Por fin han salido a la luz más detalles del plan de inversión de la Comisión Europea para el período 2015-2017, que asciende a 315.000 millones de euros (390.000 millones de dólares). El programa, anunciado por el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker el pasado mes de noviembre, equivale a un enorme presupuesto en la sombra, el doble del presupuesto anual oficial de la Unión Europea, con el que se financiarán proyectos de inversión pública y que, en última instancia, ayudará a los gobiernos a eludir los límites de deuda establecidos en el Plan de Estabilidad y Crecimiento.
Los préstamos se tramitarán por mediación del nuevo Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, que depende del Banco Europeo de Inversiones. El FEIE contará con 5.000 millones de euros de capital inicial, producido mediante la revalorización de los activos el BEI existentes, y estará respaldado por 16.000 millones en garantías de la Comisión Europea. Se espera que el Fondo los aproveche para obtener unos 63.000 millones en préstamos y posteriormente los inversores privados aporten unos cinco euros por cada euro prestado, con lo que la inversión total ascenderá a los 315.000 millones previstos.
Aunque los países de la UE no harán aportación alguna real de fondos, brindarán garantías explícitas e implícitas para los inversores privados, disposición que se parece sospechosamente a la responsabilidad conjunta representada por los eurobonos. En vista del rechazo categórico de los eurobonos por la Canciller de Alemania, Angela Merkel, la UE movilizó a una multitud de especialistas financieros para buscar una forma creativa de eludirla. El resultado fue el FEIE.
Aunque el fondo no empezará a funcionar hasta mediados de 2015, los países miembros de la UE ya han propuesto proyectos para que los examine la Comisión Europea. A primeros de diciembre, los 28 gobiernos de la UE habían presentado solicitudes... y aún siguen llegando otras más.
De una evaluación de los documentos de solicitud llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Económicas (IFO), del que soy Presidente, resultó que los casi 2.000 proyectos potenciales costarían un total de 1,3 billones de euros, de los que 500.000 millones se habrían gastado al final de 2017. Un 53 por ciento, aproximadamente, de esos costos corresponde a proyectos públicos; el 15 por ciento, a asociaciones público-privadas; el 21 por ciento, a proyectos privados; y un poco más del 10 por ciento, a proyectos que no se pudieron clasificar.
Los proyectos públicos contarán –es de suponer– con financiación del FEIE y los gobiernos se harán cargo de los pagos de intereses y de la amortización. Las asociaciones público-privadas entrañarán una financiación mixta y a las entidades privadas corresponderá una parte del riesgo y de los beneficios. Los proyectos privados incluirán la aportación de infraestructuras, cuyo costo se sufragará mediante peajes o tarifas para los usuarios recaudadas por una concesionaria privada.
A diferencia de otros críticos, yo no espero que el programa no impulse la demanda en la economía europea. Al fin y al cabo, los 315.000 millones de euros que, según se espera, se distribuirán a lo largo de tres años representan el 2,3 por ciento del PIB anual de la UE. Semejante nivel de inversión ha de surtir efecto.
Pero el programa sigue siendo jurídicamente dudoso, pues crea un enorme presupuesto en la sombra financiado mediante un endeudamiento que será paralelo a los presupuestos nacionales y de la UE, con lo que representará una carga importante de participación en los riesgos para los contribuyentes. Como todos los países, independientemente de su solvencia, pueden endeudarse con el mismo tipo de interés, se emprenderán proyectos en algunos de ellos que recientemente han quemado tales cantidades de capital, que ya no pueden recurrir a los mercados financieros para financiarse. Exactamente como las muchas otras medidas “protectoras” adoptadas durante la crisis, esa distorsión de los procesos del mercado contribuirá a consolidar la deficiente asignación de capital europeo para la inversión, lo que obstacularizará el crecimiento económico en los próximos años.
Para colmo de males, sólo se tendrá en cuenta en los presupuestos nacionales una fracción del nuevo endeudamiento permitido por la mutualización de la responsabilidad, lo que desvirtuará los acuerdos de gestión de la deuda a escala de la UE, incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limita el déficit total al tres por ciento del PIB, y el “pacto fiscal,” conforme al cual los países cuya relación entre la deuda y el PIB supere el límite del 60 por ciento deben reducirla una vigésima parte al año hasta que lo cumplan.
En los últimos años, se ha reconvenido a los bancos por utilizar presupuestos en la sombra, en forma de medios y conductos especiales, para exponerse a un riesgo excesivo. Resulta preocupante, por no decir algo peor, que la UE esté recurriendo ahora a trucos semejantes.
Hans-Werner Sinn, Professor of Economics and Public Finance at the University of Munich, is President of the Ifo Institute for Economic Research and serves on the German economy ministry’s Advisory Council. He is the author, most recently, of The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs,Oxford University Press, 2014. Traducido del inglés por Carlos Manzano.