Menéndez Pidal, en su conocida Introducción a la Historia de España,dirigida por él mismo, señala que las características principales que han marcado las cumbres y depresiones de la curva vital de la historia de España han sido, por un lado, la vigorización o no de la justicia y, por otro, la alternativa entre invidencia o acertada selección de personas para los puestos importantes de la Administración pública. Si se dan por válidas estas pautas, seguramente muchos en nuestro país en la actualidad no dejarían de estar preocupados acerca de si estamos pisando terrenos de menguante y no precisamente de florecimiento en una perspectiva ni siquiera sólo a corto plazo.
En las encuestas y estudios de los últimos tiempos, tanto la justicia como la clase política son problemas que aparecen entre los que más preocupan a la ciudadanía. Elocuente y comentada ha sido la reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en la que se marcaba que la clase política y los partidos políticos son ya el tercer problema para los españoles.
Ante esta situación cabe interrogarse qué es lo que está provocando este desprestigio de la clase política y, por ósmosis, también de los partidos, que deteriora pivotes importantes de la democracia liberal. ¿Falta de virtudes específicas de los políticos? ¿Deficientes mecanismos institucionales en la selección de éstos y en el ejercicio del vigilar a los vigilantes? ¿La metástasis de la corrupción en los diferentes niveles de la Administración pública?
La interrogante acerca de las virtudes que deben adornar al gobernante ha sido un elemento presente en el pensamiento político desde la Antigüedad, y de manera más destacada desde la aparición de El príncipe de Maquiavelo, con sus inquietantes formulaciones al respecto que produjeron una intranquilidad profunda y tan duradera que incluso ha llegado hasta nuestros días. Mas, una de las características principales de la práctica de los sistemas liberal-democráticos modernos -cuya teorización venía desarrollándose ya desde hacía tiempo- es que, para el ejercicio de la libertad y del asegurar los derechos e intereses de los individuos, hay que crear mecanismos institucionales de técnica política, basados en la división y el equilibrio de poderes, un sistema de límites y controles, y no tanto depender de las virtudes subjetivas de los individuos, especialmente de los gobernantes, de tal manera que éstos no puedan modificar a su antojo las bases de ese mecanismo técnico.
Fuera de cualquier buenismo antropológico, habría que partir siempre de que todo político puede ser corruptible. Es decir, aceptar como válida la ley de la corrupción de Lord Acton, en el sentido de que no se puede dar a una persona poder sobre otras personas sin tentarla a que abuse de él. Una tentación -en palabras de Popper- «que aumenta aproximadamente con la cantidad de poder detentado y que muy pocos son capaces de resistir». No se trata, pues, de centrarse en la apelación a la virtud y al mantenimiento de los principios éticos de los políticos, porque como ya señalara Montesquieu, muy rara vez una exhortación ha cambiado los actos o decisiones de los gobernantes y que los hombres violan frecuentemente sus propios principios éticos, sino de crear adecuados mecanismos de selección y de control tanto por parte de los partidos políticos en sus estructuras y funcionamiento, como en el ámbito de las instituciones políticas en general.
No es cuestión, por tanto, de que para formar parte de la clase política -y a la hora de elegir a los gobernantes- se exija un espécimen de persona particularmente austera y virtuosa, ni sabios intelectuales transmutados en filósofos-reyes platónicos seducidos por el espejismo de Siracusa -por lo demás, de consecuencias en general tan nefastas en la práctica histórica-, sino de reforzar y de crear nuevos mecanismos de técnica de control interno y externo a los partidos y a las instituciones, pues los existentes en la actualidad es obvio que han fallado y han reventado por todas sus costuras.
Como síntoma de esta patología política, cabría preguntarse cuántos han sido los casos de corrupción que han sido detectados, denunciados y extirpados por los propios mecanismos de control interno del partido o de la institución contaminada. No basta ni vale, pues, dolores de corazón ni propósitos de enmienda por bien-intencionados que sean, sino que se impone una revisión de los mecanismos de control de partidos e instituciones de obligado cumplimiento, además de abrir el melón de la posible revisión del sistema de elección y de representación.
