El PP y el régimen andaluz

Pese a la deplorable campaña electoral de Susana Díaz, el PSOE volverá hoy a ganar y a gobernar en Andalucía. Será la décima legislatura con victoria socialista y, si llega a su término, serán treinta y siete años ininterrumpidamente de ejecutivos socialistas en el palacio de San Telmo. Hasta el punto de que no es impropio referirse al sistema político autonómico andaluz como a un régimen con evocaciones nada positivas porque remite a un electorado cautivo de unas siglas -las del PSOE- que han transformado el socialismo ideológico en aquella comunidad en una identidad colectiva muy próxima a un nacionalismo reactivo al de Catalunya o el País Vasco.

Un fenómeno curioso e inquietante porque, durante los nueve mandatos de la izquierda, Andalucía no ha logrado esponjarse ni social ni económicamente: los datos de desempleo son los más altos de España (el 34%) y los de renta por habitante colocan a los andaluces en los últimos puestos sólo por delante de los extremeños.

La derecha española no puede esconder su perplejidad al observar la trayectoria histórica de Andalucía desde el referéndum de 1980 para que la región no fuese menos, en términos autonómicos, que las denominadas en la Constitución nacionalidades históricas, ni ocultar tampoco su desconcierto por no haber logrado localizar los mecanismos de psicología colectiva para persuadir a los andaluces de un cambio mayoritario de criterio electoral.

En comunidades como la vasca y la catalana, con fuerzas sociales centrales muy amplias adheridas al nacionalismo, la alternativa ha sido posible: con el PSE en Euskadi y con los dos tripartitos en Catalunya. Los socialistas en Andalucía, bien con mayorías absolutas, bien con relativas completadas por otras formaciones de izquierda, se han mantenido en el Gobierno contra viento y marea. Y lo seguirán haciendo porque hoy volverán a ganar.

El Partido Popular desaprovechó pródigamente la oportunidad de quebrar el sistema regimental de Andalucía en diciembre del 2011. Recién obtenida la mayoría absoluta, basada también en el voto urbano andaluz, la derecha española cometió tres errores de libro. El primero, formar un Gobierno sin peso político porque Rajoy prefirió la confianza y la lealtad personales que la proyección de sus ministros. El segundo, dictar un decreto ley de medidas urgentes elevando, no los impuestos indirectos, sino el IRPF. Y el tercero, posponer la elaboración del presupuesto del 2012 hasta después de las elecciones andaluzas que se celebraron en marzo de ese mismo año.

Las clases medias de Andalucía y parte de las rurales cansadas del PSOE observaron en los primeros pasos de Rajoy en la Moncloa los síntomas iniciales de un Ejecutivo que se encaminaba por donde no estaba previsto que lo hiciera. Y se quedaron en casa: ganó, sí, el PP las elecciones del 2012 con 50 escaños, pero la victoria estaba más allá de ese guarismo. Javier Arenas hubiese necesitado cinco escaños más -55- para, con mayoría absoluta, poder hacerse con la presidencia de la Junta de Andalucía.

En rigor, el fracaso del PP en las andaluzas del 2012 resultó ser el final de un ciclo de victorias frente al PSOE de Zapatero y podría convertirse hoy en el inicio de otro de fracasos electorales. Los populares no han logrado superar en Andalucía dos handicaps decisivos: por una parte, su baja implantación rural, que sería la mitad de la que dispone el PSOE, y por otra, ganarse el voto femenino, que según todos los estudios demoscópicos es acendradamente socialista.

Y luego está el peso y la inercia de la historia: los peores estereotipos de la derecha se cultivan en Andalucía a través de dos figuras -cada vez menos reales- tales como el señoritismo y el latifundismo, clichés que no se dan en ninguna otra parte de España. Además, existe una conciencia muy generalizada de que la especificidad andaluza -que existe, que es cierta- la preserva mejor la izquierda que la derecha, concepto en el que se engloba no sólo al Partido Popular sino también a los nacionalistas vascos y catalanes. Ni siquiera el Partido Andalucista fue capaz de resistir la absorción de voluntades colectivas que ha logrado allí el PSOE.

Por lo demás, prácticas clientelares -en las que colaboran los sindicatos UGT y CC.OO.- han creado una urdimbre de intereses socializados que hacen hermético el régimen socialista andaluz. Prácticas clientelares que están vinculadas a comportamientos corruptos -el caso ERE, el caso de los fondos para la formación- que son posibles -y benévolamente admitidos- porque no privatizan los beneficios sino que los reparten para ganar voluntades. Por eso, entre otras razones, Andalucía, en su rigidez política, es un factor de inmovilismo del Estado que precisa del motor sureño activado para su urgente transformación.

José Antonio Zarzalejos

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