Introduciendo en cualquier motor de búsqueda los términos melón territorial, en menos de 0,75 segundos se topa uno con Andoni Ortuzar y otros burukides encabezando la lista de resultados. Normal, porque abrir el melón territorial es un tópico del mus nacionalista: como decir órdago a la grande. El presidente del PNV volvía a usar la metáfora con motivo del «reseteo duro de la legislatura que ha supuesto el anuncio de los indultos». Desde que aclaró que «nunca antes había influido tanto el PNV en la política española», procura que se note. Ungido del crisma de seriedad con que Madrid suele untarle, y ahora único pedazo de Frankenstein con corbata y licenciatura de Empresariales, el PNV se propone gobernar el medio plazo español.
De manera que en una «reciente reunión en Madrid» Andoni le dijo a Pedro Sánchez «lo que tiene que hacer». Y nos lo explicaba: como «Cs ya no es el comodín que podía tener para girar», el presidente debe «tomar conciencia de quiénes somos los que le llevamos a La Moncloa» y, en función de ello, «hacer pedagogía» sobre la necesidad de «abrir el melón territorial» para que catalanes y vascos, que no son españoles y «nunca podrán compartir nación», puedan «sentirse a gusto» en un Estado radicalmente transformado. Por ese camino, el primer paso son los indultos, y el siguiente la mesa de negociación, «lo mismo que haremos nosotros cuando llegue el momento del nuevo estatus».
Como el Gobierno en esa mesa «tendrá que oír hablar de la amnistía y la autodeterminación, y no pasa nada», se calcula que irán generándose las condiciones para ver «si hay un marco de juego compartido». ¿Qué marco? El que resulte de pactar lo que Ortuzar llama «cláusula de comodidad» para que a «catalanes y vascos les convenga quedarse en el Estado español sin sentirse subyugados». Ese camino tiene enojosos obstáculos, entre ellos, el Poder judicial, un «contrapoder» que no merece confianza, encargado de que «se mantenga el modelo de Estado centralizado».
Sobre los indultos, Ortuzar se apunta a la escuela de surrealismo penal: «¿Por qué van a arrepentirse de algo que no creen que estuvo mal y que no causó ningún daño?». Sobre el Tribunal Supremo confiesa: «Yo ya no me fío nada de esa gente. No me fío nada de la Justicia española». Y como Andoni no se fía de un Tribunal «extremista» y español, el PNV defiende en la Eurocámara a Puigdemont y al resto de prófugos del bracete de Podemos, la otra parte contratante del Gobierno de España.
Por mucho menos te llama populista el último politólogo de guardia de cualquier plató. Con razón. Pero al PNV nadie se lo llama. ¿Por qué será? Es muy llamativo que lo de abrir el melón lo justifique una supuesta recentralización. España pasó de ser un Estado fuertemente centralizado a un grado máximo de descentralización en un tiempo récord: no existen ejemplos en el Derecho comparado de saltos de esa envergadura. El carácter abierto y dispositivo del modelo, tras 40 años de desarrollo, desemboca en una descentralización exhaustiva, generalizada y de nivelación en máximos competenciales. Innegablemente, el Estado Autonómico ha favorecido el desarrollo económico, ha acercado la Administración al ciudadano y, sobre todo, ha permitido cuatro décadas de convivencia en relativa paz. Pero no ha cumplido uno de sus principales objetivos: integrar los nacionalismos periféricos. Décadas de transacción para que un Gobierno autonómico consume un golpe: en el saldo final debe contar también ese dato.
El modelo se mantenía con pactos sucesivos, nunca concluyentes; cada nuevo acuerdo era para los nacionalistas un rellano en la escalera. Terminó por desestabilizarse con los estatutos de segunda generación impulsados por Zapatero («España aún no está cuajada», decía). Resultado: una mutación constitucional sin modelo final meditado ni acuerdo con el otro partido nacional. Precisamente, buscando su aislamiento político.
