El primer receptor

Por Andrea Noferini, Universidad de Florencia  (LA VANGUARDIA, 01/07/07):

A partir del 1 de enero de 1986, España se convierte en miembro de pleno derecho de la Europa de los Doce entrando así a formar parte de este club de las democracias europeas. Desde entonces Bruselas ha sido muy generosa con el país concediendo alrededor de 6.000 millones de euros cada año; cifra que equivale a 130 euros anuales por cada español. Buena parte de ese dinero ha sido invertido en el desarrollo regional y local de los territorios españoles. Esta política tiene nombre propio en el léxico comunitario – política de cohesión- y sus principales instrumentos financieros son los fondos estructurales, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE), más el Fondo de Cohesión. Para el periodo 1989-2006, el montante de ayudas comunitarias destinadas a España ha alcanzado los 98.000 millones de euros (a precios del 1999), de los cuales el 51% se ha dedicado a infraestructuras, el 32% a inversiones en capital humano y el 17% restante a ayudas a empresas. España ha sido el país de la Unión Europea que más dinero ha recibido de los fondos en términos absolutos, mientras que Portugal, Irlanda y Grecia han recibido más en términos per cápita. Incluso hoy, tras la tan temida ampliación, España casi sigue siendo el mayor receptor, precedida sólo por Polonia.

Los fondos estructurales europeos son una invención de finales de los años setenta. Su objetivo es reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones europeas. Desde entonces, existen dos grandes debates sobre esta cuestión. El primero es más ideológico e indaga en la naturaleza última de los fondos: ¿instrumento de desarrollo o simple compensación financiera? El segundo investiga, por el contrario, los distintos impactos que los fondos pueden haber tenido en los países donde han sido aplicados. Con respecto a la naturaleza de los fondos siguen existiendo dos posiciones muy distanciadas. Hay quienes piensan que los fondos se inspiran en un ideal de democracia social sensible a las desigualdades de las condiciones de vida en las regiones europeas. Un capitalismo de impronta neokeynesiana donde desarrollo económico y paz social vayan cogidos de la mano, dirían los economistas. Para otros se trata, por el contrario, de una simple compensación con vistas a cubrir los costes económicos de la integración europea. Puede pensarse que la liberalización económica no ha sido del todo indolora, especialmente para las regiones más pobres y – quizás- las menos aptas para afrontar los retos del mercado único europeo. En el caso de España, por ejemplo, los fondos podrían haber compensado las fuertes restricciones impuestas sobre dos sectores clave como son la agricultura y la pesca. De hecho, la cuota láctea, el conflicto pesquero y los contingentes de exportación contribuyeron a que los representantes españoles estuviesen negociando tanto tiempo la adhesión.

En relación con los distintos impactos de la política de cohesión de la Unión, cabe advertir que las respuestas son tantas como las perspectivas que se privilegian. Desde una óptica económica, los fondos han constituido un éxito rotundo para la convergencia de España hacia los estándares europeos. En 1986 los españoles presentaban una renta media per cápita del 70% de la media europea cuando hoy han alcanzado el 97% de la media de la UE-27 (90% en la UE-15). Los fondos serían responsables entre 5 y 6 puntos de los 20 de renta relativa media que España ha ganado desde su adhesión europea. Si bien no es tan espectacular, el camino de la convergencia regional debe también considerarse positivo. Aunque persistan relevantes desequilibrios territoriales, las regiones españolas parecen estar reduciendo sus distancias relativas. Madrid y Extremadura – la más rica y la más pobre- han reducido 15 puntos su diferencial de renta, desde los 49 puntos que les separaban en 1985 a los 34 puntos de diferencia en el 2005.

La política de cohesión no sólo ha significado dinero que ha ingresado en las arcas del Estado y de las administraciones regionales. De esta forma, un aspecto que vale la pena mencionar es su impacto sobre los órganos de gobierno, los aparatos institucionales y sus formas de actuación. Quizás éste sea el verdadero valor añadido de los fondos estructurales europeos. Sin embargo, la compleja regulación europea para poder acceder a los fondos ha desencadenado dos fenómenos. En primer lugar, ha hecho familiar un modelo de planificación a largo plazo que todas las comunidades autónomas han aceptado y que se refleja hoy en los planes de desarrollo regional, donde los gobiernos autonómicos presentan sus líneas estratégicas. La segunda aportación es de naturaleza más política y se refiere al impacto sobre las siempre delicadas relaciones entre centro y periferia en el interior del Estado español. La presencia de los fondos ha contribuido a acercar al Gobierno central y a las comunidades autónomas en la arena común de la política regional, precisamente en el momento en que el Estado de las autonomías daba sus primeros pasos. Aunque siguen siendo numerosas las demandas de mayor autonomía por parte de las comunidades, el papel de estas últimas ha crecido notablemente en materia de desarrollo regional.

Finalmente, el 8 de junio del 2007 la Comisión Europea ha aprobado el tan debatido Marco Nacional de Referencia Estratégica, donde se regula la ayuda estructural europea para España en el periodo financiero 2007-2013. Las expectativas se han cumplido y España pierde aproximadamente 25.000 millones de euros recibiendo cerca del 40% menos respecto al periodo anterior.

Como es notorio, las últimas ampliaciones han mejorado la posición de España, que ocupa un lugar relativamente más rico en una Europa más pobre y más desigual. Aunque el temor de perder el estatus de beneficiario neto ha desencadenado variopintas reacciones políticas, la noticia no es del todo mala. Recordemos que dejar de ser un territorio subvencionado – siempre que sea por méritos propios y no por anomalías estadísticas- debería reflejar un nivel de prosperidad más elevado y un mayor bienestar para los ciudadanos.