni la legitimación de las instituciones para cuya deslegitimación ha derramado tanta sangre ETA.
Porque en esta sociedad vasca de nuestras entretelas, en la que tanto se predica de la identidad propia y específica, estamos logrando algo inédito en la Historia, aunque exista algún ejemplo reciente: la construcción de una identidad sin apoyatura institucional alguna, sin referencia institucional alguna. Como escribe Olivier Roy en 'El Islam mundializado', estamos construyendo una identidad virtual, desgajada de referencia institucional concreta. La identidad vasca que se quiere construir es la razón que impide precisamente aceptar como legítimas y democráticas las instituciones propias de autogobierno. Y así la referencia de la identidad vasca no es institucional, sino una 'umma' virtual, como la de los islamistas radicales que viven una triple ruptura: con sus culturas y países de origen, con la generación de sus padres y con la cultura de sus países de acogida. Pero a uno se le antoja imposible una educación para la paz sin referencia institucional democrática alguna.
Joseba Arregi