El ‘president’ ausente

Los cuatro años de mayoría absoluta del PP y los 10 meses de Gobierno en funciones se han convertido en el escenario idóneo para el Ejecutivo catalán. Durante todo este tiempo, desde Ciudadanos hemos insistido en que no bastaba con que el Gobierno de España respondiera al desafío separatista apostándolo todo únicamente a los tribunales. Es evidente que los políticos, como todos los ciudadanos, han de acatar y respetar las normas y no deben tener privilegios; pero los que gobiernan, además de hacer cumplir las leyes, deben ser capaces de hablar, rebatir argumentos, reconocer errores y ser persistentes en la búsqueda de soluciones a cualquier problema. Es decir: deben hacer política.

Cuando hablamos de Cataluña no estamos divagando sobre una realidad abstracta: nos referimos a las necesidades reales y concretas de siete millones y medio de personas. Esto implica poner en el centro de la agenda las reformas inaplazables, hasta ahora imposibles de implementar por el bloqueo total de los últimos tiempos. Durante los últimos años, tanto desde el Parlament como desde el Congreso, Ciudadanos ha reclamado diálogo, responsabilidad y acuerdo. Algo que hasta ahora no se ha visto entre Generalitat y Gobierno de España.

Pero en estos días ha habido novedades: en cumplimiento de una de las exigencias de Ciudadanos, Mariano Rajoy ha convocado la conferencia de presidentes autonómicos para establecer un diagnóstico compartido sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. ¿Y qué ha hecho el president de la Generalitat? Decir que no piensa asistir. Con su negativa, Puigdemont se instala en el absentismo institucional y la irresponsabilidad, renunciando a su principal obligación: defender los intereses de todos los catalanes.

Puigdemont y sus socios en el Gobierno se retratan: llevan años diciendo que no había diálogo y, ahora que lo puede haber, le dan la espalda. Aunque tampoco debería extrañarnos: esta es una muestra más de que desde el Gobierno catalán no buscan soluciones porque han encontrado en la confrontación su manera de hacer política. Con esta actitud, Puigdemont ni siquiera está defendiendo a los independentistas, porque renunciar a dialogar con el Ejecutivo central para solicitar mejoras para Cataluña supone dejar en la cuneta a todos los catalanes, tengan la ideología que tengan. Supone renunciar a crear más y mejores empleos y a tener una mejor educación, mejores infraestructuras o un mejor sistema de sanidad. Pero llegará el día en el que Puigdemont no podrá esconder que su proyecto es irresponsable e irrealizable y tendrá que mirar a los ojos de todos los catalanes y reconocer que les mintió.

Con el Govern ausente de los foros de diálogo y la antigua Convergencia relegada a una posición irrelevante en el Congreso de los Diputados, ¿quién luchará en Madrid para que el Corredor Mediterráneo sea una prioridad? ¿Quién trabajará para que se mantengan y se amplíen los servicios públicos en Cataluña? ¿Quién propondrá medidas para ayudar a las familias a llegar a fin de mes? ¿Quién va a garantizar que podamos seguir siendo catalanes, españoles y europeos?

Ciudadanos es hoy quien mejor defiende los intereses de los catalanes, conscientes de que todas las reformas que son buenas para Cataluña, lo serán también para el conjunto de España. Mediante las exigencias planteadas al nuevo Gobierno central, hemos instado al PP a que en los primeros 30 días de legislatura se cree un grupo de trabajo para reformar la ley de financiación autonómica. Ciudadanos trabajará para que los partidos se pongan de acuerdo en un nuevo sistema de financiación que no alimente la lucha entre territorios sino que garantice los derechos de todas las personas, con independencia de donde vivan.

Y para ello defendemos, entre otros, los siguientes cuatro principios. En primer lugar, garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Segundo, asegurar la equidad y la suficiencia financiera de las Administraciones autonómicas, sin arbitrariedad en el reparto de los recursos entre las mismas. Tercero, reforzar el principio de corresponsabilidad fiscal delimitando claramente el ámbito de financiación de los servicios públicos garantizados por el sistema. Finalmente, el modelo de reparto debe de ser transparente, claro y predecible —sin el galimatías de fondos existente— para que las comunidades puedan tomar sus decisiones adecuadamente y los ciudadanos sepan a dónde va su dinero.

Todas estas son cuestiones esenciales para el bienestar y el futuro de todos. En Cataluña llevamos años pidiendo que se aborden. Y por fin, por el empeño de Ciudadanos, esto sucederá en las próximas semanas. Pero los actuales responsables del Gobierno de Cataluña prefieren despreciar esta oportunidad.

Así, en esta nueva etapa, mientras unos persistirán en el enfrentamiento y la separación, otros trabajaremos por el diálogo, las reformas, la regeneración y la unión para tener un mejor futuro, real y tangible, para todos.

Inés Arrimadas es presidenta de Ciudadanos y líder de la oposición en el Parlamento catalán.

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