El PP, en busca de la emancipación

Por Joan B. Culla i Clarà, historiador (EL PAÍS, 27/05/08):

El 15 de marzo de 2000, todavía meciéndose en la euforia de la mayoría absoluta conquistada tres días atrás, el entonces vicesecretario general del Partido Popular y director de la exitosa campaña electoral de Aznar, Mariano Rajoy, se refirió a la delicada situación del PSOE, derrotado y descabezado tras la dimisión de Joaquín Almunia: “Son momentos difíciles que pasan todos los partidos. A nosotros nos tocó hace años y nos volverá a tocar Dios sabe cuándo. Deben (los socialistas) darle vueltas para no equivocarse”.

Bien, todo hace pensar que el “Dios sabe cuándo” es ahora. Efectivamente, en las más de tres décadas de historia que el hoy llamado Partido Popular acumula a sus espaldas no es fácil encontrar crisis internas de la gravedad de la que se manifiesta estos días. Puestos a buscar antecedentes, aparecen apenas dos. El primero tuvo lugar durante el otoño de 1978 cuando, en las postrimerías del debate constitucional, la cúpula de Alianza Popular se partió por la mitad entre los pragmáticos que, capitaneados por Manuel Fraga, deseaban incorporarse de lleno al incipiente marco democrático, y los integristas de derechas (los Gonzalo Fernández de la Mora, José Martínez Emperador, Federico Silva Muñoz…) que rechazaban la Carta Magna porque ésta no hacía referencia a Dios, incluía el nefando término nacionalidades, etcétera. Ya por entonces algunos exaltados tacharon a Fraga de traidor, pero la ruptura afectó poco a las modestas bases aliancistas de la época, y la crisis fue en último término positiva para AP, pues le permitió desprenderse de la ganga ultraderechista que la lastraba.

La otra gran revuelta intestina contra el aparato partidario estalló, tras larga incubación, a mediados de 1988, tuvo como blanco el frágil liderazgo de Antonio Hernández Mancha y culminó en enero siguiente con el eclipse de éste ante el imparable retorno de Manuel Fraga, consagrado por el 9º Congreso de AP. Conviene precisar que, durante aquellos meses de cuchillos largos, ni el peor de sus enemigos acusó a Mancha de traición o heterodoxia doctrinal; sólo de ligereza, inconsistencia, inmadurez o amiguismo. Aquélla fue, por otra parte, una crisis atípica, pues el ariete de quienes querían descabalgar al “presidente nacional” era, nada menos, el padre del partido o, por decirlo con palabras de Federico Trillo, “el dueño del inmueble”: Fraga. La operación consistió, por tanto, en desalojar a unos intrusos y restablecer el orden natural y legítimo de las cosas.

Según es sabido, la desembocadura de aquel proceso de “refundación” tuvo lugar en Sevilla en marzo-abril de 1990, cuando José María Aznar López recibió del 10º Congreso del Partido Popular una autoridad omnímoda que iba a ejercer sin cortapisas durante casi tres lustros. Como hacen todos los poderes, también el aznarismo quiso realzarse a posteriori cargando las tintas sobre la situación heredada. El Congreso de Sevilla -explicaría más adelante Francisco Álvarez Cascos- acabó “con el fulanismo, las camarillas, las facciones y las divisiones, el monólogo y el autismo, las filtraciones, el autoritarismo, el aislamiento nacional del partido y el centralismo dogmático”. Y bien, ¿qué ha ocurrido para que, 18 años después, el PP haya recaído, casi palabra por palabra, en el cuadro clínico tan crudamente descrito por el vehemente político asturiano?

Naturalmente, esa pregunta no tiene una respuesta simple ni unívoca. De todos modos, y a mi juicio, el origen remoto de la crisis actual se sitúa, como la referencia que abría este artículo, tras la obtención de la mayoría absoluta, en marzo de 2000. La amplitud de aquel triunfo hizo creer a los dirigentes populares que tenían por delante al menos una década de hegemonía, desató la prepotencia del Gobierno -favorecida, además, por la coyuntural debilidad de la oposición socialista- e indujo a un Aznar liberado de las ataduras de Pujol a fijar como objetivo estratégico de la legislatura la neutralización política de los nacionalismos periféricos, con especial empeño y particular encono contra el nacionalismo vasco.

