En la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo de este jueves se han comenzado a discutir los informes presentados por el Gobierno para proceder a la reforma de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial y para regular la compatibilidad entre el cobro de una pensión y la realización de actividades remuneradas por cuenta ajena o propia.
Esta reunión se ha producido a los pocos días de que el Congreso votara por unanimidad una moción presentada por la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) por la que se mandata al Gobierno a aplicar la revalorización integra de las pensiones en el 2012, lo que supone una paga extra con las diferencias entre el 1% aplicado en enero y el IPC real a 30 de noviembre, así como a aplicar este diferencial en la nómina de enero del 2013. De manera sorprendente, ni los Presupuestos Generales del Estado del 2013 ni otra manifestación gubernamental permiten garantizar que el Ejecutivo piensa aplicar la moción aprobada a propuesta de nuestro grupo. Aspecto este que todos los grupos nos hemos encargado de destacar.
En relación con el objeto de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social, estos son los aspectos básicos de mi intervención.
De entrada, hemos dejado constancia de la incongruencia que supone presentar una propuesta de reforma de la legislación de Seguridad Social, cuando aún ni tan siquiera ha entrado en vigor la ley que se quiere reformar, la 27/2011.
Este comportamiento del Gobierno pone de manifiesto que las razones para presentar sus propuestas de reforma ni son objetivas ni tienen que ver con posible efectos negativos en la aplicación de la ley 27/2011.
Y hacen pensar que más bien responden a nuevas contrapartidas en forma de recortes, ante las exigencias de la 'troika', desde una posición de dogmatismo ideológico que carece de cualquier base empírica y solo responden a los intereses del lobi del aseguramiento privado. Además de ir contra toda lógica social y económica. Que en un contexto de profunda recesión, que durará aún varios años, con niveles del desempleo del 25% que tardaran una década al menos en recuperarse, con niveles de desempleo juvenil del 53% resulta absurdo, antisocial y antieconómico que el Gobierno presente dos bloques de medidas que pretenden: de un lado incentivar la compatibilidad entre el cobro de una pensión y la realización de otros trabajos retribuidos.
Alargar la vida laboral de los ocupados por la vía de dificultar la jubilación anticipada y parcial y penalizar a los trabajadores que accedan a ella.
Si las medidas que propone el Gobierno ya serian discutibles en momentos de normalidad en el empleo, en una situación de elevado desempleo estructural no tienen ninguna lógica económica ni social.
Aunque es cierto que no existe ninguna automaticidad entre adelantar la edad de jubilación y la creación de empleo, lo que si es evidente que alargar la edad real de jubilación de los que se encuentran activos, dificulta aún más la incorporación al trabajo de los que se encuentran desempleados y de los jóvenes.
Una vez más, el Gobierno nos presenta propuestas que dicen ir en una dirección y que en la práctica provocan el efecto contrario del que se dice perseguir.
Jubilación anticipada y parcial
En los informes presentados se dice explícitamente en unos casos, implícitamente en otros que las propuestas de reforma se plantean para hacer frente a un doble problema.
A saber, el impacto negativo que tiene la actual regulación de la jubilación anticipada en el carácter contributivo del sistema. Y en los supuestos desequilibrios internos o de inequidad que la legislación actual tiene. Pero en ninguno de estas afirmaciones se aportan datos que las sustenten.
Que dicen los datos aportados por los informes del Gobierno.
1. Que el gasto en pensiones en España, esta un 3% del PIB por debajo de la media de la UE. Y que en cualquier escenario hasta el 2050, nuestro gasto no sobrepasa la media de la UE.
2. Que a pesar de lo afirmado dogmáticamente por la 'troika' nuestra edad de jubilación ordinaria, la actual y la prevista para el año 2027 aguanta la comparación con el resto de países de la UE. Y no es necesario en absoluto alargarla.
