España se encuentra inmersa en una grave crisis política cuyos dos principales síntomas son la quiebra del bipartidismo y el conflicto territorial en Cataluña. En el debate público se ha tendido a enfatizar excesivamente el primer síntoma a la hora de explicar la parálisis que ha sufrido durante el último año la política española. Ciertamente, el ascenso de Podemos y Ciudadanos ha alterado de forma muy sustancial la lógica de competición partidista de nuestro país, hasta entonces dominada por el duopolio de PP y PSOE. Entonces, España contaba con uno de los Parlamentos menos fragmentados de toda Europa y, hasta la llegada de la Gran Recesión, el bipartidismo gozaba cada vez de mejor salud. Esta tendencia contrastaba con el creciente multipartidismo en el resto de democracias europeas.
Con la irrupción de Podemos y Ciudadanos, España se ha incorporado a la misma senda que la de la mayoría de democracias parlamentarias y la actual fragmentación del Congreso de los Diputados es ya homologable a la que observamos en los países de nuestro alrededor. No hay duda de que este incremento de la fragmentación parlamentaria no ha ayudado a la gobernabilidad de España. Sin embargo, la compleja situación política que vive nuestro país no puede entenderse solo teniendo en cuenta la crisis del bipartidismo. Sin la existencia de la crisis territorial en Cataluña, muy probablemente no habría sido necesario la repetición de las elecciones: Mariano Rajoy hubiera dejado de ser inquilino de la Moncloa tras las elecciones de diciembre.
A pesar de su tradicional mala fama, los partidos nacionalistas catalanes han sido los garantes de la estabilidad de los Gobiernos españoles desde la Transición. Gracias a los nacionalistas, tanto PP como PSOE han podido gozar de Gobiernos excepcionalmente longevos. Dejando al margen el último Gobierno de Felipe González entre 1993 y 1996, todos los ejecutivos, con o sin mayoría absoluta en el Congreso, han conseguido agotar la legislatura o quedarse muy cerca de ello. La larga duración de los Gobiernos españoles contrasta con la pauta habitual en el resto de democracias parlamentarias, donde, por lo general, la esperanza de vida de los Gobiernos unipartidistas sin mayoría absoluta tiende a ser de en torno a la mitad.
En el actual escenario político, los partidos nacionalistas catalanes han seguido manteniendo esa tradicional condición de piezas clave a la hora conformar mayorías de gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, su irrenunciable mandato de ruptura con España les ha llevado al ostracismo político. A pesar de que ERC y PDC (la ex-Convergència) eran piezas imprescindibles para la conformación de una mayoría de izquierdas, el PSOE decidió excluirlos como socios parlamentarios al considerar que el referéndum sobre la independencia era inasumible.
Es cierto que un Gobierno de izquierdas alternativo al de Mariano Rajoy debía sortear otros importantes escollos. Los socialistas debían afrontar las negociaciones con un liderazgo débil y Podemos, tras las elecciones de diciembre, quedó excesivamente deslumbrado por el espejismo del sorpasso en las segundas elecciones. A pesar de las dificultades, PSOE y Podemos demostaron tener capacidad de alcanzar acuerdos de gobierno en regiones como Aragón, Comunidad Valenciana o Extremadura. Ahí donde los nacionalistas catalanes no formaban parte de la aritmética parlamentaria, los pactos entre estos dos partidos fueron, por lo general, viables.
En definitiva, si Mariano Rajoy sigue siendo presidente del Gobierno, no se debe tanto a la irrupción de Podemos y Ciudadanos como a la crisis territorial. Es por ello que no deberíamos ser excesivamente optimistas sobre cómo puede evolucionar el conflicto catalán durante la próxima legislatura. El PP, en su condición de partido gobernante y de primera fuerza parlamentaria, es quien dispone de gran parte los resortes necesarios para la resolución del “problema catalán”. Sin embargo, es también el PP quien más réditos electorales está obteniendo de la crisis nacionalista en Cataluña, pues ésta no sólo le ha servido para lastrar los apoyos electorales del PSOE sino que también ha provocado que las mayorías parlamentarias alternativas a la del PP no sean viables.
El conflicto territorial ha resultado ser particularmente nocivo para los intereses electorales del PSOE. Desde la aventura que José Luis Rodríguez Zapatero emprendió en 2004 con las reformas estatutarias, la cuestión nacionalista ha abierto una profunda fisura a las bases electorales del PSOE por la que se han fugado numerosos apoyos hacia el PP, UPyD y, posteriormente, Ciudadanos. Estos dos últimos partidos surgieron, precisamente, impulsados por la activación del debate nacionalista durante el proceso de reforma del Estatut de Cataluña.
Si Rodríguez Zapatero consiguió mantenerse en la Moncloa en 2008 fue en buena parte porque muchos votantes de la órbita del catalanismo decidieron apoyar estratégicamente al PSOE para evitar una victoria de Mariano Rajoy. Fue precisamente ese año cuando los socialistas catalanes obtuvieron los mejores resultados de su historia con su eslogan Si tu no vas, ellos vuelven. La activación del conflicto nacionalista tras la apertura del proceso de reformas estatutarias alteró de forma muy profunda la implantación territorial del PSOE. Los socialistas ganaron terreno en Cataluña y el País Vasco, pero lo hicieron a costa de retroceder en esas regiones donde el nacionalismo español estaba más arraigado.
Aunque Rodríguez Zapatero consiguió su segundo mandato, el saldo final de su apuesta en materia territorial ha resultado ser ruinoso. Tras las elecciones de 2008, los socialistas no han sido capaces de mantener su atractivo en Cataluña. La polarización que ha generado el proceso soberanista catalán ha dejado al PSC fuera de juego, llevándolo prácticamente a la irrelevancia política. En cambio, el PP ha conseguido adueñarse del papel de garante de la unidad de España en una coyuntura ciertamente favorable, pues el conflicto territorial está más vivo que nunca.
En definitiva, el llamado “problema catalán” es, sin lugar a dudas, uno de los retos más urgentes y de mayor envergadura que debe afrontar el Gobierno de España. Sin embargo, el responsable de resolver este conflicto es, irónicamente, quien mayores intereses electorales tiene en que la crisis territorial no se resuelva. Y es que mientras el proceso soberanista siga marcando la vida política de Cataluña, los partidos nacionalistas seguirán excluidos de las aritméticas parlamentarias que permitan la creación de Gobiernos alternativos al de Mariano Rajoy. Ante este escenario político, ¿deberíamos esperar que el PP apueste durante esta legislatura por resolver el conflicto territorial en Cataluña? Probablemente, no.
Lluís Orriols es director del máster en Análisis Político y Electoral de la Universidad Carlos III de Madrid.