Prácticamente no había concluido la sesión parlamentaria en la que se rechazó la investidura de Mariano Rajoy, que se daba a conocer la propuesta de nombramiento de José Manuel Soria, dimisionario exministro de Industria y con antecedentes manifiestamente mejorables, como candidato a la dirección ejecutiva del Banco Mundial, el segundo escalón formal de mando pero el primero en la práctica de esa institución. Sonó la noticia como lo que es, como una bofetada en el rostro de la honrada ciudadanía y de los que aún creían que la actual nomenklatura del Partido Popular, tras sus pactos con Ciudadanos, encaraba seriamente la lucha contra la corrupción, la regeneración política y la decencia en el quehacer público.
Soria es un político que, ya en su etapa canaria, desde mediados de los años 90, ha sido vinculado con varias tramas de corrupción, pero nunca ha sido imputado. Sin embargo, cuando ha pretendido retorcerse contra los medios que le acusaban, ha perdido las batallas. Mantiene abierto -y está lejos de cerrarse- su enfrentamiento con un sector de la judicatura canaria gracias a maniobras de voluntariosos guardias de corps en la Administración de justicia.
Más recientemente, su tránsito ministerial dista de merecer una valoración no ya óptima, sino mínimamente pasable. En su haber se computa la prolongación de la vida de la central nuclear de Garoña, superando su ciclo legal de vida útil; o la defensa del nuevo régimen de nombramiento del director de RTVE -dado que la televisión pública gira formalmente en el Ministerio de Industria-; o el impuesto al sol, gravando la energía de los autoconsumidores-productores. O como guinda, la indemnización por real decreto-ley de la plataforma Castor: más de 1.300 millones de euros y ahora ante el Tribunal Constitucional. Un récord en los pagos de la Administración: 32 días. Su complacencia para con el mundo de la energía, especialmente la eléctrica, es ejemplar.
Ahora, la proposición como director ejecutivo del Banco Mundial. Se dice que es algo a lo que tenía derecho por su condición de funcionario. En concreto, técnico comercial del Estado. Cierto: tiene derecho... tanto como cualquier lector o lectora de este diario, funcionario o no. Para optar a ese puesto, según el estatuto internacional de la entidad, los propuestos deben presentar un currículo profesional, acreditar una experiencia y gozar de una integridad contrastada. Dejando de lado la poco relevante experiencia de ministro de Industria, dado que para ser nombrado no se tuvo en cuenta su currículo profesional y puede serlo cualquiera al margen de su formación, bastando solo la lealtad inquebrantable, su tiempo de funcionario, aun sumando destinos anteriores a la obtención de la carrera funcionarial, suma a duras penas una docena de años. Desde 1995, Soria ha estado en política y alejado de la economía y del tráfico financiero internacional e interestatal, que es de lo que, en esencia, se ocupa el Banco Mundial.
No es la de director ejecutivo del Banco Mundial -contra lo que se ha querido hacer pasar por algunos defensores del nombramiento- una plaza española: no está en el elenco funcionarial español como sí lo está la de consejero económico de una embajada, por ejemplo, plaza que sí sale a concurso público. En fin, el Gobierno, cualquier Gobierno, propone a una persona para aquel cargo y, de prosperar el nombramiento, esa persona pasa a ser miembro de la entidad que lo acoge; es más, no representa a su país sino a los fines del ente que lo recibe, lo retribuye y lo exime de tributar.
Por eso la plaza de marras no ha salido en ninguna convocatoria de ningún boletín oficial español. Para proveer de altos directivos o representantes a ciertos organismos internacionales, en virtud de un complejo sistema rotatorio los gobiernos hacen de oficina de empleo supervip para colocar, por lo general en dorados cementerios de elefantes, a políticos a los que el sistema entiende que debe recompensar. Ni siquiera vale aquello de que, por tradición, tales o cuales plazas se reservan a tal o cual grupo de funcionarios. Eso es premoderno, y los constitucionalistas, incluso los de boquilla, lo deberían saber: para promover empleos públicos en España, las convocatorias de personal lo han de ser de modo que se pueda acceder en condiciones de igualdad y mérito a los mismos. De ahí que la publicación de la correspondiente convocatoria haya de ser pública; el BOE, para el Gobierno central, es el vehículo.
En resumen, se ha premiado, intentando hacerlo pasar como derecho, a un exministro pillado en fraude fiscal (acaso prescrito, pero sin diligencias que lo acrediten) de unas empresas de las que se decía ajeno pero de las que era administrador y propietario. La mentira entonces le valió la salida del Gobierno. Ahora, un premio más que gordo.
Joan J. Queralt, Catedrático de Derecho Penal de la UB.