Aunque varios periodistas de El Espectador fueron asesinados en las décadas de 1980 y 1990, muchos jóvenes reporteros aspiraban a formar parte de la plantilla del histórico periódico colombiano de finales del siglo XX. Me encantaba trabajar allí, a pesar de los riesgos. Después de que el Cartel de Medellín bombardeara nuestra sede, mis colegas y yo rescatamos de entre los escombros el escritorio en el que Gabriel García Márquez escribió sus primeras historias para el periódico.
Soñábamos que un García Márquez invisible, desde aquel escritorio vacío, nos instaba a seguir escribiendo historias que sacaran a la luz la injusticia en Colombia. En 1998, cuando The Cincinnati Enquirer informó de que la empresa bananera estadounidense Chiquita Brands había sobornado a funcionarios colombianos para obtener una licencia de uso de una instalación portuaria de carga en Turbo, Urabá, una ciudad de la costa colombiana, empecé a investigar a la empresa como si el propio García Márquez me hubiera asignado el encargo.
Chiquita negó las acusaciones del reportaje del Enquirer de 1998. Más tarde, el periódico se disculpó públicamente y renunció a la investigación después de que se revelara que un reportero mintió sobre las fuentes y obtuvo ilegalmente grabaciones de mensajes de voz. Pero en El Espectador pensamos que el Enquirer tenía algo entre manos. Publicamos las acusaciones, señalando que el periódico se había retractado del artículo y que el reportero de la historia estaba siendo investigado por la policía de Ohio. Y durante años —incluso cuando dejé El Espectador por Noticias Uno, un programa de noticias nocturno— seguí investigando a la empresa. En 2002, después de hablar con la policía nicaragüense y con oficiales militares, así como con la policía de Panamá, informé de que 3000 armas para las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derecha conocido como las AUC, habían llegado al puerto de Urabá desde Nicaragua, y que Chiquita parecía haber sido consciente de que los paramilitares estaban utilizando sus instalaciones para recibir armas.
Ahora, me gusta pensar que García Márquez habría sonreído ante el resultado de una demanda contra Chiquita en Florida. En junio, un jurado declaró a Chiquita responsable de la muerte de ocho hombres asesinados por las AUC, que la empresa ayudó a financiar. (Diecisiete años antes, el Departamento de Justicia estadounidense descubrió que Chiquita pagó al grupo más de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004). La empresa fue condenada a pagar 38,3 millones de dólares por daños y perjuicios a las familias de los hombres. Era la primera vez que Chiquita era declarada responsable de sus actos en América Latina. Un vocero de Chiquita, en respuesta a preguntas para este ensayo, dijo que los pagos de la empresa a las AUC se hicieron bajo coacción y que está apelando el veredicto.
El mundo sabe desde hace tiempo que algo no va bien en el negocio del banano. En Colombia, Noticias Uno había informado sobre la asociación de Chiquita con las AUC desde principios de la década de 2000. Y aunque esa relación ha sido objeto de escrutinio legal en Estados Unidos, Chiquita aún no ha sido juzgada en Colombia. El caso de Florida planteó cuestiones éticas olvidadas por mucho tiempo en los dos países sobre el costo real de una de las frutas más baratas de los supermercados estadounidenses. Todos deberíamos preguntarnos: ¿Cuánta sangre hay en el banano de nuestro desayuno?
En la región de Urabá ha habido demasiada. Chiquita se instaló allí, donde la tierra para cultivar banano era barata, pero se vio obligada a pagar a las AUC a través de su filial en Colombia para operar con seguridad, según ha dicho la empresa. En el siglo XX, el fusarium del banano, provocado por un hongo mortal también conocido como enfermedad de Panamá, destruyó los cultivos de plátano en algunas partes del Caribe y Centroamérica, pero no en Colombia. Luego, en 1998, algunas de las operaciones bananeras de Chiquita en Honduras y Guatemala sufrieron los daños de un huracán, lo que le costó a la empresa 74 millones de dólares. Chiquita, al parecer, aceptó que pagar a los paramilitares era el costo de hacer negocios en Colombia.
Pero la empresa estaba haciendo negocios con criminales. En la masacre de Saiza de 1999, militantes de las AUC quemaron la mayoría de las casas del pueblo de Urabá y mataron a varias personas. Los paramilitares expulsaron a todos los habitantes de Saiza, a quienes amenazaron con matarlos si no se marchaban. Los asesinatos de las AUC continuaron durante la década de 2000. Las viudas y los huérfanos de las víctimas me contaron que un subgrupo de las AUC conocido como el Bloque Bananero participaba extraoficialmente en la operación bananera al aplazar las demandas sindicales y obtener nuevas tierras para las plantaciones y matando y expulsando a la gente de Urabá. Más de 100.000 personas fueron desplazadas de la región entre 1995 y 2006. Vi de primera mano cómo los residentes luchaban por encontrar justicia por estos crímenes.
