Desde hace cuatro años, la vida política española padece una grave anomalía que viene minando la convivencia democrática. Tras las elecciones del 2004, el Partido Popular programó una sistemática crispación con el aparente objetivo de desprestigiar al Gobierno del país y a una parte de la judicatura y de las fuerzas de seguridad del Estado, a fin de reconquistar el poder. Sin embargo, pese a tanta erosión, todas las encuestas son favorables a los socialistas. ¿Por qué, entonces, el empeño del PP en mantener una estrategia que lleva a una nueva derrota electoral? La única respuesta lógica es que en realidad se antepone otro objetivo al de ganar las elecciones: generar un clima político que permita a la actual dirección del PP eludir sus responsabilidades por la guerra de Irak. La crispación es la aplicación a la vida po- lítica de la táctica del calamar: emborronarlo todo con falsas polémicas de modo que lo esencial escape al debate. Y lo esencial es que los miembros del Gobierno de Aznar cometieron un delito por el que de momento no han respondido.
El resultado de dicha estrategia de mentiras y manipulaciones es que el conjunto del Estado ha acabado erosionado. La crispación ha llegado hasta la figura del Rey y a la Monarquía como institución. Sin embargo, llama la atención que ninguna autoridad política ni judicial haya reaccionado en estos cuatro años para defender a la Monarquía parlamentaria española del mayor ataque que ha sufrido. Es ahí donde se debería ser ejemplarizante, porque difícilmente se puede exigir a los ciudadanos respeto a la Monarquía cuando el propio Gobierno de la nación puede no respetarla impunemente. El 16 de marzo del 2003, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, junto con Bush y Blair, lanzó un ultimátum al Gobierno de Irak cuyo incumplimiento supondría el ataque para derribar a dicho Ejecutivo. Que 72 horas después empezara la invasión prueba que existía una relación de causa-efecto y que era una declaración de guerra.
Sin embargo, el presidente Aznar no tenía la capacidad legal de hacer tal cosa. La constitución reserva en exclusiva a la reunión conjunta de las Cortes, refrendada por la firma del Rey, la capacidad de declarar la guerra, y el Có- digo Penal español castiga, con penas de entre 15 y 20 años de cárcel, a los miembros del Gobierno que hagan una declaración ilegal de guerra. Pero no solo la declaró: también envió tropas españolas al escenario bélico para que cumplieran misiones de apoyo técnico y sanitario, que fueron cínicamente presentadas como "ayuda humanitaria", durante la invasión, y destinó después tropas españolas en el territorio ocupado iraquí, con lo que se convirtieron en fuerzas de ocupación. Y todo ello sin que existieran ni una nueva resolución de la ONU ni una operación en el seno de la OTAN que pudieran haberse presentado como excusa.
Con ello, el Gobierno de Aznar usurpó las funciones del jefe del Estado y del Parlamento en un asunto de extrema gravedad, como es la guerra. Está claro que los requisitos constitucionales para la declaración de guerra y los tipos penales contra las autoridades que la declararan ilegalmente responden a la voluntad del legislador de proteger a la nación de aventuras militares que puedan acarrear daños graves a los intereses nacionales y a las vidas de los ciudadanos. Por ello, resulta incomprensible que ni la Fiscalía General ni el Parlamento hayan tomado iniciativa legal alguna para perseguir el delito cometido por los miembros del Gobierno de Aznar. Tan solo un grupo de ciudadanos intentamos vanamente interponer una querella contra Aznar y sus ministros, cuya tramitación fue rechazada por el Tribunal Supremo con el argumento de que solo el Parlamento tiene potestad para presentar querella por los delitos que pretendíamos que se juzgaran.
Buena parte de la actual dirección del PP formaba parte de aquel Gobierno de Aznar que concentró en sus manos, ilegalmente, funciones y poderes que no le competían, y el hecho de que el Tribunal Supremo atribuya en exclusiva al Parlamento (al menos un 25% de sus miembros) la iniciativa de querellarse por tal delito quiere decir que aún existe la posibilidad de que acaben en el banquillo, si los parlamentarios toman tal iniciativa. La victoria en las elecciones del 2004 habría servido al PP para bloquear, invocando el refrendo de la soberanía popular, cualquier medida en ese sentido. Su derrota, por contra, podía abrir la puerta a la exigencia penal de responsabilidades, de ahí la en apariencia inexplicable crispación generada.
En su fuga hacia delante, la dirección del PP no ha tenido empacho en enrarecer la convivencia, auspiciando además la resurrección de la extrema derecha, al extremo de propiciar la erosión de instituciones arbitrales como la Monarquía o la justicia. En otros países, como Francia, donde la investigación sobre presuntos delitos del expresidente Chirac continúa, el paso por el gobierno no significa impunidad. En España tampoco debería significarlo, pero solo los diputados de las Cortes tienen la posibilidad legal de querellarse por la guerra de Irak. Hacerlo significaría dejar de lado el ruido de la crispación para resolver de una vez esa anomalía tan peligrosamente desestabilizadora. Es la responsabilidad que cabe exigirles.
José Manuel Fajardo, escritor.