Por Diego López Garrido, diputado y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (EL PAIS, 14/11/03):
Hace unos días estuve viendo la polémica película La pelota vasca. En ella, de forma reiterada, Julio Medem filma a dos grupos de hombres tirando en dirección contraria de una soga hasta el agotamiento. Un símbolo del actual País Vasco, que se proyecta en los protagonistas de la película, porque en las múltiples y plurales intervenciones de los entrevistados hay algo significativamente ausente: la idea de pacto entre Euskadi y el Estado, que es lo que, al fin y al cabo, legitima el modelo de convivencia inaugurado hace 25 años.
Es como si se hubiese olvidado que ahí está la raíz de cualquier solución a la llamada cuestión vasca. Tantos años de violencia y de progresiva polarización en Euskadi han deteriorado ese principio esencial -desde Locke, desde el "contrato social" de Rousseau, desde las revoluciones norteamericana y francesa- que es el pacto político originario de autodeterminación del que nacen las reglas del juego de la democracia occidental, y que la diferencian del derecho divino de los reyes o de la dictadura.
El constitucionalismo español que sustituye al franquismo se edifica sobre un doble acuerdo: de todos los ciudadanos y ciudadanas entre sí para crear una democracia, y de los pueblos del Estado español (entre ellos el vasco) con el Estado mismo para establecer un autogobierno. Este segundo pacto se formaliza en los Estatutos de Autonomía. El vasco fue apoyado muy mayoritariamente por los ciudadanos de Euskadi, y también por el PNV, EA e IU, partidos que forman el Gobierno tripartito que ha presentado en el Parlamento de Vitoria lo que llama "Estatuto Político" de Euskadi.
Hay un principio del derecho internacional, que es un principio universal de paz: pacta sunt servanda, "los pactos se deben preservar". El pacto entre Euskadi y el Estado español está meridianamente claro en el Estatuto: los ciudadanos del Estado reconocen al Parlamento vasco, y los de Euskadi reconocen a las Cortes Generales. De modo que nadie puede unilateralmente cambiar el sistema de autogobierno de Euskadi. Ni el Parlamento de Vitoria (representante del pueblo vasco) puede, por sí solo, modificar el Estatuto vasco (y menos abolirlo), ni las Cortes Generales (representantes del pueblo español) -y esto conviene retenerlo con nitidez- pueden cambiar por sí solas dicho Estatuto sin la aceptación de la Cámara autonómica y del pueblo vasco en referéndum. Es la garantía que el Estatuto introdujo en su artículo 46, que es precisamente el invocado por el lehendakari para tramitar su plan en el Parlamento de Vitoria.
Así pues, es verdad que el pueblo vasco, representado en el Parlamento autonómico, no tiene la soberanía para, unilateralmente, cambiar las reglas de juego del autogobierno de Euskadi; pero es que tampoco las Cortes Generales lo pueden hacer sin contar con la aceptación del Parlamento y del pueblo vasco, porque eso significaría romper el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones, que es consustancial con nuestra democracia. Así que la soberanía del pueblo español expresada en las Cortes Generales tiene también límites.
Quiero insistir en lo anterior, porque es determinante para esa España de centralismo y conservadurismo atávicos: el Parlamento y el pueblo vasco pueden impedir cualquier involución en el amplísimo autogobierno que tienen. El Estatuto/Pacto es el que pone los límites y obliga al diálogo como único método para avanzar.
El plan Ibarretxe se ha saltado esos límites y ha destruido el pacto constitucional y estatutario. Eso se demuestra por varias razones:
Primera. Porque deroga todo el Estatuto de Autonomía, que es un pacto bilateral, y lo sustituye por un "Estatuto político" unilateral, con un único sujeto de soberanía, el pueblo vasco.
Segunda. Porque la aceptación del plan obligaría antes a una reforma de la Constitución Española que la haría irreconocible. Habría que derogar los artículos 1º (soberanía del pueblo español) y 2º (unidad del Estado y autonomía de nacionalidades), y todo el Título VIII, dado que el proyecto del Gobierno de Vitoria proclama en su artículo 12 un poder constituyente permanente para el "pueblo vasco" que podría cambiar unilateralmente en el futuro su relación con el Estado, sin contar con éste.
Tercera. Porque el Estatuto Político del País Vasco que propone Ibarretxe tendría una Carta de Derechos y Libertades propia que estaría por encima de la Constitución Española y de la Carta de Derechos de la futura Constitución Europea. Como manifestación de esto, el proyecto establece una ley de partidos políticos exclusivamente para Euskadi.
Cuarta. Porque rompe la homogeneidad del estatuto de "nacionalidad" hacia el exterior y el de "ciudadanía" hacia el interior del Estado.
Quinta. Porque rompe con la arquitectura constitucional de división de poderes. Atribuye a Euskadi todas las competencias ejecutivas (salvo Defensa) y todas las competencias legislativas (salvo extranjería, derecho penal y mercantil). Crea un Gobierno del poder judicial propio para el nombramiento de jueces y fiscales. Incluso en política exterior el proyecto Ibarretxe exige la aceptación de las instituciones vascas para aprobar tratados internacionales suscritos por España (artículo 68).
Sexta. Porque contradice la futura probable Constitución Europea, confiriendo a las instituciones vascas una presencia directa e independiente en Bruselas que el derecho europeo no reconoce.
