El pasado viernes 17 de noviembre, Jesús Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, erigió un verdadero cupulone jurídico, con un discurso formidable, al recibir en nombre de los jueces de Cataluña el premio a la independencia judicial de la Asociación Francisco de Vitoria, en la clausura de su Asamblea Nacional. La inflación de adjetivos que caracteriza el lenguaje (o lo que sea) en las redes sociales difumina hasta qué punto es propio adjudicarle el adjetivo “formidable”.
Jesús Barrientos hizo memoria de los tristes acontecimientos vividos en fechas cercanas por muchos jueces y magistrados en Cataluña y relató con una concisión barojiana, sin ningún tinte melodramático, las situaciones a que se ha tenido que enfrentar la judicatura catalana.
Jesús Barrientos nos hizo levantar la cabeza y contemplar la inmensa cúpula de la Constitución española, asomando por encima de todo el edificio que hemos construido. La Constitución como fuente de legalidad, de la única legalidad democrática posible, de la legalidad democrática del Poder Judicial. Y, lo más importante de sus palabras, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña constató que en ese territorio no hay otra presencia civil del Estado, no hay otra sombra de ese duomo constitucional que el Poder Judicial único.
Al costado del ministro de Justicia de España, resumió lo que ya habíamos visto en estas aciagas fechas: que la Soberanía Nacional, el Estado de Derecho, el Estado en sí, han sobrevivido a una dura prueba en Cataluña gracias a la existencia de un Poder Judicial único, anclado en la Constitución, fuente de la única legitimidad a la que sujetarse. El aviso está dado, no hay que ser experto marinero para saber lo que ha flotado y lo que se ha hundido con el temporal y por qué.
El ministro de Justicia del reino de España contestó al discurso regio de Barrientos con otro que a los jueces allí presentes les pareció un remedo de la exitosa película de los ochenta Atrapado en el tiempo (el título original se traducía como El día de la marmota, que también viene al caso). Un verdadero déjà vu en el que durante casi veinte minutos se refirió a los grandes avances llegados y por llegar a la Administración de Justicia con la informatización y las reformas procesales. No le faltó pedir una vez más a los trescientos jueces allí reunidos que tuvieran “paciencia”, pues la tierra judicial prometida, que mana leche y miel, está a la vuelta de cualquier presupuesto un año de estos.
Quiero decir con esto que el ministro de Justicia del reino de España no recogió el guante que le lanzó Jesús Barrientos y no pudo, no quiso, o ambas cosas, separarse una coma del guión que traía preparado para la ocasión. El ministro es, sin duda, un hombre honesto y capaz, pero es un TAC, es decir, un ingeniero de la administración. Y ya sabemos que un ingeniero es un ser capaz de estar construyendo el más hermoso y avanzado puente sobre una bahía, mientras desde abajo le gritan que el mar se ha retirado.
Más allá de lo que la ocasión parecía demandar, el silencio del ministro no es trascendente. Lo verdaderamente decisivo es el mensaje que lanzó el presidente del TSJ catalán en su discurso. Lo es muy especialmente cuando parece abrirse un tiempo para la discusión de una posible reforma constitucional que modifique la estructura territorial.
La advertencia de Barrientos no puede desconocerse por quienes defienden un modelo constitucional basado en la Soberanía Nacional de todo el pueblo español y en la defensa del Estado. Los hechos desnudos nos advierten del riesgo de permitir que se abran grietas en la unidad del Poder Judicial que consagra la Constitución española. No sería la primera vez que esto sucede. Ya hemos asistido años atrás a debates sobre la creación de “Consejos del Poder Judicial” autonómicos.
No se puede olvidar tampoco que el núcleo duro del Estatut anulado por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 era precisamente el que creaba un Consejo de Justicia propio. Quienes promovieron esta reforma estatutaria sabían bien lo que hacían o, por el contrario, eran temerariamente inconscientes de lo que apoyaban. Los hechos posteriores no dejan duda al respecto.
Resulta verdaderamente asombroso que por algunos se haya calificado la sentencia del TC como de “golpe de Estado a la democracia”. La instauración de un Poder Judicial propio sí que era un verdadero golpe de Estado en potencia; y el hecho de que el Tribunal Constitucional, cumpliendo estrictamente con la función que le corresponde, anulase esta creación ha sido providencial para salvar el Estado de Derecho.
Uno de tantos fiascos amatorios que jalonaron mi juventud acaeció, hace ya años, con una vendedora que se presentó en mi casa para que le comprara una enciclopedia del arte. Aceptó mi invitación a una cena informal para seguir discutiendo su oferta, aunque mi intención era hacerle yo otra, bien distinta, a mi vez. Aquella noche, terraza junto al mar de por medio, el ágape transcurrió entre mis baldíos intentos de deslizar la conversación hacia lo único y sus estólidas alabanzas de la Enciclopedia Universal del Arte que intentaba adjudicarme de forma inmisericorde.
Huelga decir que la enciclopedia terminó en mi casa y no así la hermosa vendedora. Aquella joven promesa de la teletienda me hizo ver con dolor -no lo niego- la diferencia entre la realidad y el deseo, que diría el gran Cernuda; y cómo lo que para unos es esencial, para otros es puramente accesorio. Jesús Barrientos me recordó con sus palabras la lección que aprendí aquel día. En cualquier debate sobre el futuro del Poder Judicial en la Constitución, nadie debe sentarse a la mesa pensando que se va a hablar de amor, cuando su interlocutor, lo ha dicho por activa y por pasiva, lo que quiere es venderle una enciclopedia.
José Manuel Ruiz Fernández es magistrado y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.