El ‘preguntazo’, segunda parte

Por Carmelo Barrio Baroja, secretario general del PP del País Vasco (EL CORREO DIGITAL, 09/07/08):

El pasado 27 de junio, un mes y un día después de su tramitación como proyecto de ley por el Gobierno Ibarretxe, el Parlamento vasco aprobó con los votos del PNV, EA, Aralar, Izquierda Unida y el apoyo en rebajas de verano del Partido Comunista de las Tierras Vascas, o sea ETA, la ley-anti-ley de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política, es decir, el ‘preguntazo’.

En estas mismas páginas, el 31 de mayo, describía la primera parte de un análisis político-práctico sobre esta iniciativa gubernamental que se confundía con la obsesión del lehendakari por la ruptura y el afán de dar la razón a los violentos «al aprovechar con desparpajo solemne y sin complejos la presión antidemocrática y terrorista que ejercen algunos en nuestra tierra y disfrazarla de conflicto». En ese momento la desmesura política no había encontrado aún en el Parlamento su expresión más estridente. Pero ésta se produjo el pasado viernes 27. Y ETA, de la mano de Ibarretxe, volvió a hacer propaganda en la Cámara vasca.

Ya sólo queda una única opción. Y es la actuación del Estado de Derecho y de la legalidad y justicia constitucional en toda su extensión. Ante la publicación de la ley en el Boletín Oficial ya se han anunciado diferentes reacciones. El Partido Popular y sus diputados y senadores y el Gobierno de España ya se han posicionado claramente a la hora de impedir que un referéndum ilegal e ilegítimo, disfrazado de consulta popular, pueda tener lugar en esta parte de España por voluntad del ensimismamiento nacionalista. A la actuación de la inmensa mayoría de los españoles a través de sus representantes políticos hay que sumar un hecho que tiene una relevancia singular. El Consejo de Estado, en un tiempo récord, por unanimidad y con una solvencia jurídica singular, ha elaborado un dictamen que avala la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del ‘preguntazo’ por vulneración de los artículos 92 y 149 de la Constitución, y de un sinfín de otros preceptos legales como el Estatuto de Gernika y demás. Y constata que el objeto de la consulta «transciende el ámbito de interés y de competencias de Euskadi, afecta al interés de Estado y de los demás territorios de España».

A lo aprobado por los nacionalistas en el Parlamento vasco se oponen, pues, objeciones políticas, jurídicas y sociales que serán imposibles de superar por quienes concibieron esta arquitectura rupturista. Hoy, pues, un nuevo decálogo pone en evidencia el desafío que supone el plan del lehendakari y puede servir de orientación para su neutralización en distintos ámbitos:

Primero. La ley 9/2008, de Consulta es definitivamente inconstitucional. Y no es una opinión. Quizá nunca se debiera haber tramitado, pero la jurisprudencia en lo relativo a la admisión a trámite parlamentario de diferentes iniciativas se mueve en un proceloso ámbito de contradicciones.

Segundo. La ley se tramitó a todo correr por la decidida vocación pro gubernamental de la mayoría de la Mesa del Parlamento vasco, incapaz de distinguir poder legislativo y ejecutivo. La presidenta Bilbao, como antes Atutxa, ha puesto de nuevo al Parlamento vasco al servicio de los intereses del Gobierno de Lakua. Y ha limitado, además, la capacidad de actuación de los parlamentarios en el proceso legislativo.

Tercero. Es posible que por primera vez se haya aprobado en un Parlamento una ley que, a ciencia cierta, va a generar problemas importantes a los ciudadanos que dependen de él. El objeto de esta ley no es regular una actuación sectorial, una competencia política o una laguna legal, el objeto es construir, con apariencia legal, un desafío que divide a los vascos y que nos enfrenta con el resto de España.

Cuarto. Se ha aprobado una ley que además de inconstitucional tiene profundos errores de técnica legislativa. Por lo que además es chapucera y atropellada. Utiliza disposiciones adicionales para regular materia de artículos y emplea la figura de artículo único para tratar de engañar en cuanto a su procedimiento por lectura única. Ha vulnerado el propio Reglamento del Parlamento vasco.

Quinto. Se ha construido una ley para escoltar un discurso victimista y un periodo preelectoral marcado por la colisión con las instituciones constitucionales. Ibarretxe entiende como rentable la conflictividad legal y jurisdiccional y considera que le beneficia políticamente. Y eso se aparta de cualquier planteamiento de lealtad en que se deben mover los diferentes órdenes políticos que constituyen un Estado. Por ello no habría que descartar cualquier nivel de exigencia política constitucional para neutralizar el desafuero.

Sexto. El tripartido además ha negociado con ETA el voto necesario para esta ley. Las contrapartidas ya las hemos visto. Ninguna moción de censura en los ayuntamiento de ANV, ni siquiera en Mondragón, progresiva ausencia de presión policial al mundo radical por parte del Departamento de Interior, exculpación de responsabilidad a ETA en los atentados de TAV, constante presión ante la Administración de Justicia en las causas abiertas contra el entorno terrorista, etcétera.

Séptimo. Esta ley se ha aprobado contra los alaveses y sus instituciones y contra cientos de miles de vascos. En las Juntas Generales de Álava y en importantes ayuntamientos de Euskadi se han aprobado mociones y declaraciones institucionales descalificando el proyecto de ley de consulta. Ante ello, el Gobierno vasco ha hecho oídos sordos. Ibarretxe, en un alarde de desprecio institucional, ni siquiera ha recibido al presidente Zárate, que le quería trasladar el rechazo de Álava al ‘preguntazo’.

Octavo. El presidente del Euskadi Buru Batzar ha sido incapaz de explicar el sentido constructivo o necesario de esta propuesta legal. También se perciben tensiones internas en el PNV, lo cual, al fin y al cabo, es lo más estimulante de este proceso, aunque constatando que siempre se impone la línea dura, la que ‘tira al monte’.
Noveno. Es necesario reconocer como cierto algo que ya habíamos denunciado. La impúdica negociación en Loyola de PSE, PNV y ETA ha dado argumentos a Ibarretxe que no se ha cansado de utilizar. La expresión presidencial más utilizada en la justificación del referéndum era: «¿Por qué no quieren negociar con el lehendakari lo que Zapatero negoció con ETA en Loyola?». Triste, ¿verdad?

Décimo. Convertir una alucinación en una ley es como decir que los nazis eran unos demócratas.

Está claro que el momento del Estado de Derecho se impone ahora con urgencia y que el tiempo nos dará la razón. Pero también cuánto tiempo nos hacen perder con sus hojas de ruta, sus obsesiones y sus odios territoriales.