Ése fue -y no deberíamos olvidarlo- el contexto en el que tuvo lugar la investidura sucesoria de Mariano Rajoy. Un contexto no ya de enfrentamiento político-electoral, sino de criminalización moral del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, por analogía, de todas las fuerzas que cuestionasen el concepto uninacional de España. Un contexto en el que, a cada nuevo asesinato etarra, aumentaba dentro o cerca del PP el predicamento de las voces tanto individuales como colectivas (María San Gil, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz, el Foro de Ermua, Basta Ya, la Asociación de Víctimas del Terrorismo…) que habían hecho del combate contra cualquier nacionalismo distinto del español su razón de ser. Un contexto en el cual el Gobierno y el partido de Aznar tendían a situar a adversarios, críticos y contraopinantes ante un dilema perverso: o con la Constitución (interpretada por el PP), o con ETA.

Si el Partido Popular no hubiese sido prisionero de esta lógica, de esta obsesión antinacionalista, los atentados del 11 de marzo de 2004 no habrían arruinado sus expectativas electorales ni cerrado a Mariano Rajoy las puertas de La Moncloa. Pero las trágicas circunstancias de aquella derrota iban a tener para el aspirante pontevedrés otros efectos nocivos. Le obligaron a navegar durante toda la legislatura con una tripulación heredada, porque sustituir a sus primeros oficiales (Zaplana, Acebes, Astarloa y compañía) hubiera supuesto reconocer errores o culpas en la gestión informativa del 11-M. Forzado, pues, a sostenella y no enmendalla -tanto en relación a las bombas de Atocha como respecto de la cuestión territorial y los nacionalismos periféricos-, el partido de Rajoy (¿era en verdad el suyo?) devino cada vez más rehén de ciertos medios de comunicación que le dictaban la agenda y el discurso, le organizaban las manifestaciones antigubernamentales y mantenían al núcleo duro de la militancia enganchado a las teorías conspiranoicas acerca de la matanza en los trenes. Todo ello, con el explícito aval de Aznar y entre desdenes y puyas sobre la falta de agresividad y de cuajo de maricomplejines Rajoy.

Se diría que éste quiso apurar el cáliz hasta las heces, o someter la estrategia del integrismo moral e identitario (contra las bodas homosexuales, contra la Educación para la Ciudadanía, contra el Estatuto catalán…) al test irrefutable de unas urnas sin bombas. El pasado 9 de marzo, esas urnas se abrieron y dibujaron, tras cuatro años de movilización, el techo alto pero insuficiente de la derecha integrista, centrípeta, aislada y hosca. Y Mariano Rajoy, tras algunas dudas, decidió seguir al frente del PP, pero esta vez con tripulantes de confianza y su propia carta de navegar. ¿Para adentrarse en las procelosas aguas de la traición y del entreguismo? No parece. Más bien para darse la posibilidad de hacer, llegado el caso, lo mismo que hizo en su día José María Aznar: virar tácticamente al centro y entenderse con el PNV y con Convergència i Unió. ¿O es que hemos olvidado ya sobre qué vigas levantó el PP, desde 1996, su mayoría absoluta de 2000? Pues sobre pactos del Majestic, sobre figuras como las de Rodrigo Rato o Josep Piqué y sobre cálidos almuerzos entre Álvarez Cascos y Xabier Arzalluz.

Ahora, sin embargo, presuntas intenciones de este tipo -presuntas, porque ninguna ponencia, ningún documento público las explicita- son presentadas como actos de quintacolumnismo, de connivencia con el enemigo. Y un clásico combate intrapartidario por el poder entre ambiciones encontradas se disfraza de cruzada ética, de lucha por los principios. Con una singularidad: el papel que, como guardianes de esos principios, se arrogan un diario, una cadena radiofónica y, detrás de ésta, algunos jerarcas eclesiásticos.

Durante la primera década del posfranquismo, fueron comunes los intentos de determinados poderes patronales o bancarios de tutelar mediante préstamos, avales y donativos a los distintos partidos de centro y derecha (AP, UCD, PDP, CDS, PRD…), de dictarles alianzas y hasta imponerles liderazgos. Si, además de salvar su cabeza política, Mariano Rajoy consiguiera ahora emancipar al PP de la tutela moral de ciertos liberales a lo Torquemada, Mazarinos de secano y otros aprendices de brujo, todos los demócratas le deberíamos gratitud por ello.