Aquella avalancha estatutaria provocó otra paralela de nuevas competencias autonómicas obtenidas por el método de desagregar competencias en materias genéricas, multiplicando blindajes competenciales, relaciones de bilateralidad, y componentes identitarios diferenciadores. El reparto del poder territorial alcanzó ya un desequilibrio irreversible, gráficamente descrito por un protagonista del proceso: «El Estado ya es residual en Cataluña» (P. Maragall).
Pero el PNV ve un proceso de recentralización que justifica la superación del modelo. ¿Serán las gafas nacionalistas? ¿O lo bien que rentabiliza la tensión gradualista?
Todo vendaval que amenaza conmover la estabilidad constitucional encuentra siempre al nacionalismo vasco a lo que caiga. De ahí, otra expresión proverbial. La transcrita en el acta redactada por Herri Batasuna tras la reunión de abril de 1990 con Arzalluz: «No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacuden el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas». No hace falta que los árboles se sacudan en casa; el PNV ha descubierto las ventajas del meneo a distancia. Se han exportado a Cataluña conceptos y metodología. Proceso y mesa de partidos remiten a una situación concreta en la que el nacionalismo vasco (todo él) violentó límites constitucionales y morales.
Urkullu tiene redactadas unas notas sobre su tercería con los golpistas en 2017. Están depositadas en los archivos de la Fundación Sabino Arana y del Monasterio de Poblet. Debe considerarlas su legado como estadista. Sin embargo, algo interesante ha trascendido de ellas: su juicio sobre Oriol Junqueras, de quien dice: «Lo peor de la política se ha encarnado en él». Pero el PNV asesorará encantado a los avatares de Junqueras sobre la cláusula de comodidad. Son años cocinando el nuevo estatus. Emplatado como una actualización de los derechos históricos que la Disposición Adicional Primera de la Constitución reconoce a los territorios forales. Derechos que para el nacionalismo son fruto de una soberanía vasca originaria, anterior y superior a la Constitución. Su actualización consistiría en cualquier cosa que se le ocurra al PNV, intérprete de esa soberanía ancestral. Le importa poco que el Tribunal Constitucional, en la STC 76/1988, aclare que no es la Historia sino el poder constituyente español el que otorga validez y vigencia a tales derechos. Tampoco debe importar que en la STC 124/2017 diga que la Constitución no es «el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a ella, sino norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores».
Porqque para el PNV los derechos históricos siempre serán «el derecho a tener los derechos que Euskadi reclame como tales» (J. Juaristi). Eso implica la infinita elasticidad de las reivindicaciones nacionalistas, desde el Estatuto vigente hasta el límite de una independencia asintótica. Una fórmula para recoger nueces y abrir melones hasta que los nogales se sequen y el melonar se agoste.
La receta no es nueva. El PNV lleva invitándonos a melón con nueces toda la vida. Y seguimos tragando. En 1935 el viejo liberal bilbaíno Gregorio de Balparda describía su empacho: «Los partidos nacionalistas tienen habilidad bastante, que no necesita ser grande, para obtener, mediante apoyos electorales y parlamentarios, trato de colaboradores y amigos de los gobernantes, que en los apuros de una renovación de Cortes claudican en la defensa de la integridad de la patria y sacrifican tal vez una región española al ofrecimiento, casi siempre incumplido, además, de votos y actas. Hace mucho tiempo que los partidos de gobierno en las más de las regiones de España no son lo bastante fuertes por sí para dirigir y representar mayorías, ni tan patriotas como para deponer diferencias y unirse en interés de la patria: les es mucho más fácil cotizar apoyos e influencias y obtener cuando son poder un número de diputados para ir viviendo».
Tiene razón Ortuzar: Sánchez debería «tomar conciencia de quiénes son los que le han llevado a la Moncloa». O tal vez sea muy consciente. En tal caso, buen provecho a todos.
Vicente de la Quintana Díez es consultor político en el Parlamento Europeo.