La lista de los diez controles específicos y adicionales para la aplicación en Catalunya del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que anunció el Consejo de Ministros español el viernes pasado significa, lisa y llanamente, la intervención pura y dura de la autonomía catalana. De manera subrepticia, torticera y transgrediendo el pacto establecido en la Constitución española, se interviene la autonomía catalana sin tener que recurrir al artículo 155 de la misma. Y si la reciente ley de Seguridad Nacional –que capacita al Gobierno central para movilizar a los Mossos d’Esquadra para “garantizar la defensa España”– y la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional –que lo capacita para suspender a los cargos públicos que incumplan sus sentencias– ya suponían una afronta directa a la autonomía catalana, esta última decisión da el golpe definitivo.
Hay que advertir a los que se apresurarán a decir que los primeros en romper el pacto han sido los soberanistas catalanes que quien quiera jugar a buscar quién empezó primero, se perderá en el origen del proceso autonómico. Primero, en su mala resolución –por indeterminación– constitucional. Después, en los desafíos militares y políticos posteriores, del 23-F a la Loapa. También en los aplazamientos en los traspasos de competencias o en sus recuperaciones por la vía de las leyes de bases. Sin olvidar, claro está, los incumplimientos de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y, sobre todo, por la chapuza de los recortes a la reforma del Estatut del 2006 y la sentencia del TC del 2010, después del referéndum. Una historia de despropósitos, malas voluntades y menosprecios de todos contra todos –aunque no cada uno con las mismas responsabilidades– de la que no se escapa ningún partido por mucho que alguno ahora se haga el distraído.
Sea como sea, y recurriendo a la astucia que el Estado español siempre ha demostrado tener a la hora de incumplir los pactos que podían limitar su acción arbitraria y, por lo tanto, autoritaria, ahora ha sabido utilizar la puerta de atrás para hacer aquello que por la puerta de delante –la suspensión de la autonomía– le podía suponer costes electorales internos e incluso un cierto escándalo internacional. Hay que reconocer la pericia de los cuerpos técnicos del Estado a la hora de imaginar tales medidas drásticas para que el Gobierno español pueda actuar al margen de cualquier procedimiento legal que pudiera ser impugnado. De manera que el Consejo de Ministros puede presentar ante la opinión pública un conjunto de medidas en positivo, como si quisiera garantizar el cumplimiento de la ley, cuando en realidad lo que hace es desmantelar el núcleo central del autogobierno, humillando al Govern de la Generalitat, tratándolo no sólo de incompetente sino de delincuente a quien hay que aplicar cárcel preventiva.
La lectura de las diez medidas anunciadas por el Consejo de Ministros el viernes pasado pone los pelos de punta. Dejemos ahora de lado que se trata de distribuir unos recursos que se han obtenido con creces por la aportación fiscal de los propios catalanes, por el préstamo de los cuales, encima, se pagan unos intereses –de casi 2.000 millones de euros del 2012 al 2015– que, en cambio, el Estado no tiene que pagar por los créditos que sólo él puede conseguir a coste cero. Y pasemos por alto que algunas de las medidas ya se estaban aplicando. Pues bien, entre otros, se establece que los recursos no pasarán en ningún caso por la misma Generalitat. Que se pagará factura a factura, sin anticipaciones. Que sólo servirán para aquello que determine el Ministerio de Hacienda. Que el Estado controlará –en tiempo real– todas y cada una de las facturas que pague la Generalitat, ni que no lo sean por el FLA. Que se actuará para evitar la ocultación de información de la Generalitat, y que si pasara, se castigaría suspendiendo pagos del FLA. Que se establecerá un sistema electrónico a fin de que cualquier funcionario pueda delatar al Govern si cree que incumple alguna de estas medidas. Y que se ha abierto una investigación por un incumplimiento –supuesto, aunque el documento lo da por hecho– de información sobre 1.300 millones, de los que el conseller Mas-Colell ya dio explicaciones.
La consecuencia de todo es clara. Antes de que los soberanistas hayan materializado ninguno de los pasos que les debían llevar a poder encarar con garantías –es decir, de manera dialogada y a ser posible acordada– una secesión legitimada democráticamente por un referéndum final y un proceso constituyente, el Estado español se ha adelantado liquidando él mismo el pacto autonómico. Como no soy experto en ello, no sé evaluar la trascendencia jurídica de estas decisiones ni la respuesta, también jurídica, que pueda darse. Ahora bien, políticamente, me parece claro que no estamos ante una simple medida cautelar, sino que se ha materializado una ruptura política real de la que no estoy seguro de que nos hayamos dado perfecta cuenta ni de toda su trascendencia histórica. El recurso por el Gobierno español a la existencia de un “estado de riesgo para el interés general” que le permite tomar medidas tan radicales como estas, se escapa de cualquiera de los supuestos establecidos por la ley y supone la creación de un marco de inseguridad jurídica y política que el soberanismo, precisamente, quería evitar fuera como fuera. En la medida en que se ha cogido al independentismo parlamentario en un momento de desconcierto y con un gobierno en funciones, la reacción del propio Parlament y del Govern no han estado a la altura del desafío. El pacto constitucional estaba en cuestión, sí, pero todavía nadie se había atrevido a dar el primer paso para romperlo de manera efectiva. España ya lo ha hecho.
Salvador Cardús i Ros