¿Difícil de abordar? Posiblemente, pero no imposible. En cualquier caso, habría que partir de la acepción kantiana de «nación de demonios» inteligentes: «Por duro que parezca, el problema de construir un estado puede ser resuelto incluso por una nación de demonios (mientras posean entendimiento)… Pues no se trata del mejoramiento moral del hombre, sino sólo de descubrir cómo el mecanismo de la naturaleza se puede aplicar a los hombres de tal modo que los antagonismos de su actitud hostil hagan que se obliguen mutuamente a someterse a leyes coercitivas, produciendo así una condición de paz donde puedan aplicarse las leyes».
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el partir del presupuesto de una «nación de demonios con entendimiento» y de la potencial corruptibilidad del político no debe llevar a ser indiferentes con las virtudes ciudadanas y, en particular, con las del gobernante y el político en general, en su combinación y equilibrio entre la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción, con la distinción que siempre hay que hacer entre los proyectos de los hombres y las consecuencias de sus acciones. Exigiendo, así, la asunción obligatoria por parte de los políticos de sus responsabilidades, siendo éste uno de los déficit que más pueden haber llevado al desprestigio de la clase política, y de nefasta pedagogía ciudadana.
Como ha escrito Pascal Bruckner, «cuando las élites se pretenden más allá del bien y del mal y rechazan cualquier tipo de sanción, el conjunto del cuerpo social se ve inducido a repudiar la idea misma de responsabilidad (ése es exactamente el peligro de la corrupción: ridiculizar la honradez, convertirla en una excepción tan vana como trasnochada)». Y cuando se habla de esa responsabilidad, no habría que caer por parte de los gobernantes en la demagogia en la que, por ejemplo, cayó de bruces el presidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando en su discurso ante el Comité Federal de su partido del pasado mes de septiembre apeló a oponerse a los «poderosos», porque no se puede olvidar que en un sistema democrático es el gobierno de turno el más poderoso entre los «poderosos», ya que dispone del poderosísimo instrumento del Boletín Oficial del Estado.
Ante la crisis de la clase política que se vive en nuestro país -fenómeno de cierta generalización a nivel mundial, con diferentes gradaciones-, quizá no sería gratuito el leer o releer un clásico al respecto como es El político y el científico de Max Weber, con su análisis de taxonomía política diferenciando entre los «políticos ocasionales», los «políticos semiprofesionales» y los «políticos profesionales», y dentro de éstos los que viven para la política y los que viven de la política; así como la diferenciación entre los funcionarios profesionales y los funcionarios políticos, con la subcategoría de los «funcionarios de partido».
Cuando en la selección de los políticos empiezan a predominar los aventureros, los visionarios y los faltos de escrúpulos, no hay que echar en saco roto que ése es uno de los fenómenos que caracteríza a una sociedad que tiende hacia formas con tintes demagógicos y totalitarios. Y es sabido que los brotes de malas hierbas hay que procurar arrancarlos de raíz.
La falta de responsabilidad y la ausencia de finalidades objetivas son dos pecados no precisamente veniales en la política. Porque en política, más importante que hasta dónde y a qué velocidad se va, es si se marcha en la buena dirección; siendo esto válido tanto para el Gobierno como para la oposición -para la sociedad en su conjunto-. Las conclusiones a sacar de todo esto, y para conseguir una selección acertada de gobernantes y políticos, es responsabilidad fundamental del cuerpo electoral en su conjunto, de un ejercicio crítico y maduro de la ciudadanía.
Ortega en su Mirabeau o el político escribe que «política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación», y lo que diferencia al «gran político» del «pequeño político» es que el primero ve siempre los problemas del Estado al través y en función de los problemas nacionales, mientras que el segundo, «como se encuentra con el Estado entre las manos», tiende a «desconocer su sentido puramente instrumental».
Tal vez, habría que añadir una subdivisión, la del «enano político»: el que se encuentra con su propio partido «entre las manos», lo toma demasiado en serio, da un valor absoluto a su ideología, y se desentiende de los verdaderos problemas que afectan y preocupan a la nación… Supongamos que hablamos de la España de hoy en día.
Alejandro Diz, profesor de Historia de las Ideas de la Universidad Rey Juan Carlos.