En 2001, Estados Unidos designó a las AUC como organización terrorista extranjera. Los directivos de Chiquita no fueron conscientes de ello hasta febrero de 2003. En abril, Chiquita admitió ante el Departamento de Justicia estadounidense que había dado dinero a las AUC, y que había seguido financiando al grupo paramilitar incluso después de su designación como organización terrorista extranjera. Chiquita dijo al Departamento de Justicia que se vio obligada a hacer pagos al grupo paramilitar por el peligro que representaba; los líderes de las AUC dijeron en una entrevista años después que Chiquita los financiaba voluntariamente. En 2004, Chiquita vendió sus operaciones en Colombia a Invesmar Ltd., sociedad de cartera de la empresa Banacol, con sede en Colombia, que al parecer producía banano en condiciones similares.
La admisión de Chiquita llevó al Departamento de Justicia a abrir una investigación sobre la empresa. En 2007, tres años después de salir del negocio bananero colombiano, Chiquita se declaró culpable en Estados Unidos de un cargo de participación en transacciones con una organización terrorista global especialmente designada. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Chiquita pagó una multa penal de 25 millones de dólares al gobierno por sus vínculos con los paramilitares. Antes de la audiencia de sentencia, el Departamento de Justicia informó a los abogados de Chiquita de que no procesaría a los empleados de la empresa relacionados con la investigación.
Tras el acuerdo, Mario Iguarán, quien entonces era fiscal general de Colombia, dijo que los ejecutivos de Chiquita debían ser extraditados a Colombia y que la multa de 25 millones de dólares debía enviarse a Colombia como reparación para las víctimas de las AUC. Pero ese y otros intentos de exigir responsabilidades a Chiquita en el sistema jurídico colombiano no han llegado a ninguna parte o se han estancado. En 2008, la fiscalía colombiana acusó a 10 ejecutivos de Chiquita por sus acciones con las AUC. Los cargos incluían conspiración para cometer delitos agravados por financiar, promover y organizar grupos armados ilegales. En 2019, 11 años después, comenzó el juicio. Y solo ahora avanza. Las audiencias están programadas para noviembre.
Alentados por la victoria del Departamento de Justicia contra Chiquita, las víctimas y sobrevivientes de las AUC en Colombia han llevado sus reclamos a Estados Unidos. En la actualidad hay más de 4000 familiares de víctimas de la violencia de las AUC que reclaman reparaciones a Chiquita en Estados Unidos. La sentencia histórica de junio es uno de esos casos, que puede sentar un precedente importante para otros demandantes.
Chiquita ha dicho que interpondrá una apelación contra el veredicto; un segundo juicio previsto para el mes pasado ha quedado en pausa mientras se tramita la apelación. “Durante el reciente juicio civil en Florida, Chiquita presentó pruebas convincentes de que sus operaciones fueron víctimas de extorsión”, declaró un representante de la empresa al Times. “Estos pagos se hicieron bajo coacción y amenaza de violencia”. La empresa no ha admitido haber ayudado al tráfico de armas de las AUC, ni en el momento de mi reportaje ni en su declaración de 2007. La empresa declinó hacer comentarios sobre esas acusaciones, la violencia que, según las víctimas, el Bloque Bananero de las AUC desató en su comunidad y los cargos a los que se enfrenta en Colombia.
En Colombia, el veredicto de Florida ha suscitado nuevas preguntas sobre por qué el propio sistema judicial del país aún no ha exigido responsabilidades a Chiquita. Llevó al presidente Gustavo Petro a escribir en X: “¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”. Desde que Chiquita admitió haber pagado a las AUC en 2003, Colombia ha tenido tres presidentes y 11 fiscales generales, y todos perdieron la oportunidad de llevar a la empresa ante la justicia. Y el banano de Urabá sigue vendiéndose en todo el mundo, cultivados en las mismas tierras que fueron aterrorizadas por las AUC.
El mes pasado, visité El Espectador tras el fallo del jurado estadounidense. Recordé con sus nuevos empleados cómo el periódico denunció en su día las irregularidades de Chiquita. El escritorio de García Márquez ya no está, pero ya no necesita animarnos a contar esta historia. Cada año, cientos de millones de personas en todo el mundo consumen banano, una fruta rica en vitaminas y minerales. Pero esto es lo que el consumidor medio debería saber: cada bocado contiene una gota de la sangrienta historia de la industria bananera.
Ignacio Gómez G. es el director de Noticias Uno, un programa de noticias colombiano. Anteriormente fue reportero de El Espectador y lleva 40 años cubriendo temas de drogas, crimen y corrupción empresarial en Colombia.