3. Que los porcentajes de jubilación anticipada en relación al total de jubilaciones se han reducido significativamente, pasando en relación al total de jubilaciones de representar el 46,5% en 2006 al 40,5% en 2011.
4. Que el porcentaje de jubilación a tiempo parcial ha pasado del 14,10% en el 2008 al 9,39% en 2011.
5. Que la edad media real de jubilación, aunque lentamente, va creciendo y se acerca a los 64 años, concretamente los 63,87 años en el 2011. Una edad media real superior a la de los países de la UE.
6. Que el aumento del coste de las nuevas altas de pensiones de jubilación anticipada no tienen nada que ver con una supuesta situación ventajosa de los jubilados anticipados o parcial, sino con la evolución demográfica y las llegadas a la edad de jubilación de cohortes generacionales más numerosas.
7. Que los sucesivos cambios legislativos ya han situado condiciones muy exigentes para el acceso a la jubilación anticipada y a tiempo parcial, tanto en relación a los años mínimos para acceder, como al coeficiente reductor en caso de la jubilación anticipada que puede llegar a suponer una penalización del 41% en el caso de jubilación anticipada en el 2027.
8. Que las personas que acceden a la jubilación a tiempo parcial tienen carreras de cotización muy intensas. La edad media de acceso a la jubilación parcial es superior a 40 años de cotización.
9. Ni uno solo de los datos aportados por el Gobierno permite demostrar que la Seguridad Social salga perjudicada por la Jubilación anticipada, dado que no debe olvidarse que las personas que se jubilan en estas condiciones están cobrando durante toda su vida una pensión con importantes coeficientes reductores, en relación a la que hubieran cobrado en función de los años cotizados, si se hubieran jubilado en la edad ordinaria.
10. Tampoco aporta el Gobierno ningún dato que permita afirmar que se produzcan situaciones de inequidad interna entre colectivos, dado que las diferentes pensiones lo son como consecuencia de las diferentes contribuciones en años cotizados e importe de las cotizaciones.
Consecuencias de las medidas propuestas por el Gobierno
Dado que el Gobierno pretende tocarlo todo, el impacto de sus propuestas sería importante. Dificultaría aún más el acceso a la jubilación anticipada y penalizaría las condiciones de acceso.
Castigaría especialmente a los parados mayores de 55 años, con prestación asistencial que sufrirían un doble impacto, el de alargar más años la percepción de un subsidio asistencial de baja cuantía. Y al mismo tiempo verían reducir sus pensiones, al aumentar el volumen de años en que sus cotizaciones lo serían por la cuantía mínima, correspondiente a la prestación asistencial de desempleo.
Introducirían más rigidez y dificultades a los procesos de rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas.
Conclusiones
1. No hay razón alguna, ni de naturaleza económica, ni de equilibrio o equidad interna para que se aborde un nuevo cambio legislativo en la regulación de la jubilación anticipada y parcial.
2. No tiene sentido incorporar cambios, cuando los que se introdujeron en la ley 27/2011 no han entrado en vigor y por tanto se desconocen sus efectos, que en todo caso irán en la dirección de endurecimiento de condiciones que pretende el actual Gobierno. Con lo que lo lógico sería esperar a conocer los efectos de la ley 27/2011.
3. Los cambios propuestos por el Gobierno supondrían dificultar y penalizar el acceso a la jubilación anticipada y parcial, sin que ello responda a ninguna razón de contributividad o equidad.
4. Las propuestas van contra toda la lógica del actual mercado de trabajo y de la situación de desempleo masivo, especialmente en relación a los intentos de hacer compatible la percepción de una pensión con la realización de un trabajo retribuido. Pero también en relación a la pretensión de atrasar, dificultar y penalizar el acceso a jubilación anticipada y parcial.
5. Las propuestas del Gobierno son absolutamente contradictorias e incongruentes con las que sostuvo durante la anterior legislatura y el proceso de elaboración de la ley 27/2011. Es más, proponen lo contrario de lo que dijeron en su momento.
Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya en el Congreso.