El PP, bien y pronto

Recordar que el PP es mucho PP es una afirmación confortable en tiempos difíciles. Y es verdad. El PP es una organización política que en poco más de 30 años de existencia ha gobernado España durante tres lustros, sin contar gobiernos autonómicos y municipales. Antes, había integrado a todo lo que estaba a la derecha de la izquierda en una estructura bien implantada, eficaz y disciplinada que obtuvo las dos últimas mayorías absolutas que los españoles han otorgado, la del 2000 con Aznar y la de 2011 con Rajoy, una marca de la que el PSOE se despidió en 1989.

Como partido de Gobierno, el PP hizo frente a dos recesiones, herencia de la previa gestión socialista; llevó a España al euro; la integró plenamente en la OTAN y elevó la presencia española y los niveles de nuestra interlocución internacional a cotas sin precedente. Afrontó la estrategia terrorista de «socialización del sufrimiento», incluido un brutal atentado, afortunadamente fallido, contra su presidente, y promovió las decisiones estratégicas que después forzarían el desistimiento de ETA, en especial, la ilegalización del brazo político de los terroristas, la cooperación internacional más estrecha y la creación de los instrumentos legislativos para luchar contra el terrorismo desde el Estado de derecho. En su trayectoria figura la realización de una agenda reformadora que mejoró sustancialmente las condiciones de la economía española, desde el gasto público hasta el marco laboral, orientándola hacia la recuperación de sus equilibrios básicos y el empleo. El PP, en suma, ha sido un partido en disposición de ser la alternativa hacia la que los españoles podían volverse, especialmente cuando las cosas se ponían difíciles.

No es poco, y sin embargo esta confianza en que el PP es mucho PP no debe aplacar el sentido de urgencia -no de precipitación- que ha adquirido la situación del partido. Porque el PP lleva demasiado tiempo tirando de reservas políticas y electorales, confiando en la solidez de un suelo que pese a su resistencia ha ido cediendo bajo sus pies hasta niveles de riesgo serio para ese proyecto de centroderecha, nacional y modernizador, de inspiración liberal y crédito gestor, cimentado en el pacto de la Transición y en la integridad del consenso constitucional.

En 2011, el proyecto de gobierno del PP quedó devorado por la virulencia de una crisis financiera global. Con cargo al capital acumulado, en el Ejecutivo el PP hizo frente a la crisis como máxima prioridad, postergando en favor de lo perentorio el sentido de un mandato abrumador recibido del electorado que iba más allá de la gestión económica. El PP se hacía cargo de un Estado en deconstrucción y consensos rotos, con una economía en estado agónico, la aparición del populismo de izquierda y su discurso antisistema y signos muy tempranos de inflamación del independentismo catalán. La herencia de la izquierda no era sólo el devastador resultado de una gestión de la crisis financiera despreocupada e infantil. El proyecto de Zapatero pasaba por forjar una alianza orgánica, estructural con el nacionalismo, iniciar el revisionismo de la Transición y blanquear a la denominada izquierda abertzale hasta el punto de promover y conseguir su vuelta a la legalidad sin condenar el terrorismo de ETA. Y ahí sigue.

El desgaste político resultó evidente no solo por las medidas anticrisis que afectaron directamente a las clases medias, sino por la emergencia de casos de corrupción que parecían comprometer a todo el partido mientras se cernía la tormenta catalana sobre cuyo alcance no parecía que hubiera un diagnóstico realista. La moción de censura, activada por la grosera manipulación de un juez en una sentencia y precipitada por el oportunismo de Ciudadanos, cerró un ciclo en el que el PP, pese a sus insuficiencias y errores, se había hecho cargo del país que siete años de gobiernos socialista habían dejado gravemente comprometido en lo económico y lo institucional.

