El proyecto de ley aprobado el pasado miércoles por el Gobierno vasco a propuesta de Ibarretxe por el que se convoca y 'regula' una consulta popular... para efectuar dos preguntas 'de parte' es una nueva fase de la incursión de este lehendakari en la obsesión por la ruptura y el afán de dar la razón a los violentos, además de a Sabino Arana, al aprovechar con desparpajo solemne y sin complejos la presión antidemocrática y terrorista que aquéllos ejercen en nuestra tierra y disfrazarla de conflicto.
Hoy, a las coces que nos da la violencia hay que sumar una vez más las que nos dan la radicalidad nacionalista y sus denodados esfuerzos por romper. El proyecto de ley se ha aprobado contra la historia de los vascos, contra la ley, contra los intereses reales de una sociedad democrática y moderna, contra España y contra el sentido común. No es este acto político del Gobierno vasco más que una nueva clavija en la escalada independentista que un día lidera Ibarretxe y otro ETA.
Cuando peor se encuentra el nacionalismo vasco en nuestra reciente historia, más agudo suena el diapasón de la estridencia rupturista, hasta tal extremo que ensordece al propio Euskadi buru batzar, incapaz de reaccionar ante el desafío que uno de sus afiliados ha realizado al conjunto de la sociedad de la que hasta ahora se sentían fieles guardianes. Y es que el PNV sigue tropezando en sus propios errores.
En el último congreso jeltzale, el de la sustitución de Imaz por Urkullu, éste no tuvo ni el saber, ni el poder, ni la sensibilidad suficiente como para haber encarrilado el tren de la ruptura. Y ahora se encuentran con un 'por libre' que condiciona 'a posteriori' los planteamientos políticos que hace el presidente del EBB, que se olvida de los partidos políticos para discursear a los ciudadanos nacionalistas radicales y que ve en el enfrentamiento entre vascos y con España una estrategia electoral, disfrazada de solemne convencimiento histórico, donde Batasuna y los defensores de ETA se convierten en el oscuro objeto de deseo. Y ésa es una estrategia vieja que por fortuna ya no le sirve prácticamente al nacionalismo institucional.
La desmesura rampante es la huida hacia delante de Ibarretxe y su insólito Gobierno, prologado por su peculiar Consejo político. Todos sus miembros especializados en poner cara de 'solemne acontecimiento hacia la autodeterminación'. Pero no siempre tenemos que tragarnos lo que nos cuentan desde Ajuria Enea como una fatalidad insuperable. A lo presentado por el Ejecutivo se le ponen objeciones políticas, jurídicas y sociales que serán imposibles de superar por los arquitectos de la ruptura. He aquí, a modo de ejemplo, este decálogo que pone en evidencia la inconsistencia del 'preguntazo'.
Primero. Este proyecto de ley no arregla ningún problema a los vascos, genera oscuras incertidumbres e inseguridades en nuestra convivencia, ha descolocado al PNV, fortalece a ETA y no está sustentado en la razón política, jurídica, ni histórica.
Segundo. El proyecto de ley tiene definitivas dificultades reglamentarias y de tramitación política. No es constitucional y pretende regular cuestiones que escapan a las competencias y a la capacidad de actuación del Parlamento vasco.
Tercero. Se ha pedido que su tramitación legislativa sea en la Cámara por el procedimiento de lectura única (sin enmiendas) y eso supone desposeer a los parlamentarios de la capacidad de corregir o enmendar un proyecto de ley como ocurre en cualquier parlamento democrático. Es decir, la petición del Gobierno, adjunta al proyecto de ley de consulta, vulnera el derecho constitucional de los parlamentarios a realizar su función representativa. Y además no se justifica el procedimiento de lectura única en ningún argumento jurídico con acomodo en el Reglamento del Parlamento vasco.
Cuarto. En lo material tiene profundos errores de técnica legislativa que obedecen a la pretensión de hacer una ley de artículo único para forzar un único e injustificado debate de totalidad. Y además regula en disposiciones adicionales lo que tendría que estar regulado en artículos de un proyecto de ley o en disposiciones finales. Es decir, además de inconstitucional es chapucera.
Quinto. Se juega conscientemente con el hecho de que se producirá un periodo de conflictividad institucional. El Gobierno vasco quiere colisionar en su actuación con las instituciones constitucionales. Y sabe que los tribunales suspenderán primero y tumbarán definitivamente la ley que irregularmente se apruebe.
Sexto. Se ha construido un instrumento político de confrontación sustentado en una entelequia: la coyunturalidad de un discurso de Ibarretxe pronunciado en septiembre de 2007 y que contenía una oferta institucional que sólo ha recogido el propio oferente. Es decir, el lehendakari ha presentado este órdago como un pacto consigo mismo. ¿Por qué no se ha presentado antes el proyecto? ¿Por qué hay que votarlo el 25 de octubre? ¿Por qué el pleno parlamentario tiene que ser el 27 de junio? ¿Por qué Izquierda Unida sigue avalando la pretensión de ruptura del Estado constitucional?
Séptimo. Por Territorios Históricos este proyecto de ley sería fulminado en las Juntas Generales de Álava, en las de Vizcaya -el PNV del señor Bilbao está en contra- y a duras penas obtendría respaldo en Gipuzkoa. Y me refiero a las juntas generales de los territorios históricos. Porque son tan incapaces jurídicamente de aprobar este proyecto de ley como el propio Parlamento vasco.
Octavo. Por sensibilidades políticas esta consulta no se presentaría, ya que sería papel mojado si detrás no estuviera ETA indicando el sentido del voto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, al que Ibarretxe ha situado en un papel arbitral, como en otras ocasiones.
Noveno. La flojera política del PSOE y de Zapatero con el nacionalismo, al que en los últimos años le han puesto alfombra roja presupuestaria y política en Euskadi; la incapacidad de haber neutralizado legalmente al PCTV y la imposible e ilegítima negociación de Loyola han propiciado también el clima de la desmesura rampante de Ibarretxe. Precisamente el fundamento de ésta han sido los errores de aquéllos.
Décimo. Convertir una obsesión o una ensoñación en un proyecto de ley es como transformar un pensamiento filosófico en una sentencia condenatoria.
A estas reflexiones sería necesario añadir cientos de análisis jurídicos y políticos que descalifican esta iniciativa con la que volvemos a la espiral de la desconfianza y la inseguridad. No digamos los cientos de argumentos de sentido común, de oportunidad y de racionalidad que la descalifican. El 'preguntazo' se proyecta como una nueva fórmula contra nuestras necesidades democráticas y civiles. Ahora sólo queda confiar de nuevo en la fortaleza del Estado de Derecho porque es éste el que tiene que garantizar que definitivamente la terquedad no se imponga a la normalidad.
Carmelo Barrio Baroja, secretario general del PP del País Vasco.