Entre la multitud de afirmaciones políticamente correctas con que los gobernantes y sus opositores suelen consolarse a sí mismos está la muy extendida de que ellos se dedican a oficio tan mal pagado e impopular por su vocación de servicio a los demás. Pero la suya es una lucha pura y dura, a veces hasta sangrienta, por conquistar el poder. Esto es algo muy mal visto por la opinión general, pues, de acuerdo con el principio enunciado por Lord Acton, el poder es fundamentalmente una máquina de corrupción.
Días atrás diversas noticias han contribuido a potenciar la confusión y hasta el espanto de quienes se hacen cruces ante las trifulcas que acechan la inestabilidad del sistema español. Como es ya antigua la propensión de nuestros Gobiernos a limitar o eliminar los estudios de filosofía, los análisis al respecto tienen más que ver con la formulación de eslóganes que con la sencilla comprensión de que todo lo que ocurre se explica mayormente por la ambición de mando. Me refiero, desde luego, a las peleas que asolan los movimientos de izquierda, y a los impulsos irreprimibles de culto a la personalidad que la mayoría de los líderes exhiben, sin distinción de ideologías.
Hace ya algunos años un ensayista de moda entre los jóvenes, el alemán de origen coreano Byung-Chul Han, publicó uno de sus manuales al uso sobre el poder. Constituía el compendio y análisis de lo que grandes pensadores, desde Hegel o Nietzsche hasta Hannah Arendt o Habermas pensaban al respecto, muchas veces con opiniones contradictorias. Parecían, no obstante, coincidir en dos hechos fundamentales: el poder se encuentra en la base de todas las relaciones sociales y se ejerce siempre sobre los otros, pero en nombre de los otros. Como tiende a prolongarse, tanto en el tiempo como en el espacio, su condición es extraordinariamente expansiva. De ahí la exigencia democrática de su fragmentación. No solo en la distinción tradicional entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino en lo que se refiere a otros poderes sociales como el económico o el de la comunicación. Los movimientos y líderes populistas son quienes mejor entienden estos perfiles, y quienes más acertadamente tratan de apoderarse del resto de los poderes con los que al fin y al cabo compiten.Pero el populismo no es sino una enfermedad de la democracia que afecta en uno u otro grado a todos cuantos ejercen el poder o aspiran a hacerlo, sea cual sea la característica del mismo.
Estas reflexiones ayudan a comprender lo sucedido años atrás en las relaciones entre el poder político y el de las grandes corporaciones y empresas. Las filtraciones sobre el espionaje a políticos, periodistas y gobernantes por parte de una mafia policial contratada por uno de los primeros bancos del país han venido a añadirse a otras informaciones de parecido género que vienen emponzoñado la convivencia política española. Su origen es espurio y su objetivo también, pero eso no elimina el interés de algunas revelaciones. La mayoría ha fijado su atención en las prácticas dolosas de una sociedad cotizada contratando detectives que cumplieron su misión vulnerando todos los límites legales imaginables. Otros lo han hecho en la vigencia de las tramas policiales de la Transición, que comenzaron asaltando joyerías, continuaron organizando el terrorismo de Estado y han acabado por grabar conversaciones particulares de la familia real. La calidad de estos espías y agentes encubiertos, llámense Amedo o Villarejo, sonroja a quienes seguimos creyendo que España es una democracia respetable poseedora de una economía avanzada. Nuestros hampones policiales se parecen más a Pepe Gotera que a James Bond, y eso constituye un hándicap serio para el desarrollo de nuestra cultura literaria y cinematográfica. Pero del incidente de espionaje que afecta a uno de los primeros bancos del país merece la pena destacar un aspecto preocupante al que se le ha prestado relativa poca atención: los permanentes asaltos del poder político al empresarial al margen de, e incluso contra, los organismos reguladores y utilizando los mecanismos del Estado, la fiscalía incluida, para conseguir sus fines. Esto se ha producido, y se produce, sin distinción de ideologías, con grave daño para las instituciones democráticas y en lo que constituye un auténtico abuso de poder.
La cosa empezó a gran escala después de la victoria del Partido Popular de 1996, cuando José María Aznar decidió colocar a un grupo de amigos en importantes empresas cotizadas. Su Gobierno invadió con descaro el sector financiero, el de las comunicaciones y el de la energía, y generó contenciosos tan singulares como el de la guerra de las plataformas de televisión, que viví en primera línea de fuego. La lección fue aprendida por José Luis Rodríguez Zapatero, cuya obsesión por destruir lo que él consideraba el felipismo más allá de la estructura del Partido Socialista, le llevó a tomar decisiones auténticamente monstruosas, en el sentido de que facilitaron la emergencia de verdaderos monstruos, alguno de los cuales todavía deambula por ahí. En ningún caso se acudió a consideraciones ideológicas, o de beneficio social o económico; se trataba de complacer a unos amigos y, de paso, controlarlos.
Con todo, hay que decir en beneficio de Aznar que continuó la política emprendida por Felipe González de ayudar a la expansión empresarial fuera de nuestras fronteras. Uno de los pilares más sólidos de nuestra sociedad civil, con todas las imperfecciones y abusos que se quieran, es la existencia de compañías transnacionales que nos permiten desempeñar algún papel, por marginal que parezca, en el ámbito de la globalización. Pero eran las relaciones de poder, la subyugación del ajeno y la exaltación del propio, las que finalmente motivaron aquellas decisiones. Hasta extremos incluso tan ridículos que los asesores de comunicación de Zapatero sustituyeron las siglas del PSOE en el podio de las tribunas que ocupaba por aquellas letras gigantescas, ZP, lo que ni siquiera Trump ha conseguido para sí mismo por el momento.
Los errores cometidos por otros en el pasado deberían ayudar al actual presidente a comprender los condicionamientos del poder, su estructura y finalidad. En lo que se refiere a la relación con el poder económico tiene por delante una oportunidad de oro para hacerlo. La política trasnacional de nuestras corporaciones ha derivado en el hecho de que gran parte del PIB español, y, desde luego, casi toda la proyección política y económica del país, está en manos de empresas de marca española que operan en el exterior. Los lugares en los que España tiene mayor presencia inversora son precisamente los más afectados por las diferentes turbulencias políticas del momento: Brasil, México y el Reino Unido. En el país azteca, que Sánchez visitará en breve, somos el segundo inversor extranjero, con importante presencia en las finanzas y la energía, principales objetos de atención por parte del Gobierno mexicano. De las conversaciones que tenga con López Obrador y los acuerdos que establezcan depende en gran parte no solo el bienestar de los mexicanos, sino el de los españoles. Ambos presidentes tienen mucho en común: son imprevisibles, por lo que están ya acostumbrados a rectificar, pese al escaso tiempo que llevan en el puesto; también son supervivientes de sus respectivos fracasos previos, han demostrado tener una enorme intuición de poder y han luchado hasta la extenuación por conseguirlo. Pero ninguno de los dos ha presentado todavía un proyecto definido de cómo lo piensan emplear. Si leyeran a los filósofos sabrían que el poder es en gran medida organización y estrategia. Su próximo encuentro debería servir para demostrar que tienen las dos cosas.
Juan Luis Cebrián