La crisis que ha terminado con la renuncia de Pablo Casado ha provocado una sensación de melancólica frustración en sentido orteguiano como si, de nuevo, Sísifo, se hubiera apoderado de la derecha española. Frustración y desconcierto estratégico en un partido al que sus adversarios, dentro y fuera de la arena política, quieren ver forzado a discurrir por un desfiladero en el que resulta demasiado fácil atacarle tanto desde la izquierda como desde la derecha de la derecha. El PSOE se arroga el derecho a dictar con quién debe o no debe pactar el PP. Sin embargo, ni los socialistas ni sus cantores admiten la mínima objeción de principio a sus propios pactos de gobierno en los que las condenas por pertenencia a banda armada o por sedición y malversación se han convertido en mérito que acredita lo muy transversal y progresista de esa amalgama que llega a lo grotesco cuando Sánchez reclama unidad a la oposición mientras sus socios sabotean el apoyo a Ucrania.

Por su parte, Vox se erige en nueva instancia de superioridad moral -como si no tuviéramos suficiente con aguantar a la izquierda propietaria del lado bueno de la historia- para la autoexaltación como el partido valiente y desacomplejado. Tan desacomplejado que sostiene que Europa, esa Europa que inspira la resistencia de los ucranianos y que Putin odia, se parece a la República Popular China o al continente deseado por Hitler y Stalin. Tan firme con la inmigración que rompe con la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno porque éste aceptó acoger a 12 menores no acompañados procedentes de Marruecos (1,5 menas por provincia). Tan comprometido con la unidad nacional que ha tumbado la ley dirigida asegurar la autonomía financiera y fiscal de la Comunidad de Madrid frente al hachazo socialista, alegando que Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto independentista. Casi nada.

Por eso, una vez asumido que el objetivo de Vox es sustituir al PP -y no hay que engañarse en este punto- la relación de éste con Vox, incluidos eventuales acuerdos, debe integrar dos parámetros, ambos reales, como son la contigüidad electoral y la distancia ideológica. Si bien esa contigüidad electoral puede impulsar acuerdos, la distancia ideológica obliga a marcar claramente todo aquello en lo que no cabe transacción. La fijación eurófoba de Vox, su pretensión de acabar con el Estado autonómico, sus propuestas sobre inmigración impracticables y oportunistas -que se lo pregunten a la presidenta madrileña-, referentes internacionales como la señora Le Pen que predica literalmente «la equidistancia» ante la invasión rusa para que Francia pueda desplegar no se sabe bien qué influencia en el conflicto, son límites objetivos y serios a las posibilidades de acuerdo con Vox.

En términos de estabilidad se comprenden acuerdos inequívocamente anclados en el marco institucional del Estado autonómico para gobernar una comunidad. Y no hay duda de que ese es el propósito del PP cuando ha pactado una coalición en Castilla y León. Ahora es Vox el partido que debe garantizar su buena fe -que en derecho siempre se presume- en el cumplimiento de los pactos cuando va a formar parte de un Gobierno autonómico, es decir, de un Gobierno que ese mismo partido quiere que desaparezca junto con el resto de las comunidades autónomas. Un objetivo que no niego que sea legítimo pero que le aleja de un partido como el PP que asume y defiende el artículo 2 de la Constitución entero y no por mitades.

En este desfiladero, demasiado angosto para contener un partido nacional de mayorías, el PP no puede quedar poseído por el desconcierto. ¿Tenemos que pactar o no, con el PSOE o con Vox; somos demasiado duros o demasiado blandos; demasiado territoriales o demasiado centralistas; demasiado de derechas frente al PSOE o demasiado poco amables con Vox; somos gestores o políticos? Son disyuntivas con frecuencia más aparentes que reales de las que un partido apenas repuesto de una crisis traumática debe salir porque no podemos dirigirnos a los españoles pidiendo comprensión para nuestras dudas sino apoyo para nuestras decisiones. El PP, ahora bajo el liderazgo de Núñez Feijóo, sin complejos ni a izquierda ni a derecha, es una necesidad para España y debe trazar su camino cuando nuestro país se adentra en una nueva crisis de proporciones desconocidas. Por eso el lema del Congreso acierta, pero se queda corto: Lo haremos bien... y pronto.

Javier Zarzalejos es diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo.

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