Séptima. Porque sitúa a Euskadi fuera del Estado español, estableciendo "pasarelas" de resolución de conflictos entre Euskadi y España, como si fueran relaciones diplomáticas entre Estados, a resolver por tribunales "internacionales" (Tribunal de Conflictos, Sala Especial del Tribunal Constitucional).
Esta separación (que no "asociación") con el Estado español llega hasta el extremo de dar a las instituciones vascas no sólo un poder tributario independiente, sino una potestad de planificación económica con carácter "exclusivo" (artículo 56.1), así como la defensa de la competencia. Son atribuciones, por otra parte, imposibles en un mercado único europeo, ya que obligarían a cerrar las fronteras de Euskadi.
Por todas las anteriores razones, la propuesta Ibarretxe es algo que ningún Gobierno español podría aceptar ni negociar. En realidad, no está planteado para ello. No se puede negociar un plan cuyo elemento vertebrador es que hay que abolir el Estatuto vigente pactado hace más de veinte años y que hay que abolir toda lógica de pacto porque una de las partes (Euskadi) podrá romper el futuro Estatuto cuando lo desee (artículo 12).
De hecho, en la propia presentación del plan en el Parlamento vasco el 26 de septiembre, Ibarretxe ya dijo que, si no se alcanzaba un pacto con el Estado sobre su plan, lo sometería igualmente a referéndum, se supone que con la voluntad de imponerlo de forma unilateral, lo que es, obviamente, un desafío inaceptable a la legalidad. Ibarretxe no ha rectificado esas palabras aún.
No se puede negociar sobre una propuesta que desprecia las actuales reglas del juego, es decir, el actual pacto entre el Estado y Euskadi, pacto -repito- al que están sujetos los dos según el Estatuto de Autonomía de 1979.
Ibarretxe, en reacción a la decisión del Gobierno español de impugnar la propuesta ante el Tribunal Constitucional, ha invocado su derecho a que se debata su posición. No hay duda de que ese derecho lo tiene, y lo tienen, más aún, partidos democráticos como el PNV, EA e IU (que, contra las desafortunadas palabras de Mayor Oreja, no son igual a ETA). Sin embargo, también otros partidos democráticos, como el PP o el PSOE, tienen el derecho a decir que, en una Comunidad en la que hay violencia contra la mitad de la población, el principal objetivo de un Gobierno que representa a todos es combatir esa violencia, y en especial a ETA. Y tienen derecho a decir que un proyecto constituyente de la envergadura del que ha presentado el Gobierno vasco no se debe plantear en la situación de excepcionalidad, de amenaza y de coacción que vive precisamente la parte de la población menos proclive a aceptar la derogación del Estatuto de Autonomía que pretende Ibarretxe. Y tienen también derecho a decir que no es forma de defender un nuevo Estatuto constitucional para Euskadi romper el anterior unilateralmente, contra la mitad de las fuerzas políticas, dividiendo a la sociedad y debilitando, por tanto, la necesaria unidad de ésta contra el terrorismo.
El plan Ibarretxe y sus ideas se pueden debatir en una democracia como lo que ha logrado traer a Euskadi la Constitución y el Estatuto. Ya se está haciendo. El debate es libre. Nadie lo podrá impedir. En nuestra democracia -lo decíamos con ocasión de la aprobación de la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna-, todas las ideas se pueden defender y debatir, salvo las que apoyen la violencia. Se puede defender y debatir el plan Ibarretxe, y hasta la independencia de Euskadi, o la República.
El debate del plan Ibarretxe -el debate por el debate- es el objetivo del lehendakari para apropiarse de los votos de Batasuna. Y el PP sabemos que lo utilizará para convertir la campaña electoral de las generales en una especie de plebiscito sobre la unidad de España, también por razones partidistas.
Pero la cuestión de fondo, por encima de las pretensiones electoralistas del PNV o del PP, no es si se puede debatir o no el plan secesionista de Ibarretxe. Claro que se puede en una democracia (!). La cuestión de fondo es que ese plan -lo sabe quien lo hizo y quien lo apoyó-, en su contenido y en su esencia, no resulta negociable con el supuesto destinatario de la supuesta negociación: las Cortes Generales. Por eso, su destino es el fracaso.
Ibarretxe sabe que ese proyecto es inasumible de raíz por PP y PSOE. Sabe que es, por ello, un callejón sin salida para el pueblo vasco, al que no quiere decirle la verdad. Y sabe que no puede depender para ello de hipotéticos éxitos electorales futuros, porque, en definitiva, él se propone romper unilateralmente un pacto político profundo (el Estatuto), y eso no es admisible ni en España ni en Europa.
La salida para el País Vasco es la profundización de su autonomía en España y en Europa. Y eso pasa por la profundización en el pacto entre España y Euskadi que se expresa en el Estatuto, no por su voladura. Y pasa por el diálogo entre el Gobierno de Madrid y el de Euskadi, y no por la irresponsable ausencia de interlocución entre La Moncloa y Ajuria Enea.
Por último, una consideración general. El plan Ibarretxe no es el único problema de nuestro país. No hay que consentir que la unidad de España -que no está en cuestión en una democracia consolidada de un país europeo como el nuestro- se convierta en el monotema de la gran decisión electoral de marzo de 2004.